Por Rodolfo Calderón Vivar
Quizás lo peor que puede sucederle a un gobierno en cualquier parte del mundo es que los problemas le lleguen hasta el cuello, en alguna de sus áreas, y no tenga respuestas de solución inmediatas ni ajuste de responsabilidades cuando sus funcionarios se equivocan, fallan o provocan un problema a quienes pretenden servir.
Tal es el caso del grave suceso de la retención de los aguinaldos de los pensionados del estado de Veracruz, violando incluso las leyes federales al respecto y dando una imagen, una vez más, de un gobierno veracruzano que da traspiés con acciones donde el desatino y la impericia administrativa vuelven a aflorar, tras tres años en el poder.
Enfrentados a una situación crítica y colocados en la protesta callejera, miles de jubilados dependientes de los pagos del Instituto de Pensiones del Estado se convirtieron este viernes en la prueba viviente de que algo no funciona bien en la administración duartista por más que se gasten millones de pesos en pagos de publicidad de imagen en medios locales, nacionales y hasta internacionales. Pero lo más lamentable es que ese grupo de ciudadanos tiene meses realizando marchas y reuniones con funcionarios de gobierno, planteando muchas preguntas sobre el funcionamiento y futuro del IPE, sin respuestas fiables y, para colmo, recibiendo ahora este trato.
Con toda la pena del mundo, ancianos que vieron pasar sus años en las oficinas de gobierno, sintieron esta semana el oprobioso estigma público de pasar a ser ciudadanos de segunda, al acudir a las oficinas de los bancos locales y recibir la desagradable sorpresa de que el dinero de sus aguinaldos no fue depositado por parte de las autoridades del Instituto de Pensiones del Estado.
Entonces vino la protesta callejera, esa que pretende reglamentarse en aras de un México que pretendidamente entra a una bonanza promisoria gracias a las reformas estructurales logradas, con medio país dividido, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en el que el gobierno de Veracruz abona su granito de arena, dañando una vez más la reputación de la clase gobernante, y del PRI por ende, al causar un grave perjuicio a los pensionados veracruzanos, sin hubiera soluciones inmediatas y, sobretodo, respuestas veraces al problema de los aguinaldos.
El caso hubiera derivado en una situación trágica de haberse concretado el linchamiento de un automovilista que pretendió pasar por encima de los manifestantes, golpeando a algunos ancianos que bloqueaban el centro de la ciudad de Xalapa, provocando la ira de los agredidos que le rompieron el parabrisas de su automóvil y pretendían bajarlo para agarrarlo a golpes. Mientras eso sucedia, una y otra vez, las respuestas de los funcionarios del IPE era poco veraces, aseguraban que era un problema bancario, después que había faltado depositar en algunas cuentas pero que en la tarde ya se regularizaría todo. Mentiras, pues.
Tienen en los pensionados , enemigos de por vida los funcionarios actuales de la administración duartista , que mal harían en desdeñarlos, porque constituyen una ramificación a familias en las cuales hermanos, hijos, nietos, sobrinos y amigos también debieron sentirse agraviados por el desatino gubernamental. Ahora si que los malos administradores financieros provocadores de este caos social en Veracruz, echaron al bote de la basura las lontananzas y buenaventuras pagadas en diversos medios de comunicación para festinar que ya vienen tres años de lo mejor del gobierno duartista. ¿Tomará alguna medida el gobernador Javier Duarte en contra de quienes fallaron a la hora de ejercer su función pública o, simplemente, aplicara la máxima del dejar hacer y dejar pasar?
EfACICO 