(Por Rodolfo Calderón Vivar) La ola de protestas generadas en los últimos días en todo México, por miles de maestros que han salido a las calles para protestar por la aprobación de las leyes secundarias originadas en la Reforma Educativa del actual gobierno federal, evidencian no solo la polarización entre los sectores derechistas y izquierdistas del país respecto a lo que México requiere en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa en el país, sino también una evidente carencia de ética en las estrategias que el gobierno de Peña Nieto está implementando para determinar el funcionamiento del servicio profesional docente nacional.
Concebida en la mira de un objetivo bueno para el país, como es el mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje para beneficio de los alumnos de educación básica, y enmarcada en la ideología del neoliberalismo falla sin embargo en la perspectiva ética de esta corriente, en el enfoque utilitarista, al no proporcionar felicidad alguna a los integrantes del gremio magisterial nacional, pues les quita los derechos a que tuvieron acceso durante décadas mediante lo que puede ser concebido como un monumental engaño al manejar como parte de una reforma educativa, lo que es en realidad una reforma laboral brutal y sin contemplación alguna, salvo para los líderes magisteriales que, intocables en su trono de corrupción, simplemente se mantienen al margen de las protestas.
La falta de sensibilidad de Emilio Chuayfett, Secretario de Educación Pública, que afirmó recientemente en su twitter que con la nueva Ley del Servicio Profesional Docente se terminó la herencia y venta de plazas en el sector educativo nacional, solo evidencia la confesión de parte de un sistema político que prohijó ese tipo de usos y costumbres a través de cuotas de poder otorgadas a líderes sindicales, entonces y ahora intocados (salvo Elba Esther Gordillo, presa sin razones jurídicas consistentes), para sostener un corporativismo al que tuvieron que someterse los maestros durante décadas, para favorecer la ganancia electoral de partidos políticos en nuestro país.
¿A que se puede atribuir que el gobierno patrón no hubiera podido establecer, antes, controles en el ingreso, promoción y permanencia de los profesores en México para evitar la corrupción en ese sector que no haya sido claramente originado en su complicidad con los líderes corruptos que aún permanecen en sus puestos de representación popular, como premio al acarreo de votos promovido entre sus bases magisteriales?
Sometidos a una esclavitud de principios basados en la simulación, el silencio cómplice y el sometimiento, los buenos maestros del país (que los hay y quizás son la mayoría) tuvieron que mezclarse, durante más de medio siglo, con aquellos que sin formación, sin vocación y sin responsabilidad alguna fueron premiados con plazas magisteriales solo por favores familiares, políticos y hasta sexuales, generados en una relación insana entre políticos del partido gobernante y siniestros, perversos y pervertidores caciques sindicales, que aún están ahí, viendo desde la barrera, como son sometidos a otro régimen laboral sus agremiados.
Las bases magisteriales son ahora estigmatizados por los poderes fácticos de los medios (los grandes consorcios televisivos, culpables también del desastre nacional educativo por su enajenante y mediocre programación carente de contenidos culturales y científicos trascendentales), de las grandes corporaciones empresariales (que muy pronto estarán dispuestas a ofrecer servicios de evaluación y capacitación para mejorar al profesorado nacional y otros servicios educativos a través del outsourcing);de líderes de opinión (tanto en el sector educativo como en otros ámbitos) que después de años de disimulo, ahora festinan el ajuste de cuentas al millón y doscientos mil trabajadores que verán transformadas sus condiciones laborales, en perjuicio de su antiguedad, su estabilidad emocional y ese sentido de la felicidad, ideal ético que están rompiendo quienes aplican una estrategia con sentido eficientista de corte neoliberal.
Pero la otra falla ética radica en no aclarar la inviabilidad de la evaluación cualitativa que se propone hacer el gobierno para que sea aplicada a todos los profesores de educación básica del país. Miente Olac Fuentes Molinar, otro santón educativo que ahora también le entra al mejoramiento magisterial con su perspectiva crítica pero eminentemente teórica y poco práctica, en su participación asentada en la propuesta de la reforma educativa, al afirmar que se pretende realizar una evaluación centrada en los procesos de enseñanza de los profesores, eliminando las pruebas estandarizadas. Miente, porque para evaluar a millón doscientos mil profesores, el número de expertos en evaluación con ese enfoque sería insuficiente (o casi inexistente, como más responsablemente afirma Silvia Schmelkes, también partícipe en la formación del nuevo Instituto Nacional de la Evaluación). Ahi puede estar la rendija por donde se cuele la iniciativa privada para entrarle al negocio de la evaluación. Por ahi, también se corre el riesgo de que se cuele otra forma de poder alterno sindical que determine quien permanece o no, en sus plazas. Por ahi está la grieta donde puede acabarse con la antiguedad, el derecho a pensiones y el espiritu crítico de los profesores de nivel básico en el país, los buenos profesores por supuesto, no los que acarreados, someten sus ideas al mejor postor.
EfACICO 