Por Héctor Saldierna Martínez
Cuando todo parecía marchar como caballo de hacienda y ya se habían aprobado las reformas estructurales, bajo el pacto por México y que había sido un fino tejido político, de pronto todo se ensombreció con la masacre de Ayotzinapa el 26 de septiembre y que casi a un mes de tan graves acontecimientos, no ha existido una respuesta contundente gubernamental.
Se afirma que los grandes conflictos son los que miden las fortalezas de las instituciones, pero en este caso se observa hasta el momento una tímida respuesta. De hecho, en la práctica, no existen respuestas que estén demandando a la pregunta básica ¿dónde están los jóvenes estudiantes?.
Inclusive, la respuesta gubernamental se considera tardía porque llegó hasta los cuatro días y tan sólo con la afirmación que se llegará hasta las últimas consecuencias tope contra quien se tope. Inclusive, el procurador general de al República, Jesús Murillo Karam, ha llevado la parte más álgida porque no ha sido capaz de brindar respuestas a la masiva desaparición.
Estos acontecimientos apenas pueden ser comparados con el alto grado de violencia y brutalidad del 2 de octubre de 1968. La sociedad está pasmada y el conflicto ha escalado a grados inusitados. No sólo es un reclamo nacional, sino que se ha convertido en una reclamación internacional.
El mismo director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advierte que la masacre de Ayotzinapa no tiene paralelo y que México es en Latinoamérica la nación con los más elevados índices de violencia y de inseguridad..
Y es verdad que en la medida en que haya más tardanza en responder al destino de los estudiantes, el descontento en el país seguirá incrementándose porque día con día se han sumado miles de universitarios de todo el país, organizaciones sindicales y magisteriales que no solamente demandan la búsqueda de los estudiantes, sino que han realizado justas demandas en contra de la violencia e inseguridad en el país, que ha sido la tónica de los últimos años.
Alejandro Solalinde, el sacerdote activista, ha mencionado que tiene la relevante información que fueron quemados vivos. Estima que su fuente informativa es confiable y ahora que se presentó ante la PGR, no lo recibieron en principio y posteriormente lo citaron para que ampliara sus declaraciones.
SIGUE GOBIERNO DE
GUERRERO
A pesar que las encuestas ciudadanas se manifiestan por la salida del gobernador Angel Aguirre, éste continúa al frente del gobierno. Por lo pronto ha tenido el respaldo del Senado, con lo hasta el momento no se cancelarán los poderes en la entidad guerrerense.
Históricamente, Guerrero ha sido una entidad conflictiva y ha habido desaparición de poderes en ocho ocasiones. La primera fue en 1917 y la última en 1975. El 30 de diciembre de 1960 hubo una masacre de estudiantes que llevó a la desaparición de poderes, con lo que se configura como un gobierno con grandes problemáticas a través de su historia.
Por otra parte, marca también la correlación de fuerzas en el país y que cuando el PRI fue gobierno era muy difícil que un gobernador no se alineara ante una decisión centralista, salvo el caso del gobierno de Ernesto Zedillo que no logró apartar de la gubernatura a Carlos Madrazo Pintado.
En los siguientes años esta situación se recrudeció y durante la docena panista surgieron los virreyes en los estados, con lo que se incrementó la ingobernabilidad en el país, como parte de uno de sus componentes.
ESTADO AUSENTE
La realidad es que los últimos años el gobierno se ha manifestado ausente de sus funciones sustantivas. Gobierna menos, con lo que se ha acentuado la inseguridad, se ha incrementado la violencia a niveles intolerables, no hay fuentes de empleo y no se observa que la administración esté al pendiente de lograr una mejor calidad de vida y, contrariamente, la población nacional ha incrementado sus niveles de pobreza.
Ha dejado a algunos privados que se encarguen de construir hospitales, con lo que deja de obtener gravámenes y renuncia también al control de la salud de la ciudadanía. Permite que organizaciones empresariales secuestren prácticamente diversas tareas de asistencia social, a la par que descuida sus objetivos fundamentales.
Es también una muestra evidente del por qué ha crecido el caos y la inseguridad en el país. Surgen situaciones inéditas, que jamás nos hubiésemos imaginado, pero que prueba que no hay control mínimo. Hay un desajuste total que podríamos denotar que se vive la era del caos, de la inseguridad y de la época en que nuestros gobernantes se olvidaron de la tarea de gobernar en beneficio de la sociedad.
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FUERZA CIVIL
En el Estado de Veracruz se ha puesto en marcha la Fuerza Civil, un cuerpo de seguridad de élite que, en teoría, debe mejorar los índices de protección en la entidad. En los próximos días y meses veremos sí funcionarán efectivamente. No hay de otra. Los resultados se tendrán que ver en breve tiempo.
La realidad, por otra parte, es que una parte fundamental de fomento de la seguridad tiene que ver con la generación de fuentes de empleo y la educación. Son baluartes básicos y fundamentales de la confianza y seguridad, términos ahora olvidados en nuestro país de estos tiempos.
EfACICO 