Justo cuando la desesperanza retomaba fuerza en una situación de repercusiones estatales, la voz del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se alzó como líder de uno de los estados más importantes del país para manifestarse en el sentido de no estar de acuerdo con que la mina “Caballo Blanco” opere en el estado de Veracruz. Y lo hizo con base a un estudio encargado a la Secretaría del Medio Ambiente, en donde participaron también las secretarías Desarrollo Social, Protección Civil, Salud y Desarrollo Económico, así como la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local de Veracruz, quienes le dieron informes técnicos de los severos daños que la empresa minera puede causar en vasta zona cercana a la planta nuclear “Laguna Verde”.
La noticia cayó como bomba en los núcleos de negociación entre el gobierno federal, vía SEMARNAT y la Dirección del Servicio Geológico Mexicano, y la empresa canadiense Golden Group Inc, principal socia de la minera “Cardel”, que marchaban por buen rumbo (la empresa ya está en operaciones realizando explosiones y socavones en los cerros de la región Alto Lucero) hasta este postura oficial del gobierno local en contra. Sin embargo, la decisión está en manos del gobierno federal, el que, hasta el momento, ha dado todo tipo de facilidades al consorcio minero para que echar adelante la mina a cielo abierto “Caballo Blanco”.
La respuesta podría obedecer, más que al interés ecológico o la salud de esa zona pobre del estado de Veracruz, a las poderosas razones de ese poderoso caballero que es Don Dinero, porque indiscutiblemente, la financiación para que las autorizaciones se den, los apoyos de expertos abunden y el consentimiento de líderes regionales se manifiesten, obedece a ese singular estilo de las transncionales de operar, cabildeando, entre aquellos que ante el ofrecimiento de apoyos, gratificaciones o pagos diversos, son capaces de cambiar o construir escenarios viables para empresas que no cumplan con todos los requisitos completos de operación en un proyecto como el aludido.
No estamos en contra de la inversión extranjera siempre y cuando esta sea sin afectar derechos humanos fundamentales y la preservación de nuestros nichos ecológicos y el respeto a cumplir cabalmente con las normas de seguridad, higiene y laborales que marcan los organismos mundiales en cuanto a la operación de las minas. Nada de eso apareció en los movimientos de arranque de la mina en nuestro estado. Por el contrario, la prisa de agilizar la operación de sus obras, los retrasos para realizar una consulta pública, las declaraciones de altos funcionarios avalando prematuramente lo que sería el complejo minero y la participación de expertos académicos que, de la noche a la mañana, ostentándose como representantes de instituciones académicas daban también su voto de confianza, daban un tufo de que algo no estaba bien en lo que la Golden Group Inc pretendía hacer funcionar en Veracruz. Olía mal, vamos, apestaba a ilegalidad o trampa.
Todavía la mañana de este lunes, en un conocido noticiero radiofónico, el Doctor Rafael Vela Martínez, quien en el manejo de información sobre la consulta sobre la mina en “Alto Lucero” fue como casi representante de Conacyt, descalificaba a los opositores al funcionamiento de la mina como vivales sin ningún conocimiento técnico o científico como para opinar sobre la viabilidad del proyecto minero. Insistía, incluso, que fueran los investigadores de la Universidad Veracruzana quienes dieran su dictamen experto. Además de que se quejaba que no se había consultado a los habitantes de la región para que dieran su opinión sobre la apertura de “Caballo Blanco”
Flaco favor les hizo a los mineros de la Golden Group el aludido Doctor , egresado de una universidad con nombre extranjero pero mexicana que en su portal señala que no ofrece estudios con reconocimiento oficial, quien por cierto no es representante de CONACYT, sino investigador con nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, que no es poca cosa pero que habla mal de si mismo y de ese sistema, al no aportar argumentos sólidos, académicos y científicos a favor de la empresa minera, sino descalificaciones que podemos utilizar cualquier mortal para denostar a los adversarios, motejando de vivales a todos aquellos que se han opuesto a la mina “Caballo Blanco”, en donde me ubico yo y, por cierto, ahora también nuestro señor gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
Pero, decía yo, en esto que ya volvió un volcán de opiniones en Veracruz, si por vía del dinero intentó Golden Group Inc comprar conciencias, permisos y vistos buenos, entonces la empresa tiene derecho a reclamar si la decisión del gobierno federal se manifiesta en contra de su ya regular operación minera en la región de Alto Lucero. Es más, podría hasta demandar a los que le aseguraron que con su intervención todo saldría favorablemente. Ya esa seguridad hizo iniciar trabajos a la empresa “Cardel” desde enero, explotando cerros ante la presencia distinguida de funcionarios federales, estatales y municipales de la región. Es el momento de comprobar si su cabildeo que bien debió haber costado mucho, aunque no me consta -lo reconozco- en cifras o evidencias directas, puede ser echado a la borda para apechugar que ahora le digan que siempre no. Si esto último se da, mínimo la demanda debería incluir una lista de favorecidos que a cambio del oro, le prometieron el morro. Por lo que habrá que esperar que pesa más, si Don Dinero, o la voluntad de un pueblo en contra, encabezado por su gobernador.
EfACICO 