Por Héctor Saldierna Martínez
Parece interminable la crisis gubernamental que se gestó hace más de 120 días y a pesar de los esfuerzos oficiales, estos han quedado por debajo de las expectativas al no contar con la capacidad y credibilidad de argumentación ante los hechos dolorosos de Ayotzinapa que han flagelado la conciencia del país.
Quien en ese momento haya menospreciado la desaparición y tal vez muerte de 43 normalistas, jamás se imaginaría las consecuencia tan desastrosas al grado de atropellar prácticamente el autodenominado proyecto de nación, a partir de la confección de una serie de reformas que tenían su fundamento en los núcleos de alto poder.
La evidente demostración de descontento y que es un hecho que jamás se olvidará, marcó ya al gobierno de Enrique Peña Nieto que había empezado con una exitosa gestión y que había convencido, con oficio político, a las diversas fuerzas opositoras que lo ayudarían a la aprobación de reformas estructurales.
Todo iba bien. Hasta que se atravesó un grupo de estudiantes normalistas que tuvieron un encuentro con la policía municipal de Iguala y de ahí el caos gubernamental. Desde entonces, no ha habido un argumento contundente que convenza a los padres de los normalistas que sus hijos están muertos.
La PGR insiste en manejar el argumento que los exterminó un grupo delincuencial, que los quemaron en el basurero de Cocula y después los tiraron en el río, tesis que se derrumba ante las reflexiones de científicos, los que señalan que un cuerpo humano no puede ser incinerado con el fuego de las llantas, sino que tiene que ser un procedimiento más sofisticado.
El asunto es que Ayotzinapa ha ido escalando como una bola de nieve. Cada día se unen más sectores de la población ante el justo reclamo de los progenitores de los normalistas. Este lunes 26, en el Distrito Federal, miles de personas desfilaron por las diversas coordenadas de la capital y convergieron en el zócalo capitalino. Es un movimiento que ha ido cobrando conciencia y que, en esta última fase, se adhirieron católicos, evangelistas y religiosas.
En la medida que el gobierno se tarde más en resolver esta problemática, es decir, con la aportación de argumentos claros y confiables, el descontento social se incrementará en mayor medida y alcance. Por lo pronto, se está afinando el procedimiento para exigir justicia en la sede del Tribunal de Ginebra, lo que evidentemente seguirá afectando la imagen de México.
CAMBIO DE POLITICA
Y DE PLANES
Sí se quiere interpretar adecuadamente el fenómeno de Ayotzinapa, las autoridades federales ya deberían haber entendido que el horno no está para bollos. Es urgente y necesario que adopten cambios en su estrategia. Deben ya estar convencidos que la ruta que marcaron no coincide, para nada, con los mismos objetivos que pretende el pueblo de México.
Precisamente ya se habla de una Refundación del Estado y en este tema están trabajando muchos distinguidos ciudadanos e intelectuales que consideran que es conveniente reencauzar al estado mexicano y buscar nuevos caminos que permitan su viabilidad.
Proseguir por el mismo camino que dictaron las autoridades en base a sus modificaciones constitucionales nos podría llevar hacia un abismo sin límites. Es decir, permitir la agresión hacia la naturaleza, explotar al máximo los recursos naturales e incrementar la pobreza de la población, lógicamente que sería en este contexto que ahora vivimos, sencillamente suicida.
Las reacciones populares son resultado de una serie de eventos que han ocurrido en los últimos meses. Los legisladores, que han sido la herramienta utilitaria en estos meses para llevar adelante una serie de reformas, han logrado obtener un descrédito total y no son vistos ni aprobados por la ciudadanía.
SALARIOS INDIGNANTES
A consecuencia de la baja del petróleo, que ahora alcanza cerca de los 37 dólares por barril., cuando en junio de 2014 todavía superaba los 100 dólares, el gobierno federal ha adoptado la determinación de hacer un recorte al gasto público. Habría qué analizar qué rubros serán los más castigados.
Sin embargo hay un punto que debería ser de referencia y tema obligado para que se adoptara una decisión: disminuir abruptamente los megasalarios de los funcionarios de alto nivel del gobierno federal, gobernadores, ministros de la corte, diputados y senadores.
Son salarios que constituyen una bofetada al salario mínimo que gana un trabajador y que es de 70 pesos diarios, con los que no tienen ni siquiera la posibilidad de llevar una cantidad digna ante una canasta básica que cada día se incrementa. Esto sí constituye una afrenta que debe remediarse.
Son millones los trabajadores que tienen salarios más que modestos, en contraste con las grandes cantidades millonarias que obtienen funcionarios de la clase dorada, que además reciben bonos por su desempeño y viáticos adicionales.
Esta tesis está respaldada por el Obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, quien indica que son un agravio los elevados salarios de los funcionarios y legisladores.
EfACICO 