Efectivamente, se están viviendo no solo momentos de tensión social en relación a la reforma laboral que se discute en San Lázaro, en una serie de confrontaciones que tienen como origen, principalmente, la falta de información a la ciudadanía que ha caracterizado, y viciado, al proceso de revisión de la iniciativa de Ley que fue enviada por Felipe Calderón al congreso.
¿Cómo es posible que los propios representantes populares no hayan puesto a disposición de los ciudadanos de sus distritos el documento de la propuesta de la ley que ahora se discute? Muchos de ellos presumen de portales por internet y hasta de presencia en redes sociales, pero estos sitios solo fueron utilizados para establecer una machanona presencia durante el periodo de elecciones, sin servir de canal de comunicación permanente con la ciudadanía, cual debe de ser la función de un medio de comunicación entre legisladores y sus representados.
Al no conocerse la propuesta por escrito, mucho se habla solo de oidas y atendiendo interpretaciones o exageraciones según sea el molino para donde jalen. Asi por ejemplo, hasta hace unos días, poco se había dicho cual sería el valor asignado a una hora de trabajo contratado en el sistema flexible propuesto por la ley. La falta de información, la carencia de medios de comunicación bien utilizados -y aún de periodistas bien preparados para el caso- han generado la idea de al mencionarse que el tope del pago por hora será equivalente al de una jornada laboral establecida según el salario mínimo correspondiente, lo más facil fue que se entendiera que de los 60 pesos de esa jornada, o sea día laborable y pagado por el salario mínimo vigente, se repartiera esa cantidad entre las ocho horas de trabajo de ese día, lo cual equivale al pago de 7 pesos con cuarenta centavos por hora, que es mas o menos lo que se maneja hasta ahora en algunos medios y sectores políticos.
Manlio Fabio Beltrones no lo explicó lo suficiente el día de ayer cuando dijo que eran embusteros quienes afirmaban que el pago de la hora sería de 7.50, y mencionó nuevamente -aunque algunos reporteros no lo consignaron en sus notas- que el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada. Sin embargo no hizo la conversión claramente -queda aqui la duda y oscuridad de por que no lo dijo- para aclarar que lo que se está diciendo es que la hora será pagada a 60 pesos, aunque claro está esa unidad de tiempo será solo establecida en la medida que los trabajadores y el patrón lleguen a un acuerdo.
En el boletín de la Secretaría del Trabajo también se hacen precisiones sobre la antigüedad, las prestaciones, las contrataciones por periodo de prueba, aunque reitera que se elimina el asunto de la transparencia sindical precisamente como una prueba de que no se pretende violentar su libertad sindical.
Pero el quid del asunto es la desinformación evidente que mantienen los principales involucrados, legisladores, gobierno y partidos políticos, con la ciudadanía, lo cual da motivos a este clima de incertidumbre, enojo y crispación tan evidente.
Esa misma desinformación la aprovecharon los inefables líderes sindicales para agitar el ánimo de la gente con tal de que por presión se echara atrás la transparencia sindical, asunto que, por cierto, también depende de los propios agremiados que permiten la descarada y poco ética gestión de sus líderes, verdaderos padrinos de una mafia eternizada por el señuelo del idealizado corporativismo mexicano.
La opacidad y sentido del negocio en la educación superior y los nuevos financiamientos
No obstante la reunión que tuvo el presidente electo Enrique Peña Nieto con académicos, investigadores y algunos rectores universitarios, para hablar sobre el apoyo en financiamientos para el sector de ciencia, tecnología y educación, en el que prometió canalizar el 1 por ciento del PIB nacional, queda en el tintero el como resolver el asunto del manejo de los dineros en los ámbitos universitarios, en donde se han construido verdaderos feudos inamovibles que mantiene el poder político durante años, convirtiendo en un negocio cuasiparticular de grupo el manejo del destino de las universidades públicas.
Por citar un ejemplo, está el caso de la segunda universidad pública más importante del país, la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde Raul Padilla López mantiene un control de poder que le ha permitido decidir sobre la elección de cuatro rectores en serie desde la década de los ochentas. Control que una vez más ejercerá para decir a que candidato fortalecer este mes de diciembre de entre funcionarios que él mismo ha promovido como titulares de importante dependencias y que son o amigos o parientes y cuyos nombres son:Tonatiuh Bravo Padilla, rector del CUCEA; Alfredo Peña Ramos, secretario General de la UdeG; doctor Raúl Vargas López, diputado local y coordinador de la fracción legislativa del PRD en el Congreso del Estado; maestra Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior y el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Padilla López, reconocido líder político desde sus tiempos de guerra estudiantil cuando creara, al estilo de los años setentas, la Federación Estudiantil de Guadalajara, en una época que la lucha estudiantil se hacía a punta de golpes y de pistolas, ha sido desde la época que fue rector, el poder tras el trono. Cuatro rectorías han sido cobijadas desde el grupo de poder universitario que el preside, conocido como el G10, y es tan férreo su control que el único rector que intentó sacudir sacudir su influencia, en 2008, Carlos Briseño quien tomó la decisión de quitarle el puesto honorario que tiene Raul Padilla, como presidente vitalicio de la Feria Internacional del Libro Universitario, y comenzar a nombrar a nuevos funcionarios desligados del poder padillista, con el posible apoyo del gobernador Emilio González, teniendo como respuesta una contundente reacción de todos los funcionarios de la universidad, autoridades administrativas y académicas, que terminaron por convocar a un Consejo Universitario para quitarle el cargo a Briseño, quien se suicidó meses después. De ese tamaño es el control que ejerce Padilla en su universidad.
El poder concentrado del grupo del poder universitario provocó la ira del gobernador panista Emilio González que, sin embargo, no pudo hacer nada para cambiar la situación universitaria en sus seis años de gobierno, quedando incluso marcado por el señalamiento público de haber visitado intempestivamente el domicilio de Raul Padilla, la noche del 30 de septiembre de 2010, completamente borracho, para reclamarle las marchas estudiantiles que estaban organizándose en su contra desde todas las facultades de la Universidad Autónoma de Guadalajara
Por eso, al reunirse con los rectores y académicos notables, el día de ayer, Enrique Peña Nieto fue cauto ante las peticiones del propio rector de la UNAM, José Narro Robles, en cuanto al incremento destinado a la investigación en las universidades. Todo parece indicar que el nuevo presidente si considera destinar ese 1 por ciento hacia esa área del conocimiento, pero indiscutiblemente será previó análisis en torno a la niveles de eficiencia y eficacia como operan las universidades públicas del pais.
Estudios recientes que se realizan en el ámbito del financiamiento educativo plus en nuestro país, ponen dudas precisamente en cuanto a la eficiencia y eficacia de programas como el PIFI que establece canalización de recursos hacia aquellas universidades que cumplan estandares de calidad basados en la planeación estratégica por proyectos, la evaluación y acreditación de sus programas educativos y la elevación del nivel académico de sus profesorados. Un reciente documento al respecto afirma que si bien en función de la estadística, las cifras son halagüeñas en cuanto al impacto del PIFI, que maneja muchos miles de millones de pesos entre todas las universidades públicas del país, sobre las universidades de estado, quedan serias dudas en cuanto a la credibilidad de la consistencia de dichos datos estadísticos ya que el afán y la necesidad por cumplir y demostrar que se alcanzan los indicadores de la evaluación y/o la acreditación ha conducido a prácticas de simulación que evidencian que los “novedosos planes y programas de estudio en ocasiones sólo lo son en el papel, que los programas de tutoría se cumplen a medias transformándose muchas veces en un mero trámite que tanto estudiantes como profesores deben cumplir, que la alta habilitación de los profesores en ocasiones no se refleja en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en el día a día dentro de las aulas. En suma, es posible afirmar que la dinámica de la evaluación como política pública se ha ido alejando de su objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior, para servir como medio para acceder a recursos económicos adicionales y para alcanzar mayor legitimidad. Así, la “república de los indicadores” y la “república de la chequera” inhiben cualquier juicio crítico hacia los procesos de evaluación, pues nadie cuestiona lo que bien le paga».
¿Como abordará el gobierno de Peña Nieto el asunto del financiamiento de la educación superior, asi como de la investigación científica y tecnológica es un misterio que comenzará a develarse a partir del próximo año?
Parte de ese misterio ya lo aclaró el presidente electo el día de ayer, al decir que el financiamiento no será aportado totalmente por el estado sino será compartido por el sector privado, a través de estímulos de participación en función de los proyectos presentados, y sujetos a una medición puntual de sus resultados.
La opacidad en el manejo de las universidades publicas y sus resultados limitados en sus funciones sustantivas, tienen como principal freno precisamente la permanencia de grupos de poder como el de Raúl Padilla López, por citar un caso, o la idea prevaleciente de que la autonomía implica sostener políticas de simulación que ocultan que las estructuras universitarias públicas no están siendo ni eficaces ni eficientes en su impacto sobre la educación nacional.
Y este problema de eficacia y eficiencia atañe a casi todas las universidades latinoamericanas, como afirma Philip Altbach, director del Centro para la Educación Superior Internacional en el Boston College, al sostener que hay serios problemas de gestión en universidades emblemáticas como la Universidad Autonoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Agrega el experto que América Latina no ha aprovechado suficientemente su bonanza económica reciente para invertir más y mejor en educación superior. “A menos que los países hagan cambios en la estructura, la financiación y la gestión de los centros, las universidades nunca van a ser muy buenas».
En ese sentido debe ir el apoyo de Enrique Peña Nieto hacia las universidades públicas. Ni todo el amor ni todo el dinero…hasta no establecer bien las reglas.
Que suerte la de Pepe Yunes
Dadas las informaciones que inmediatamente circularon al unísono en muchas columnas políticas del Estado de Veracruz, en torno al nombramiento del senador José Yunes Zorrilla, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, se deduce que hay que reconocer la suerte del peroteño al contar con el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que movió todas sus influencias en el altiplano para que lograra ese importante cargo.
EfACICO 