
Por _Rodolfo Calderón Vivar

La insistencia del gobierno de Estados Unidos por ofrecer apoyo al gobierno mexicano por el asunto que se le fue de las manos en Michocán,a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Angel Osorio Chong, no dejan de tener su cariz de evidente sorna, sobretodo porque precisamente al iniciarse el gobierno de Enrique Peña Nieto se rompieron vínculos de apoyo que involucraban a muchas dependencias mexicanas con otras tantas del gobierno estadounidense, cuyos agentes entraban y salían de México, con plena libertad, en tareas de investigación sobre la delincuencia organizada mexicana.
Entonces, se decidió que todo el asunto de los vínculos de México con agencias norteamericanas, para apoyar en labores de detección de la delincuencia organizada, se canalizaría a través de una sola dependencia, la Secretaría de Gobernación, y por el ofrecimiento de apoyo del Departamento de Estado norteamericano, hecho la semana pasada ante los combates en tierras michoacanas, se da a entender que desde el gobierno mexicano ya no se daba entrada a agentes norteamericanos de ningún tipo, en operaciones de combate a la delincuencia, como lo permitía el anterior gobierno de Felipe Calderón.
Por eso, ahora el gobierno norteamericano, ofrece su apoyo, dando a entender que simplemente, por su cuenta, la Secretaría de Gobernación y sus entidades de seguridad, no llegaron a ningún lado satisfactorio en estos doce meses de afrontar solitos, sin Estados Unidos, la lucha contra los cárteles que dominan grandes territorios del país.
El pasado fin de semana, el propio Secretario de Estado, John Kerry, oficializó la disposición de Estados Unidos a intervenir nuevamente en nuestro país, a través de sus agencias de inteligencia, en una reunión que tuvo con el Secretario de Relaciones Exteriores, Jose Antonio Meade, ya que, aseguró, «tenemos preocupación, no miedo. Trabajaremos con el gobierno y estamos preparados para tratar de ser tan útiles como podamos»,
Y todo, porque a unos cuantos días de haberse cumplido un año en el poder del gobierno de Enrique Peña Nieto, se le fue de las manos el problema michoacano, como prueba de que simplemente de que el plan de combate o control de la delincuencia organizada que se está planteando su gobierno, es ineficaz, tanto como el demostrado por Felipe Calderón Hinojosa. Además, queda demostrado que tan peligroso puede ser que los grupos delincuenciales financien, tras bambalinas, una guerra civil como la que dio por uno días en la tierra caliente michoacana. Los sucesos de MIchoacán fácilmente pueden ser replicados en cualquier otra parte de la república donde los cárteles están ya infiltrados en sectores empresariales y sociales de muchas entidades.
Por eso no lo pensaron dos veces los norteamericanos para hacer patente su preocupación por la guerra civil desatada por grupos de autodefensa contra los Caballeros Templarios. Y lo hicieron públicamente para evidenciar que los sucesos son producto del rechazo que la actual administracion peñista ha tenido para que las agencias norteamericanas estén participando en las investigaciones sobre los cárteles mexicanos, como lo hacían antaño, por cierto, también con tropezones como el de la operación «Rápido y Furioso»
En estos momentos, se sabe que en el sector de inteligencia del gobierno norteamericano se trabaja para establecer un mapeo de los focos rojos que, aparte de Michoacán, ya existen en México como potenciales zonas de conflicto civil financiados por grupos de poder derivados de la mixtura delincuentes-empresarios-caciques políticos. ¿Se tendrá un trabajo semejante de inteligencia realizado por sus contrapartes mexicanos? ¿O se seguirá en la idea de que mediante pactos, como en el siglo pasado, se podrá controlar a las bandas criminales que asuelan al país? Los pactos a estar alturas, ya se vió, ya no sirven porque los cárteles ya diversificaron sus tareas delilncuenciales. Ya no se trata solo de tráfico de droga, sino de cuotas de protección, secuestro, control e inversión en empresas productivas, asociación con empresarios de las regiones que dominan, corrupción de políticos; en fin toda una red, en la cual, la distribución de poderes reales de los cárteles, en el país, ya no depende de la voluntad del gobierno federal.
