Por Raúl González Rivera
En política muchas veces se revierten las situaciones, al grado de quedar exhibidos como simples mortales, poderosos ante el débil, pero miserables cuando caen en desgracia.
El personaje se llama Rafael Castillo, y como director médico del ISSSTE nacionalmente, entre otros de sus desaciertos, estaba el hacer chistes y hablar mal de todos cuantos tienen qué hacer en la institución en cuestión, incluido su lenguaje soez para denostar, minimizar y vilipendiar a los titulares del hospital 20 de Noviembre, el de las especialidades médicas más prestigiado del mencionado sistema y por añadidura, igualmente, de atender a los pacientes que lo necesitan, que llegan de todas partes del interior del país.
Quizá por sus debilidades, no precisamente de quien nació con los cayucos colgándole, el doctor Rafael Castillo ahora es recordado en oficinas de la dirección médica del ISSSTE con singular alegría y satisfacción. Lo fueron, debido a que incurrió en actos de corrupción, que en este momento le están siendo investigados por la contraloría interna de la dependencia y que van desde los cobros indebidos por licitaciones sin licitar y otros favores, que tienen que ver con la falta de equipamiento en los hospitales dependientes del organismo paraestatal indicado primeramente.
Ajeno al juramento de Hipócrates, por un lado, pero insensible al dolor ajeno y metido hasta los codos en la corrupción administrativa del sistema; en estos casi dos años de gestión de gobierno federal, el abandono de los hospitales en cuanto a equipamiento es la constante que se ventila en toda la república. Sin realizar ninguna visita a las instalaciones de rigor, para interiorizarse de sus ancestrales exigencias y necesidades, quienes más tuvieron que pagar esta cuota de agravio, son los pacientes.
Los nosocomios adolecen de equipo suficiente en salas y quirófanos y la tardanza en fortalecer sus farmacias con medicamentos, se llevó días y semanas, sin importarle el dolor humano y, peor aun, la salud de los derechohabientes.
Deshonesto en el ejercicio público, misógino, arbitrario y prepotente, describen de manera amplia el ropaje de que se vestía este oscuro personaje. Si hay algún rezago y abandono de las instalaciones hospitalarias del sistema ISSSTE en el interior del país, se debió exclusivamente al importamadrismo con que el mencionado personaje cubrió la ruta de su administración en los dos últimos años.
Con su cese se abre una moderna expectativa en el sistema en cuestión, pero vea usted que el propio doctor Rafael Castillo está recibiendo una sopa de su propio chocolate, dice el refrán, porque si de galenos y autoridades hospitalarias alguien vociferaba que ante su persona valían un comino, amén de censurar, sin comprobarlo, el papel que juegan funcionarios médicos del hospital 20 de Noviembre de la ciudad de México, fue el calabaza del doctor Rafael Castillo.
Hoy, el oscuro personaje rumia porque no lo escucharon, cuando sugería que uno de sus esbirros pasara a ocupar el cargo del cual fue destituido. Y es que en corrillos del ISSSTE, se cuentan historias, muchas de ellas escalofriantes, de un director médico ladrón e invertido. Esto cuentan los malvados, que son muchos.
* UNA CONSULTA CONTRA
RECHAZO DE LA CORTE
Una consulta a la sociedad mexicana habría completado el ciclo de un ejercicio democrático en un país que se precia de ser plural y de todas las y los ciudadanos y que hacen uso, en estricto derecho, de una demanda que estaba pendiente en el aire y que la Corte, al final del día, disciplinada al poder que manda, negó rotundamente ir a preguntar a los mexicanos sobre el destino de la industria del petróleo.
Una consulta –dice Fernando Savater, intelectual de todo el mundo–, habría sido muy interesante, sobre todo porque en estos días vivimos un estado demócrata. Ir a la gente y cuestionarla acerca de los temas que más inciden en sus labores y quehaceres cotidianos, confirma el sistema democrático que se vive.
No hacerlo, corresponde a los regímenes de dictadura, como el que a decir suyo, experimentó 38 años ininterrumpidos en España con el generalísimo Francisco Franco. En México se vive una democracia, aunque con la negativa de los ministros de la Corte a poner en la mesa de los debates un tema de trascendental importancia para la vida misma del país, nos hace recordar que Mario Vargas Llosa no se equivocó cuando bautizó al sistema político nacional como la dictadura perfecta.
A qué temerle, cuando la sociedad mexicana ha sostenido un régimen eminentemente de tres poderes, un sistema de partidos políticos y eligió como modo de vida las instituciones emanadas de una práctica democrática.
Una consulta a los mexicanos, habría obtenido un valor agregado insustituible.
Por qué no escuchar la opinión de una fuerte suma de mexicanos, que comparten junto con Morena y el PT y el PRD, puntos en contradicción acerca de un tema o rubro de especial impacto en la vida nacional, como es precisamente el de los hidrocarburos, más aun cuando los mexicanos pagamos más pesos y centavos por el litro de gasolina, que los gringos en territorio de la Unión Americana.
No hay que olvidar que el régimen de turno confronta una grave situación de crisis, debido a la baja popularidad del mismo, virtud evidentemente a los conflictos que encara en este momento como son las ejecuciones de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural «Raúl Isidro Burgos» y, por supuesto, lo agrio que deja como sabor de boca al cardenal de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, un cuestionamiento como el que realizan los muchachos del Instituto Politécnico Nacional, para transformar a su institución, con base en la dinámica de un plan de estudios ad-hoc y que responda a las exigencias de quienes habitan en este país.
Empero, los ministros de la Corte, curiosamente niegan a miles de los mexicanos, que habrían querido escuchar y participar en una consulta, porque ese es el papel, que se juega en una democracia, no menos.
* DANIEL RUIZ MORALES
Y LAS CHAMBAS DE BASE
Una insólita queja puso de relieve en los medios el presidente del tribunal estatal electoral, Daniel Ruiz Morales, y que involucra en su señalamiento al también titular del tribunal superior de justicia, Alberto Sosa, porque el primero de los citados lamenta que sigue esperando la autorización de sus bases para más de 60 trabajadores del tribunal electoral.
Lo que comenzó siendo un asunto de mero trámite burocrático, cayó en la cuenta de que no lo es tanto, ya que se trata de la seguridad laboral de poco más de medio centenar de trabajadores, que están con un pie adentro de la dependencia y otro fuera.
Y es que el presidente del TEEV ha dicho que presentó la correspondiente solicitud, a la que acompañó con la documentación de rigor o que exige la ley en la materia, pero que su autorización corre por cuenta del presidente del tribunal superior de justicia, el cual se ha negado sistemáticamente a hacer caso de esta demanda, que ya corrió un año sin que haya el poder humano que le responda a Ruiz Morales su gestión.
Obviamente, la negativa de Beto Sosa alertó al ex juez de lo penal Daniel Ruiz, quien a todas luces guardó silencio, no obstante que algunos de sus más cercanos colaboradores han advertido que realmente lo que falta es dinero y, por otro lado, el TEEV corre el riesgo de cerrar puertas el año entrante con motivo de la reforma en la materia y que se presume tendría que desaparecer al tribunal electoral judicial y por supuesto al Instituto Estatal Electoral que preside la abogada Carolina Viveros García.
Este se asemeja a un pleito quintopatiero que representan dos contendientes con algún peso burocrático, se debe al reparto del jugoso presupuesto que ampara el ejercicio desde la justicia estatal. Uno a pedir y el otro a no dar, en tanto alrededor de setenta empleados, profesionales unos y de la trinchera secretarial otras y otros, con los cabellos de punta, confían en que pronto se llegue a un acuerdo, antes que arranquen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque después ellos mismos presumen que Dios los ampare, porque ni encomendándose a éste obtendrán la seguridad jurídica en sus chambas que les ofreció Daniel, pero Beto no les dice cuándo.
Aunque, por otro lado, aun siendo trabajadores interinos, pueden inspirarse en el ejemplo que les deja la lucha jurídica que emprendieron hace siete años las dos trabajadoras vejadas antes, corridas también de las oficinas del Congreso local, pero que no permitieron el vasallaje, se fueron a juicio y lo ganaron, consistente en siete millones de pesos, que arroja como monto el pago de salarios caídos y demás prestaciones de ley, que más temprano que tarde podrán cobrarlos hasta el último centavo, porque solo es cuestión de espera.
Porque si no ocurriera, el sistema judicial todo urgiría de un cambio radical, así como se pretende acabar con la tortuosa, lenta y comerciable justicia penal, con los mentados juicios orales. Esperemos.
EfACICO 