Por Ricardo Ravelo Galo

 –Seis grupos se arrebatan el estado

–Complicidades e ingobernabilidad

–Golfo y Zetas: disputas que no acaban

La violencia que estalló en Tamaulipas y que mantiene en jaque a las autoridades estatales y federales tiene su origen en el embrollo causado por los desacuerdos en materia de seguridad, los desatinos del gobernador y la desavenencia de grupos de la delincuencia organizada que se disputan pedazos de territorios comprometidos desde el poder.

Son seis células las que están enfrentadas actualmente en Tamaulipas; algunas pertenecen al cártel del Golfo, otras a Los Zetas y el resto a diversos cárteles que pretenden incursionar en la entidad para apoderarse del control del negocio del narcotráfico y otras actividades delictivas que también reditúan ganancias como el secuestro, la extorsión, entre otras.

Imparable la violencia, rebasadas las instituciones por incapacidad o complicidad, lo cierto es que el estado de Tamaulipas se incendia tanto como Michoacán o el Estado de México, donde la inseguridad campea por todas partes sin que haya soluciones a los problemas.

Desde el Gobierno Federal se habla de una disminución de los delitos como el robo, los homicidios, entre otros, pero la realidad se pinta de otro color en estados violentos. Es el caso de Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. Este último ocupa el primer lugar en violencia e ingobernabilidad.

La historia de Tamaulipas es larga y muy polémica. Actualmente el gobierno de Estados Unidos investiga y busca con orden de aprehensión al exgobernador Tomás Yarrington, a quien se le acusa de varios delitos patrimoniales y de vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con las investigaciones, Yarrington trabó relación con personajes del cártel del Golfo, a quienes habría brindado protección durante su mandato a cambio de fuertes sumas de dinero.

La fortuna de Yarrington no puede ocultarse: el gobierno de Estados Unidos le detectó propiedades que fueron puestas a nombre de su testaferro Fernando Cano, uno de los hombres más cercanos al exgobernador y quien por causa de un divorcio mal llevado salieron a relucir datos y pormenores de la fortuna de Yarrington que está bajo su custodia y nombre.

Más allá de que las autoridades norteamericanas acrediten o no los delitos de Tomás Yarrington –de quien por cierto se dejó de hablar en México y no forma parte del orden de prioridades de la PGR –lo cierto es que el caso de Tamaulipas no puede explicarse de otra manera más que a través de la complicidad entre los hombres del poder y el crimen organizado.

El narcotráfico penetró todas las estructuras de poder en Tamaulipas. Se aliaron las policías y el estado se quedó sin seguridad; hubo complacencia en la procuraduría y se afirma que el nivel de complicidades pudo llegar hasta la cúspide, es decir, hasta la máxima autoridad: el gobernador.

Cabe recordar que Tamaulipas es y ha sido un estado sin ley. En dicho estado gobierna el crimen organizado desde hace muchos años. La impunidad es de tal magnitud que fue asesinado el hermano del actual mandatario, Rodolfo Torre Cantú, presuntamente por el narcotráfico, y hasta la fecha nadie sabe y nadie supo.

A lo largo de algunos años la PGR ha tenido muchos problemas para investigar ese caso. Hoy la PGR no habla del asunto.  Pero las investigaciones fueron entorpecidas por el propio crimen organizado. Los fiscales investigadores no podían ingresar a los municipios a recoger testimonios justamente porque las redes del crimen organizado enquistadas en la sociedad lo impedían. Muchos agentes del Ministerio Público fueron amenazados de muerte para que no se investigara.

Todas estas razones han abonado a que Tamaulipas sea un estado sin ley, donde el gobierno está totalmente rebasado y a merced de los grupos que se arrebatan el territorio.

Se afirma que la plaza fue vendida a diversos cárteles y que ahora estos grupos se disputan el control del estado.

Sin duda se pelean más que eso: el control de toda una región, de toda una franja que incluye a los estados de Nuevo León, Coahuila y Durango. El corredor de la muerte y del narco.

¿Qué hará el o qué está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto para apaciguar el estado?

Lo que se haga es poco. Justifica la acción del gobierno federal, pero resulta insuficiente resolver un problema cuyo origen está en la complicidad política con el crimen organizado. El problema en sí está adentro y afuera. Nadie se salva o no parece salvarse en un estado donde el crimen organizado lo toca todo.

La gente, organizada y harta, ha salido a las calles a protestar. Tienen razón. Nadie les garantiza hoy ni vida ni patrimonio.

Publicado en: http://www.revistavariopinto.com/vblogger.php?id=185