
Echando mano del Luigi Ferrajoli (Pasado y futuro del estado de derecho, 2009; Poderes salvajes…, 2010; Garantismo y derecho penal…, 2011) como paraguas teórico referente al garantismo jurídico vuelto esencia de un Estado Constitucional de Derecho, Sergio González Rodríguez afirma en el ensayo Campo de guerra, ganador del Premio Anagrama 2014, que si nos apegamos a lo largamente trabajado por el jurista florentino autor del ya clásico Principia iuris. Teoria del diritto e della democracia I, II, III (2007), “un Estado que incumpliera sus preceptos constitucionales sería un Estado sin Derecho, aunque se apegara al formalismo legal en sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial… [y que tal] es el caso de México, donde las autoridades incumplen y vulneran preceptos constitucionales, incluso desde sus propuestas de reformas jurídicas con la complicidad del poder legislativo.” (19) Y al no existir ese Estado Constitucional de Derecho desaparece entonces la posibilidad de que éste se autocorrija y se prohíjan situaciones y circunstancias donde se vincula lo legal con lo legal, a la sombra de “un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un an-Estado… [o sea] la privación y negación del mismo.” (21)
Mediando el año pasado y luego de leer el sólido trabajo del buen Sergio, este perpetrador de querencias reafirmadas en reunión amistosa bajo los efluvios del Cardhú, exponía que si bien los viejos y míticos pactos llevados a efecto durante décadas por los gobiernos priistas -y el primero de los panistas- con los carteles del narcotráfico mantuvieron la paz y la violencia en las calles era aleatoria, dicho acuerdo fue también el caldo de cultivo para la acumulación de fuerzas -económica, militar-, la diversificación de actividades y la penetración de los carteles -ya vueltos complejas industrias criminales- en toda la estructura política, militar, policial, empresarial y bancaria mexicana; y por supuesto trasnacional y multinacional. Fue así que al intentar el segundo gobierno de cuño panista legitimarse vía el uso de la violencia del Estado vuelto una, Aquille Mbembe dixit, <máquina de guerra>, encontró al frente otra <máquina de guerra> con una enorme capacidad de fuego, además de que también el presunto enemigo estaba instalado de tiempo atrás en los tres poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno, en la empresa, en la banca, en los mass media, en… medio quedó la población, devenida estadística y parte del eufemismo <daño colateral> en la guerra emprendida por el eufemismo ocultador de la perdida de legalidad parcial del Estado en amplias zonas del territorio: el tal <Estado fallido>.
Hoy, más acá del eufemístico Estado fallido como término al uso por doquier y sin sustento, así como de la violencia generalizada como acompañante fiel de la sociedad nacional, lo que se concreta en la cotidianidad a ras de calle es una repelente realidad en la cual se insertan variopintas prácticas ciudadanas instaladas de facto en la ilegalidad y que convalidan al an-Estado: ese ente que se priva de ser y se niega a sí mismo por la incapacidad de poner orden, por ejemplo, en cuestiones aparentemente nimias, pero que construyen las circunstancias vitales del citadino -y de la citadina, no vaya usted a creer que…-, como el uso del suelo urbano; en la circulación peatonal y vehicular; en la calidad del transporte privado, que no público porque no lo ofrece el Estado aterrizado en los gobiernos estatales o municipales, como debería, sino particulares-; en el usufructo que de las aceras/banquetas hacen restauranteros y cantineros; en la apropiación/entrega de las calles por/a franeleros y <parquimetreros>; en… Prácticas todas que en nuestro patio veracruzano muestran la ausencia de respeto absoluto de los abusadores al gobierno del estado en general, a los gobiernos municipales en particular y al poder ejecutivo en especial.
Bajo tales circunstancias este perpetrador de rutas citadinas, que hace camino al andar por fuerza de ser peatón y que aspira a ser un Robinson urbano, sabe bien que los empresarios del transporte -taxis y autobuses- no respetan las tarifas y el usuario tiene que pelearse con el abusivo taxista que aumenta el costo oficial de la carrera, más acá de que días atrás un dirigente de taxistas haya declarado que ellos ya habían aumentado las tarifas y que el gobierno del estado lo que tenía que hacer ahora era nomás legalizarlas; y ha atestiguado también cómo los conductores de los destartalados autobuses no respetan los $5:50 que cuesta el transporte para estudiantes y mayores de sesenta años, con el cínico recurso verbal de que ellos cobran $6.00 o de que no traen boletos con descuento porque no les dio el patrón. Ha tenido este perpetrador de himnos a los deportes de invierno que hacer también slalom cuasi gigante para evadir las sillas y mesas instaladas por restauranteros y cantineros en las aceras/banquetas de calles y avenidas. Y podría seguir el presente laico rosario de atropellos a unos ciudadanos por parte de otros ciudadanos que lo hacen impunemente al no tenerle nadita de respeto a un gobierno errático por inane, el cual cuando responde porque el agua le está llegando a los aparejos termina reprimiendo dada su sensibilidad de caterpillar y su precario talento.

