Gobernar sin la Constitución

La marca de la casa (como dice el columnista Abraham García Ibarra) de los más recientes huéspedes de Los Pinos (el simbólico Palacio Nacional es ya apenas una referencia nostálgica) se caracteriza por tres lemas domiciliarios:

(1) Poder, sin legitimidad electoral ni autoridad ética;

(2) frivolidad autocomplaciente, antes que voluntad de servicio, y

(3) administración discrecional sin gobernabilidad.

Se usurpan, a sabor de intereses facciosos y para fines crematísticos inmediatos, registros partidarios, cuyos compromisos doctrinarios y programáticos, consustanciales al carácter de toda entidad pública –los partidos políticos- quedan a expensas del más obsceno de los pragmatismos. Se anula el pueblo, que es la clave de toda construcción democrática, para hablar de “sociedad”, más como asociación corporativa y mercenaria, que como fuente y sujeto del Contrato social, inspirado en la fuerza de la razón, de la ciencia,  y de la justicia.

Un conglomerado nacional de 115 millones de compatriotas aporta un 70 por ciento de su composición al estrato codificado como electoral, aunque éste es reducido en los hechos a la condición de meros votantes. De esos votantes entre 50 y 60 por ciento asiste a las urnas y, de éste, apenas poco más de un tercio define una primera minoría en la que se delegan los poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, que recaen, en última lectura, en una superestructura oligárquica constitucional: Un jefe del Ejecutivo federal, designado por el Tribunal Electoral, once ministros que forman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cúpula del Poder Judicial de la Federación, y 628 sedicentes legisladores, repartidos en dos cámaras, que supuestamente encarnan la representación nacional y el pacto federal (500 diputados y 128 senadores).

De 115 millones de individuos que la teoría describiría como país, sólo 629 pasan directamente por la sanción del voto popular, a la vez administrado por nueve consejeros designados, cuya tarea es sometida a la sentencia definitiva e inatacable de otras siete personas, que tampoco emanan directamente del voto popular, pero tienen poder para “interpretarlo”.

La doctrina política en México adoptada define ilusoriamente la democracia, como poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero la llamada democracia representativa limita la “representación” en 629 sujetos (diputados y senadores), que devengas sueldos estratosféricos.

País de cínicos

     Cuando hemos citado en alguna ocasión a José López Portillo la vez que profetizó que México se encaminaba a ser “un país de cínicos”, el prejuicio contra la política y los políticos nos ha replicado que no es el ex presidente la fuente moralmente más autorizada para hacer ese tipo de amonestaciones.                                                                                                                                                                                  Nos remitimos a otro juicio crítico, éste de más reciente factura (6 de septiembre pasado), formulado, a través de su publicación ‘Desde la fe’, por la Arquidiócesis de México, regida por el cardenal Norberto Rivera Carrera: “Nos estamos dando cuenta, con asombro y con vergüenza, de que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino”.

“No podemos acostumbrarnos a la tragedia; no debemos dejar que las autoridades sigan sin dar resultados”, incita el editorial del órgano de la Arquidiócesis. La fecha en que entró en circulación aquella edición, coincidió con el Día Internacional de los Migrantes. El propio cardenal Rivera Carrera dedicó entonces su homilía dominical, pronunciada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ya que  por aquellos días ocurrió la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, acción que calificó de “abominable”.

En un exhorto a legisladores, jueces y autoridades ejecutivas federales y locales, ‘Desde la fe’ deplora: “Es una pena que siempre estén preocupados por asuntos intrascendentes y banales, y en propuesta de leyes y reformas totalmente desfasadas, sin atender las situaciones humanas que por su gravedad requieren respuestas eficaces y soluciones a fondo”.

Recordamos la humana preocupación del ya extinto profesor emérito de la UNAM, el jurista sinaloense Raúl Cervantes Ahumada quien, en ensayos y editoriales hablaba del gobierno de México como inconstitucional y, en casos subrayados, anticonstitucional.

Cervantes Ahumada actuó en la academia y la política en un  largo periodo en que, a partir del último mandato presidencial a cargo del militar Manuel Ávila Camacho, el llamado gobierno civilista fue confiado a los abogados Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Alemán, Adolfo Ruiz Cortines (quien fue tenedor de libros), Díaz Ordaz y Echeverría, emanaron de la Secretaría de Gobernación, cuya titularidad, por la naturaleza de sus funciones, exigía dominio o, al menos, conocimiento del Derecho.

 

Incongruencia de Miguel

de la Madrid

 

     Aquí en Formato Siete, cuando escribimos sobre la corrupción en el PRI, lo hicimos sobre Miguel De la Madrid quien se tituló en la Facultad de Derecho de la UNAM con la tesis El pensamiento económico de la Constitución de 1857 (guiada por don Jesús Reyes Heroles), pero su carrera burocrática la desarrolló en las áreas bancaria, financiera y hacendaria del sector público. Del encargo de subsecretario de Hacienda y Crédito Público pasó a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), y de ésta a la Presidencia de México.

El PRI,  por supuesto, acogió con beneplácito la designación que hizo López Portillo a favor del titular de la SPP el 20 de septiembre de 1981. Luego, dejó constancia de que “Ante la Convención Nacional de su Partido, el candidato protestó su más completa adhesión a los principios que conforman la ideología de la revolución”. Tal ideología, se decía entonces, se inspira en los mandatos de las Constituciones de 1857 y 1917.

Al PRI no le faltaría entusiasmo por una de las siete tesis de campaña de su candidato: La de la Sociedad igualitaria: “En toda sus dimensiones: De igualdad en la economía, mediante la promoción del empleo, la protección del salario, la regulación de la concentración económica; impuestos proporcionales y equitativos; gasto público redistributivo del ingreso y crédito a las necesidades nacionales y populares (..). Igualdad ante la justicia, con especial protección a los débiles”.

Lo que resultó fue la

“Economía de guerra”

 

Antes de que se secara la tinta en el papel en que ese compromiso fue suscrito, en la primera semana de ejercicio del poder, De la Madrid lanzó a cuatro secretarios de su flamante gabinete a anunciar que implantaría una economía de guerra, preludio de las medidas dolorosas pero necesarias. Las más dolorosas, para los sectores que serían beneficiarios de la “sociedad igualitaria”. El nuevo plan de gobierno condensó en un discrecional Programa de Reordenamiento Económico Emergente (PREP) los mandatos de ortodoxa depredación dictados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que eran entonces los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Repliegue del Estado en la gestión del gasto público. ¿Cuál gasto público redistributivo? Y devolución del 34 por ciento de la banca nacionalizada a manos privadas. ¿Cuál regulación de la concentración económica?    Y enseguida el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) con el que el gobierno rezó para su santo, por un lado, reduciendo el gasto no financiero y, por el otro, disparando al alza los bienes y servicios proporcionados por el gobierno; hasta 33.2 por ciento en 1984.

Faltaría lo mejor: El Programa de Apoyo para el Pago de Deuda Privada (obsequio por pérdidas en el tipo de cambio), administrado desde el Banco de México por el entonces anónimo Ernesto Zedillo Ponce de León.          Aquel Ficorca, padre natural del Fobaproa. Carlos Salinas de Gortari obtendría su mejor título sexenal:  Salinas Recortari, campeón de los despidos masivos. Esos ensayos culminarían con el Pacto de Solidaridad Económica (PSE).

Nada de eso (salvo la regresión de la nacionalización bancaria y el Plan Nacional de Desarrollo; éste sólo para conocimiento) pasó por el Poder Legislativo. A aquellos programas de shock, los representantes de la clase trabajadora y los medianos y pequeños empresarios fueron llevados a Los Pinos casi secuestrados y sin derecho siquiera a voz. Menos a voto. Será por eso en los padrones del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) no registran a De la Madrid como constitucionalista.