* VIACRUCIS EN
OFICINAS DE SEV
Alguien se ha preguntado para qué sirve la burocracia.
Un trámite, el menor, causa a la gente molestias, irritación, largas esperas y enojos.
No hay oficina, en que si usted no es influyente, no va a encontrar la solución a su trámite jamás.
Un día se dijo que la transa puso tras las rejas a tres funcionarios de la Sefiplan. Al ex secretario Tomás Ruiz González no le tembló la mano cuando impuso el correctivo, denunciando a tres burócratas que robaron recursos públicos dizque resolviendo gestiones relacionadas con el transporte público y el famoso reordenamiento o emplacamiento, tan objetivo y visible que no aguantó la primera indagatoria. Cayeron y allí están todavía pagando sus culpas en el reclusorio de Pacho Viejo.
El siguiente caso, nomás por los vericuetos que siguió, pero que se resolvió en apariencia eficazmente. Es necesario darlo a conocer.
Un par de docentes requerían de su constancia de retenciones, para poder cumplir sin mayor problema con su declaración de percepciones salariales anuales, así que encaminaron sus pasos hacia las oficinas de la avenida Araucarias. Allí hay una oficinita dedicada precisamente para acceder a través de la computadora, las cuales no pudieron realizar la «enorme faena», así que tuvieron que subir a un segundo piso y hacer su planteamiento a los funcionarios del lugar.
De la lectura se infiere que hay gato encerrado, según contaron posteriormente, ya que no bastó una, sino dos y hasta tres y cuatro ocasiones, para que finalmente se colara en la especie una profunda duda, porque los numeritos no coincidían, lo que les hizo contraerse en un rictus de dudas.
Y como hubo necedad de la parte oficial, resolvieron los quejosos por presentar sendos escritos en la secretaría de la SEV, en nóminas de la misma dependencia y en la contraloría interna. Sin embargo, en ninguna se dio la respuesta esperada.
Funcionarios menores coincidieron en que las instancias dijeron que el secretario no lee quejas ni nada parecido. Y en la contraloría, inclusive destacó la recepcionista que allí dicha presentación de escrito no demandaba la intervención de la contralora, sino todo lo contrario, que se enviara o dirigiera el escrito al titular de la SEV, porque con una copia, tampoco el funcionario en cuestión atiende nada.
Total, ninguna instancia se hace cargo de queja alguna de maestros, no obstante que ésta pudiera constituir una conducta delictuosa, pues no hay que olvidar que ya por la SEV pasaron secretarios que arrasaron con las bóvedas y con cheques de vivos, muertos y maestros en activo y se mandaron construir sus residencias particulares.
* FINAMED DEJÓ SIN
MEDICAMENTOS AL SS
El costo que la sociedad veracruzana, pero la más afectada y vulnerable por las condiciones de vida que enfrentan, lo que deberá pagar alcanza niveles insospechados, sobre todo porque los hospitales del sector salud hace tiempo que dejaron de ofrecer servicios justamente oportunos, porque Finamed, la firma que tenía a su cargo equipar los nosocomios con medicamentos, dejó de hacerlo.
Obviamente, sobrevino la crisis, la cual negaba el ex secretario de salud Pablo Anaya Rivera y que callaba, ocultaba o se implicaba el contralor interno de la mencionada dependencia.
Ahora, cuando el señor Anaya Rivera atiende cuestiones relacionadas con el PRI, comienza a salir a borbotones la porquería.
Como es sabido por la sociedad veracruzana, la contraloría interna del sector salud calló, se implicó o solapó este indiscriminado saqueo, que acabaría por sepultar con singular virulencia, para condenar con singular distinción a toda la administración de la secretaría de salud, misma que además dejó de pagar sus salarios al personal médico y de enfermería, como acaba de estallar esta muestra de virulencia, porque les adeudan salarios con meses rezagados.
Los esfuerzos que emplea el secretario Juan Antonio Nemi Dib, todos encaminados a devolverle al sector salud su prestancia como instancia responsable de salvaguardar la salud pública en cada tramo que cubre, tiene que enfrentar los yerros de la pasada administración, como ahora es el hecho de que no haya abasto de medicamentos en los nosocomios públicos.
Empero, a todo esto cabe preguntar al cuerpo médico, de enfermería y los ciudadanos que acudían a dichos centros hospitalarios, de qué tamaño es la consecuencia en detrimento de la salud humana, porque son ya meses en los que la secretaría de salud dejó de prestar la atención requerida por centenares de pacientes. Algo de esto en dos ocasiones denunció con plantones el grupo gay del puerto de Veracruz, pero Anaya Rivera calló.
Ahora se preguntan propios y ajenos, luego entonces, qué hacía la contraloría interna de la secretaría de salud, que de esto nada denunció ni puso en conocimiento de la contraloría estatal, porque de otra suerte, el remedio lo habría impuesto el propio gobierno estatal, según se cuenta en trincheras de pacientes, médicos y enfermeras.
La empresa Finamed, responsable de este desabasto deshumanizado. Nada ha dicho ni aclarado al respecto, lo que hace presumir a todos que esta firma tiene un compromiso y una responsabilidad que pagar a la sociedad civil.
* CABALLO BLANCO,
OTROS SEIS MESES
La empresa minera canadiense que explora la mina de Caballo Blanco en inmediaciones de la carretera al norte de la entidad veracruzana, todavía tiene alientos de vida, ya que la autorización que recibió con antelación concluye dentro de seis, meses.
Es decir, que la Semarnat no había hecho pública esta carta, con la cual los críticos y adversarios de la firma empresarial en cuestión, se habían abstenido de hacer mayor presión sobre los extranjeros, metidos en la exploración de la plata, el oro y hasta uranio, según cuentan las leyendas.
Los grupos de ambientalistas, que de siempre han mantenido una actitud de rechazo y protesta pública contra los extranjeros que mantienen abierto este permiso, aunque no trabajan materialmente en las profundidades de dicha mina, cabe la presunción absoluta de que los dueños de la firma Caballo Blanco están presionando a autoridades de Semarnat, con vistas a continuar dichas operaciones.
Los extranjeros habían conseguido la autorización todavía durante los años del régimen federal del presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero de ninguna forma los lugareños sobre la carretera costera hacia el norte del estado de Veracruz, la reconocieron ni aceptaron.
Inclusive, los canadienses habían comprado terrenos cercanos al lugar denominado o conocido con el nombre de El Viejón, en donde construyeron una serie de viviendas en donde radicarían hasta 800 trabajadores mineros, propiedades que allí continúan de pie, como testigos mudos de lo que sería un proyecto sin precedentes sobre tierras veracruzanas.
Las protestas populares y de ambientalistas dieron pauta para que la autoridad estatal emitiera su rechazo para que siguieran explorando la mina Caballo Blanco, lo que trajo un respiro a sus críticos y los vecinos de la zona costera, habida cuenta que una exploración similar podría traer o acarrear consecuencias que a la larga afectarían la vida de los mineros y la población aledaña al lugar.
En su momento, el alcalde de Alto Lucero aceptó que él dio permiso a los canadienses para abrir la mina, y que a cambio le entregaron un millón de pesos, supuestamente para realizar diversas obras en la región y, por otro lado, la alcaldesa de Vega de Alatorre inclusive hasta difundió la especie en el sentido de que los gases emanados de la mina estaban causando serias bajas sobre todo en los menores de edad, en los cuales médicamente detectaron potenciales enfermos de cáncer.
Lo último alerta y alarma a todos, porque nadie había dicho que caballo Blanco tiene por delante autorización de seis meses, aunque materialmente nadie explora nada, sin embargo la expectativa del peligro está latente. Y la autoridad federal, a través de la Semarnat, sólo ha dicho que de momento la exploración está detenida. Hasta aquí
EfACICO 