¿Quién asesinó a Regina?

 

•Probanzas de incriminación

•Pruebas indubitables y aptas

I

(Por Luis Velázquez Rivera) El gobierno de Estados Unidos quedó furioso con la libertad del narco Rafael Caro Quintero y ahora, la Procuraduría General de la República ha ordenado su reaprehensión.

En cambio, en Veracruz, la Procuraduría de Justicia la pasa arremetiendo contra los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia que liberaron al “Silva”, en el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez, en vez de proceder de acuerdo con la ley para, digamos, rescatar su nombre y prestigio.

De Caro Quintero, la fama pública sostiene que anda desaparecido. Mejor dicho, que nadie sabe su paradero.

Así, ni hablar, las fuerzas policiacas norteamericanas, hasta los cazadores de recompensas y mercenarios entrenados en las guerras de Vietnam y Afganistán, saldrán en su búsqueda.

Y en el caso del “Silva”, su abogada solo dice que acaso, quizá, se haya trasladado a vivir en Chiapas, quizá en la selva lacandona al lado del subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional… para así recomponer su vida ante el mundo, luego de haber sido satanizado como el asesino de la corresponsal de Proceso.

II

En el caso del “Silva”, la salida jurídica es clara para la Procuraduría de Justicia y, de paso, para la Secretaría de Seguridad Pública, desde luego, para la AVI, Agencia Veracruzana de Investigaciones:

Uno: asesorar a la familia para ampararse ante la Suprema Corte de Justicia y abrir una línea de investigación por otro delito, a fin de que sea reaprehendido.

Dos: dictar orden de aprehensión contra el otro sospechoso, presunto homicida de la corresponsal de Proceso, José Adrián Rodríguez Domínguez, “El jarocho”, pues ni siquiera tal orden ha sido expedida desde el mes de abril del año 2012.

Tres: abrir una línea de investigación para obtener las probanzas que incriminen al verdadero asesino, pues todo indica que ni “El Silva” ni “El jarocho” lo fueron.

Cuatro: y una vez que, digamos, fuera capturado el auténtico homicida, entonces, que la autoridad cumpla su función y obtengan, de paso, las pruebas indubitables y aptas para que ninguna duda ni sospecha quede en alma colectiva.

III

Y es de por medio está el nombre del buen gobierno, del gobierno eficaz, de un sexenio próspero apegado al Estado de Derecho.

Y, bueno, lanzando a los cancerberos mediáticos en contra de los magistrados del Tribunal Superior sólo quedan en ridículo.

Se exhiben en el tendedero del descrédito, pues en vez de reaccionar con hechos y resultados, pruebas y testimonios jurídicos inapelables, despotrican contra ellos a través de la palabra escrita.

IV

Falta ahora que el presidente del Tribunal Superior de Justicia sea acusado de falta de control operativo y en respuesta le congelen para el resto del sexenio la solicitud para una pensión de 250 mil mensuales para los magistrados.

Pero, además, y de paso, continuar satanizando a los magistrados hasta llegar, incluso, al despido humillante.

De ser así, solo echarán más gasolina al fuego.

V

Es la hora de que el procurador de Justicia muestre su inteligencia, talento y experiencia jurídica adquirida en la barandilla como agente del Ministerio Público y multiplicada como director de la Policía Judicial, director de Seguridad Pública y secretario General de Gobierno.

Pero también, y en contraparte, la hora para que el procurador enfrente con argumentos jurídicos la resolución de los magistrados.

Y más, porque el gobernador está en entredicho.