Por: Héctor Saldierna Martínez

Cerca de 17 años han pasado desde que Ernesto Zedillo, siendo presidente de la república, efectuó la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México y, desde entonces, no han sido debidamente aprovechados 22 mil kilómetros de vías férreas y todas aquellas promesas que se hicieron en su momento, prácticamente no han sido cumplidas, incluyendo que habría un eficiente servicio de pasajeros.
Ahora, a varios años de distancia, legisladores de diversos partidos exigen juicio político ante la “inexplicable privatización del sistema ferroviario mexicano a un risible precio de 1, 400 millones de dólares”.
Los legisladores Manuel Añorve, del PRI; Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano; Jaime Bonilla y Roberto López (PRD), coincidieron en señalar que fue “un acto inmoral y es evidente que Zedillo se convirtió en encubridor de una empresa trasnacional y no defendió los intereses de la nación”.
Estas observaciones se inscriben en una defensa pública que hizo Zedillo de la empresa Kansas City Southern, de la que es alto funcionario. Precisamente en su período presidencial entregó la paraestatal de ferrocarriles a empresas trasnacionales y en cuyas promesas se hablaba de hacer más eficiente los servicios, abaratar los costos del pasaje y lograr un servicio de calidad.
Nada de eso se cumplió. Solamente fueron promesas como suelen ocurrir cuando se realizan este tipo de privatizaciones, que lo único que propician es perjudicar a la ciudadanía. Los ferrocarriles nacionales tenían la misión de carácter social de transportar a miles de mexicanos que vivían en comunidades alejadas, además de los precios accesibles y, lamentablemente, la decisión de Zedillo propició un gran daño para el país.
En su momento no existió ningún tipo de obstrucción y nadie dijo nada. Ningún legislador levantó la voz y ni siquiera el líder sindical, Víctor Flores, que obviamente aprobó esta negociación que también afecto a miles de trabajadores. Las voces que ahora se escuchan están fuera de tiempo y tan sólo podrían ser una advertencia de lo que pasará con esta nación sí se permite mayores privatizaciones.
Es un espejo en lo que podríamos reflejarnos nuevamente los mexicanos al permitir que intereses extranjeros se apoderen de nuestra infraestructura y de los recursos naturales que le pertenecen a México. De nada serviría que años después se hable de una felonía, cuando estamos a tiempo de evitar mayores daños.
ES UN PLACER
Esta frase utilizó el primer ministro de Canadá, Steve Harper, al hablar en el marco de la reunión de jefes de estado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Es un placer participar en el marco de la Reforma Energética. No se debe olvidar que empresas canadienses, también dedicadas a la explotación minera, tienen actualmente la concesión de un 15 por ciento de territorio nacional, con una serie de ventajas y privilegios para su explotación.
Hay razones de fondo para que Harper diga que se trata de un placer. No es para menos.
DEUDA POR MAS DE 482 MMDP
DE LOS ESTADOS
La Secretaría de Hacienda acaba de anunciar que para 2013 existe una deuda de las entidades federativas en el orden de 482 mil 804 millones de pesos, cifra que se incrementó en un 48 por ciento en relación a 2012. Es decir, lejos de disminuir los montos de deuda, estos crecieron de manera considerable.
Se concentra en un 49 por ciento de los pasivos netos en cinco estados de la república y ellos son: Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz. No debe olvidarse que nuestra entidad ha desarrollado un incremento muy sensible de su deuda desde la administración de Miguel Alemán y luego se cuadruplicó en la gestión de Fidel Herrera.
Sin duda, fueron administraciones deficientes que no fueron certeras en el manejo y gestión de los recursos financieros, por lo que ahora se pagan las consecuencias al destinar gran parte de intereses hacia el pago del débito público.
Curiosamente fue en la administración de Patricio Chirinos Calero que dejó cero deuda e incluso recursos en caja, lo que normalmente es un hecho atípico.
CAMBIOS EN EL
GABINETE ESTATAL
Esta semana el gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, dará a conocer cambios en el gabinete, presumiéndose que habrá de retirarse Amadeo Flores Espinosa, procurador de Justicia en el Estado. Otra cambio tiene que ver con la coordinación de Comunicación Social, hasta ahora a cargo de Gina Domínguez.
Por lo menos son las especulaciones que se están manejando y de acuerdo a las apreciaciones semánticas, el mismo gobernador ya se paseó con Luis Angel Bravo, a quien le invitó un café. Hasta ayer, Bravo era el titular del IVAI. Respecto a Gina Domínguez se presume que podría relevarla Alberto Silva.
Finalmente se trata de cambios saludables que son necesarios en toda administración, toda vez que cuando se presentan situaciones difíciles e incómodas es recomendable que haya ciertas válvulas de escape para distender la presión.
REMODELARAN
BARRIO DE LA HUACA
Uno de los sitios más emblemáticos del puerto de Veracruz es el típico barrio de La Huaca. Existe un proyecto para su remodelación y se presume que habrá capital privado que se aplicará para incentivar el turismo y convertirlo en un sitio de interés para propios y extraños. Se inscribe, además, en las remodelaciones generales del centro histórico de Veracruz en ocasión del centenario de la infausta invasión yanqui de 1914.
Y hasta la próxima.
