Por Jorge Alberto González
A veces, la letra y la palabra expresada pueden caminar en el mismo sentido sosteniendo una idea o un objetivo.
Generalmente esta práctica es recurrente en el quehacer político, el personaje dice y deja por escrito.
El problema viene cuando ya lo dijo y lo consignó en papel, pero no lo cumple tal cual lo manifestó en saliva y en tinta.
Precisamente eso es lo que está sucediendo con la aplicación del Proyecto del Rescate del Centro Histórico en la ciudad de Veracruz.
En esta ocasión nos dimos a la tare de revisar y confrontar lo que estipula la ley escrita y lo ejecutan las autoridades.
En contexto
Antes, hay que dejar muy claro algunos aspectos:
La ejecución del Proyecto del Centro Histórico es del orden municipal.
Si bien ya existía un plan de rescate de centro histórico, las acciones implementadas hoy por este ayuntamiento no se han dado a conocer con toda certeza y detalle.
Los trabajos que ya se realizan dependen del financiamiento federal, estatal, municipal y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta entonces, lo único que se conoce de esta magna obra es que inicia en una primera etapa con 600 millones de pesos.
Del monto antes mencionado, se desconoce cuánto aportaron las partes involucradas.
El gobierno del estado de Veracruz consolidó un Fideicomiso (2013) para administrar el recurso estatal y federal con el que ya se financian los trabajos del proyecto.
La autoridad municipal no hizo licitación pública para las obras de esa primera etapa, y por si fuera poco, se desconoce a qué empresa se le asignó.
Lo único que se sabe de manera informal sobre el Proyecto de Rescate del Centro Histórico –en su primera etapa- son algunas maquetas digitales que se hicieron públicas.
La página de internet de la Dirección de Centro Histórico del Ayuntamiento de Veracruz no contiene el plan maestro y las acciones de dicho proyecto, sólo algunas fichas breves de lo que administraciones anteriores han realizado.
Papelitos hablan
Teniendo como único referente las maquetas digitales de lo que se pretende hacer con el centro histórico de Veracruz, y algunas inspecciones oculares; podemos decir que hay contradicciones sustanciales y preocupantes entre la letra y la realidad.
Tomemos como ejemplo la imagen digital de la propuesta de cambio de la Plaza de la República.
Podemos ver una plancha bonita, arbolada, con más espacio para el transeúnte, pero que no concuerda con el contexto del patrimonio histórico edificado.
Los edificios levantados durante el Porfiriato de estilo colonial y afrancesado no coinciden con el entorno arquitectónico.
Pero tal afirmación anterior puede ser desestimada como un juicio de valor personal: No hay uniformidad o coordinación con el entorno.
Lo que no representa para nada una percepción personal sino oficial, institucional; de peso histórico y jurídico es lo que consigna un documento que las autoridades municipales han ignorado por completo.
Se trata de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad y Puerto de Veracruz, emitida por decreto presidencial (Vicente Fox Quezada) y vigente a partir del 1 de marzo del año 2004.
Una declaratoria merecida a Veracruz por innumerables razones históricas y culturales.
Hechos que van desde las defesas ante las invasiones extranjeras, la fundación del primer ayuntamiento de la Nueva España, la promulgación de las Leyes de Reforma, la Sede del Poder Ejecutivo Federal y Residencia Presidencia, entre otros acontecimientos no menos importantes.
Antes del desarrollo del articulado en este decreto, el documento es muy claro al señalar que fue expedido para “la preservación del legado histórico de la Ciudad y Puerto de Veracruz”.
“Otorgarle la protección de las leyes vigentes” en México, “incorporándola a lo previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
Y dicha ley es muy específica en lo que dispone: “que es de utilidad la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos históricos, como parte integral del patrimonio cultural de la Nación”.
Como podemos darnos cuenta, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no considera palabras como modificación o adecuación, sí las de protección, preservación, restauración y recuperación.
La Declaratoria menciona que la zona protegida abarca 170 manzanas que poseen edificios históricos del siglo VXII, ubicados en un perímetro de 1.5 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad porteña.
Dicho documento señala en su inciso C sobre las características de la ciudad, que deben quedar protegidas por la Ley: “plazas, parques y jardines que corresponden a la traza original, entre los que cabe mencionar el Zócalo o Plaza de Armas, el Parque M. Gutiérrez Zamora, el Parque Ciriaco Vázquez y la Plaza de la República”.
En su artículo 3, el Decreto enlista los monumentos históricos que quedarán protegidos por la ley, y en el antepenúltimo del compendio aparecen los nombres del “Malecón Insurgentes Veracruzanos, sin número. Edificio General de Faros. Faro Venustiano Carranza”, espacios que en este momento están siendo intervenidos.
El artículo 6 del Decreto señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene responsabilidad de vigilar el cumplimiento estricto de los trabajos implementados en estas zonas de monumentos históricos.
Una institución que posee la facultad de detener y sancionar acciones que atenten contra el patrimonio nacional históricos edificado.
Hoy, tal parece que el INAH, el vigilante, se ha convertido en cómplice de quienes ya modifican el rostro de una ciudad entrañable, en contra de la voluntad de sus leyes, su gente y lo que es peor, de su historia; forjada a base de trabajo, valor y sangre.
PD. Nos leemos hasta la próxima, y continuaremos con el tema del Centro Histórico.
EfACICO 