Por Héctor Saldierna Martínez
Resulta que la reforma energética que con tanto énfasis ha promovido el gobierno federal no tiene la etiqueta nacional. Ha sido el sitio Desmog que en base a la revelación y desclasificación de correos de 2009, denuncia con todas las señales que Hilary Clinton, entonces del ministerio de Relaciones Exteriores de EU y Carlos Pascual, el entonces embajador de EU en México, fueron pieza clave para el diseño de tal programa energético.
Queda entonces en plena evidencia que desde el gobierno de Felipe Calderón se estaban cocinando estas reformas que, a pie juntillas, siguieron aplicando con todas las facilidades en el ahora gobierno de Enrique Peña Nieto.
Siendo así que la reforma energética surge desde la embajada de los Estados Unidos, que ha sido siempre la cuna de los más diversos movimientos y que incluso propician acciones de desestabilización política en diversos paísesl, no resulta nada fuera de la realidad que esta reforma haya sido redactada, promovida y sugerida desde esos niveles foráneos.
Es un asunto de verdadera importancia porque habría de analizarse más a fondo esta situación en virtud que todavía en diciembre de 2013 se estableció la modificación al marco y normativa constitucional para la entrega del patrimonio petrolero hacia la apertura privada, cuyos beneficiarios principales apuntan evidentemente a las compañías trasnacionales.
Es curioso, pero como señala la letra del tango, la historia vuelve a repetirse, es el año que coincidentemente 1913 en México que se produce la gran traición de Victoriano Huerta, el usurpador que mató y derrocó al presidente Francisco I. Madero. Y ahora, en ese mismo año, un siglo después, se aprueban leyes que modifican el ideario del constituyente al concebir los recursos naturales como patrimonio del país.
Pocos años después y durante el mandato de Alvaro Obregón existen versiones, algunas tal vez exageradas, pero que hablan sobre el Tratado de Bucareli, el cual manifiesta en su esencia que nuestro país se doblegó ante los Estados Unidos al aceptar que no se fabricarían piezas industriales o invenciones que fuesen a constituir un riesgo hacia el poderoso vecino.
Es decir, las políticas gringas siempre han sido de sometimiento a los gobiernos de México y dependiendo de quienes gobiernan, entonces han sabido mantenerlos doblegados. Sin embargo, en el tiempo que ahora nos ocupa, se ha llegado a un extremo de graves proporciones que sólo es equiparable a las peores y execrables épocas.
Afortunadamente para México la historia también revela que han surgido liderazgos en su momento que han sabido defender la integridad del país y de la patria, término que por ahora no tiene el mínimo significado.
PROSIGUE LA PRESION SOCIAL
CONTRA VENTA DE SAS
Han sido diversas organizaciones sociales que han salido a las calles para inconformarse ante la posible venta de SAS a una dudosa compañía de Brasil, cuyos manejos financieros han sido exhibidos no solamente en su país, sino a nivel internacional.
La decisión ahora está en manos de los diputados locales que, por cierto, no han sabido adherirse a las causas sociales. Sería el momento que pensaran en su entidad y en sus pobladores. No se puede legislar en contra de su propio pueblo, porque entregar la administración del vital líquido a una empresa extranjera, de entrada, constituye ya una aberración.
No todo puede ser negocio en la vida, sino que deben prevalecer los valores y reflexionar que este tipo de negociaciones van en contra del mejor espíritu de servicio y bienestar hacia la población.
Existe una documentada historia sobre las compañías que pretenden manejar el agua en Veracruz. Tanto Odebrecht como Aguas de Barcelona no tienen prestigio. En Saltillo, Coahuila, donde opera la segunda, se encuentran ante la posibilidad de retirarles el contrato por sus deficientes servicios y por abusar en el incremento de la tarifa.
Es necesario poner un límite a tantos abusos oficiales en contra del pueblo, que sólo en teoría son los verdaderos detentadores del poder y soberanía de la nación.
Y hasta la próxima.
EfACICO 