Por José Luis Pérez Cruz
La determinación del no ejercicio de acción penal contra la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David por presuntos ilícitos en la edificación de la obra del puente Capoacán ha evidenciado el negligente uso político que le dieron sus enemigos al caso.
El litigio que inició el 15 de octubre de 2010 ante la Agencia Segunda de Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y que fue presentado inicialmente por un grupo de seis regidores minatitlecos, culminó la semana pasada luego de llevarse a cabo durante más de cuatro años la revisión de pruebas documentales públicas y presenciales para el esclarecimiento del caso.
El 14 de enero de 2011 se amplió la denuncia por parte de los ediles.
Una pelea legal que siguió su curso en la presidencia de Leopoldo Torres García y que fue retomada en la administración de José Luis Sáenz Soto por la regidora Isabel Morales Aguirre y una comisión presidida por el síndico Martín Gracia Gómez y otros tres regidores más.
La misma incluso fue ratificada el 29 de julio de este año con más efectos mediáticos que legales.
Morales Aguirre salía a diario en los medios de comunicación a significar el hecho.
Sin embargo las diligencias ordenadas en la investigación ministerial número FESP/453/2010/11 y su acumulada FESP/245/2014/IV certificaron, entre otras cosas, que el contratista se obligaba a iniciar la obra a partir del 18 de agosto de 2010 y concluirlas el día 13 de febrero de 2011, esto es 180 días. Claro está ajustándose al contrato de trabajo elaborado de acuerdo a su propuesta de concurso.
La resolución de la Agencia Segunda de Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, asegura “que en su carácter de presidenta municipal Porras David le tocó conocer el proceso de la misma durante los meses de noviembre y diciembre de ese 2010 en virtud de que su periodo de administración concluyó en diciembre de ese año, por lo tanto le correspondía a quien la sustituyó observar y exigir el cumplimiento del contrato referido, en este caso al también ex alcalde Leopoldo Torres García quien fue quien canceló la obra…” palabras más, palabras menos refiere la explicación legal del caso.
De acuerdo al ministerio público es improcedente entrar al estudio de algunos apartados expuestos a partir de que lo denunciado no son actos constitutivos de delito.
Tiempo y dinero fue lo que invirtieron funcionarios de tres administraciones municipales en Minatitlán en intentar asestar un golpe político a partir de acusaciones poco sustentables.
En la vida todo es cíclico.
El refrán popular reza que “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana…”, ya el tiempo y las circunstancias lo dirán.
Con esto, por lo pronto Porras David impedirá que esta Navidad más de una deje de ser “la estrella” de los medios de comunicación.
AL OÍDO
A propósito de la regidora minatitleca Isabel Morales Aguirre, quien parece que le tiene puesta la zapatilla en el cuello cada vez que aparece frente a ella en una disputa electoral interna dentro del PRD, es la ex candidata a la diputación local Gabriela Juárez García.
La carismática ex presidenta del DIF ha acomodado tremendas felpas a la edil en las dos últimas competencias por la dirigencia local.
Ya la quiere Joan Sebastian y la Casa Pedro Domecq, salió buena para “domar potras”.
Fuera de la fotografía y sin tanto ruido, Juárez García va fortaleciendo día a día su capital político, por cierto, de los pocos que tiene el perredismo en el sur. No la pierdan de vista.
EfACICO 