Por Ricardo Ravelo Galo
–El narco lanzará candidatos
–Nadie controla el dinero sucio que llegará a las campañas
–La impunidad ya es escandalosa
El proceso electoral del próximo 7 de junio se vislumbra plagado de nubarrones por la fuerte presencia del narcotráfico y del crimen organizado en general que acecha por todas partes.
Caliente todavía por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –cuyos restos aún siguen siendo buscados en el basurero de Cocula y en otros sitios más –el estado de Guerrero parece ser junto con Michoacán y posiblemente Tamaulipas tres de los estados que pueden enfrentar violencia extrema, justamente porque las redes de varios cárteles están en abierta disputa por el control territorial.
En Guerrero, el cártel de Guerreros Unidos –escisión del cártel que comandaban los hermanos Beltrán Leyva – está bien posicionado y no sólo eso: está bien protegido por una amplia red de policías y autoridades municipales, de ahí la crisis de gobernabilidad que vive ese estado del Pacífico, donde incluso se trata de impedir que a toda costa haya elecciones el 7 de junio próximo.
Además de los problemas de inseguridad que padece, Guerrero no encuentra la paz ni el equilibrio a pesar de que cambió de gobernador. Continúan los desmanes, las protestas violentas y las exigencias a las autoridades por parte de los deudos de los desaparecidos para que los 43 estudiantes normalistas aparezcan vivos o muertos.
Pero de unas semanas a la fecha, al notar que las autoridades no pueden localizar a los estudiantes ni sus restos –en caso de que estén muertos – exigen que los regresen con vida. Y los padres de familia no escatiman esfuerzos para realizar protestas por todas partes, incluso en las instalaciones militares (los cuarteles) donde presumen que pueden estar escondidos bajo argumentos desconocidos hasta el momento.
Ante ello, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, reaccionaron de inmediato. El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, en conferencia de prensa, dijo que no existe ninguna evidencia ni dato fehaciente que acredite que elementos del Ejército Mexicano hayan participado de la presunta masacre y desaparición de estudiantes; también negó que los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 estén recluidos en cuarteles militares.
Y enseguida la Sedena dispuso que los padres de los desaparecidos puedan visitar todos los cuarteles militares para que constaten que no están recluidos como se piensa.
Este conflicto, que parece haber rebasado a las autoridades, ha puesto en riesgo la elección en Guerrero, pues diversos grupos de manifestantes les exigieron a decenas de empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) que no celebren elecciones en Guerrero porque, dicen, no existen condiciones para ello.
Una situación similar enfrenta el estado de Michoacán, donde el crimen organizado también ha trastocado la vida pública toda desde hace varios años. Cuando Fausto Vallejo -el gobernador defenestrado por sus presuntas ligas con el narco- fue electo para ocupar la titularidad estatal brotaron claras evidencias de que aquella elección la había ganado el PRI con el apoyo del crimen organizado.
Algunos delegados priistas que apoyaban a diversos candidatos a presidentes municipales y diputados, tuvieron que salir huyendo de decenas de municipios cuando se enfrentaban a los narcocaciques,quienes gritaban a los cuatro vientos: “Aquí no hay de otra. Aquí va a ganar fulano de tal y nuestra palabra es ley pésele a quien le pese”.
Ante tal advertencia, los delegados del PRI salían huyendo de las demarcaciones pues temían por sus vidas ante las amenazas del narcotráfico.
Otros estados como Tamaulipas también enfrentan agitaciones por parte del crimen organizado.
Son entidades que no han encontrado el equilibrio ni la gobernabilidad, pues en buena medida son estructuras gubernamentales infiltradas, con policías que sirven a los intereses mafiosos y sin ningún tipo de control por parte de autoridad alguna.
Las del 7 de junio serán las elecciones del narcotráfico. De esto no existen dudas porque, hasta la fecha, ningún partido político se ha pronunciado por establecer controles –y/o supervisar a sus candidatos –sobre los dineros que llegarán a las campañas, cuando se sabe que muchos criminales invierten en determinados candidatos a presidentes municipales con el fin de ganar impunidad.
De esta manera más de medio país está gobernado por autoridades ligadas directa o indirectamente a la mafia y esto lo sabe el presidente Enrique Peña Nieto, quien sólo se ha extrañado del fenómeno pero nada hace por evitarlo.
Y qué se puede hacer cuando dicha estructura de poder fue la que en 2012 llevó a la Presidencia de la República al grupo que actualmente nos gobierna.
Si al presidente Peña Nieto se le ocurriera investigar y castigar a los políticos corruptos y vinculados al narco, habría que analizar quien podría cerrar la puerta.
La política hoy es una actividad infiltrada por las mafias. Por ello el nivel de impunidad en México ya alcanzó niveles de escándalo. Lo peor de todo es que nadie hace nada por evitarlo, como si el país marchara por buena ruta.
Publicado en: http://www.revistavariopinto.com/vblogger.php?id=259&secc=6&titulo=7-de-junio-elecciones-bajo-fuego
EfACICO 