Siete Párrafos: El Gobierno de Javier Duarte, Arturo Montiel y tres exgobernadores de Tamaulipas, ¿escándalos mediáticos pre electorales de la semana?

Lo que se puede considerar como un paquete tres en uno, aunque en realidad podría ser cinco en uno, son  tres noticias colocadas en la agenda pública nacional este inicio de semana y que incluye a la detención de dos colaboradores  del gobierno duartista, en el aeropuerto de Toluca, con 25 millones de pesos a cuestas, sin poder aclarar a quien iban a ser entregados; así también la alerta migratoria para tres ex gobernadores tamaulipecos y diversas personalidades del medio político estatal de Tamaulipas por parte de la Procuraduría General de República; y, por último, la guerra mediática que ya inició Maude Versini contra otro ex gobernador priísta, Arturo Montiel, en donde se avizora un nuevo conflicto diplomático legal con Francia, en un entorno cercano al núcleo de poder de Enrique Peña Nieto.

Sobre el primera caso, el periódico “Reforma”, la Procuraduría General de la República, al revisar un avión del gobierno de Veracruz que llegó el viernes al aeropuerto de Toluca, descubrió una maleta con 25 millones de pesos que uno portadores,  Miguel Morales Robles, colaborador del gobierno de Javier Duarte nunca pudo  aclarar a quien iban a ser entregados. El hecho se convirtió casi en un zipizape cuando Saíd Sandoval Zepeda, quien se identificó como miembro del equipo de seguridad del Gobernador Javier Duarte. Exigió que le entregaran a Morales Robles por instrucciones de la oficina del Mandatario de Veracruz.

Hasta el momento, según la propia información destacada a ocho columnas en el periódico mencionado, al lado  de pequeñas notas que también aluden al gobernador Duarte y declaraciones suyas sobre el orden que tiene su gobierno y su no omisión antinarco, el Gobierno del Estado de Veracruz ya oficialmente envió oficios donde aclara que ese dinero era para pagar a la compañía  Industria 3, que promocionará la Feria de la Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, dijo que no  se presentaron evidencias documentales  de contrato alguno para tal efecto, ni acta de licitación pública de la selección de la empresa, por lo que la investigación proseguirá hasta conocer de manera fehaciente a quien iba a ser entregado 25 millones de pesos en efectivos. Si bien los funcionarios ya fueron liberados, el efectivo decomisado no ha sido regresado aún, según informó Tomás Ruiz, Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz, quien aseguró, en boletín de prensa, que el destino de ese dinero efectivamente era para pagar eventos culturales, según la normatividad de prestación de servicios a que tiene derecho una entidad pública.

El segundo caso es otra publicación periodística, ahora en la revista PROCESO, en la que la ex conyuge del exgobernador, también prísta, Arturo Montiel, una francesa llamada Maude Versini declara que está en proceso una demanda contra el que fuera su esposo y mandatario estatal del Estado de México, por secuestro de sus hijos, y que se espera el apoyo del gobierno del presidente Sarkozy para que la operación legal camine correctamente, dado “el gran poder que tiene el político mexicano en las instituciones jurídicas mexicanas”. Incluso, dijo que en principio su abogado defensor es Fernando Gómez Mont, de quien dijo es un abogado  “inteligente, profesional, íntegro. Me impresionó que renunciara a su cargo por cuestiones de ética”. Aunque, ante insistencia del reportero reconoció que también influyó en su contratación el hecho de su filiación panista.

El tercer caso, también emitida desde otro medio periodístico, la revista “Reportaje Índigo” quien da a conocer que los exgobernadores priístas de Tamaulipas:  Eugenio Hernández, Tomas Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, junto con 46 familiares, empresarios, periodistas y colaboradores están sujetos a alerta migratoria por parte de autoridades del gobierno federal, para tenerlos ubicados hacia cualquier lugar adonde viajen, debido a indagatorias que se hacen en torno suyo. Lo que puede ser considerada una filtración de alto nivel, que oscure la dependencia en específico que solicita formalmente la alerta migratoria, ha provocado nuevamente una ola de rumores en diversos medios especulando que sus casos pueden estar relacionados con el auge de las bandas de narcotraficantes en ese estado norteño. Sin embargo, según la revista IMPACTO, la propia Procuraduría General de la República, negó que sea ella quien pidió la alerta migratoria  aunque si reconoció que se investiga a alguno de ellos.

Es importante que en los tres casos hay similitudes informativas: 1.- Se trata de funcionarios o exfuncionarios priístas 2.-  Se les inmiscuye en la probable comisión de delitos por manejo no claro de procedimientos en donde puede estar presente abuso del poder o tráfico de influencias y 3.- Las tres informaciones han sido colocadas, de inicio, en tres medios muy selectivos por su reconocida objetividad y ejercicio de investigación periodística con libertad de criterio.

No obstante, cabe señalar que los tres casos, coincidentalmente,  tienen impacto en un mismo objetivo psicológico: minar la confianza y credibilidad en el Partido Revolucionario Institucional  y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto.  ¿Son sólo escándalos mediáticos premeditados para calentar el ambiente político pre electoral o  realmente existe comisión de delitos? En unos días se sabrá.