por Rodolfo Calderón Vivar
Existe, a mi parecer un gran parecido entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el presidente Enrique Peña Nieto, ambos han tenido un pésimo manejo de comunicación pública. Los dos, incluso, son juzgados, vilipendiados y descalificados no solo a través de medios de comunicación formales, ya sea impresos o electrónicos, sino, por supuesto a través las redes sociales, vorágine de la multitud de voces, algunas anónimas, que día a día van generando una opinión amplificada en diferentes sectores de la sociedad a ella conectada, según el estado de ánimo, corriente política o perspectiva muy personal de lo que quiera decir de ambos personajes.
A Javier Duarte de Ochoa, que por diversos hechos de su función pública o de algunos discursos desafortunados se le ubica con una imagen pública con un descrédito constante, debería preocuparle a quienes ha puesto al frente de su administración estatal como encargados de sus áreas de comunicación. Es a ellos a quien debe recriminar, pedir cuentas, regañar en privado, o evaluar, por parte de ese descrédito que tiene a nivel nacional o internacional.
Su conflicto con los periodistas proviene de una primera cobertura de comunicación social desde gobierno que poco a poco fue aunando al recorte de apoyos financieros a periodistas, forma acostumbrada del modelo de negocio que se estila en la prensa mexicana, una táctica de presión directa a redacciones que incluían censura y, en muchos casos presión para despedir reporteros, según casos citados en los medios, que dieron pauta a generar una pésima imagen de relaciones públicas del gobernador veracruzano.
Si a eso aunamos, los casos de homicidios de periodistas como Regina Martínez o Miguel Angel López Velasco «Milo Vela», Yolanda Ordaz, Noel Vázquez Olguin, por citar a solo los primeros que ya casi llegan a la veintena, de una serie de asesinatos que aunados a endebles investigaciones, contaron, con el agravante del pésimo manejo de prensa que en su primera etapa de gobierno tuvo Javier Duarte de Ochoa, para provocar que muchos de esos casos fueran atribuidos a él, sino de manera directa si indirectamente, mediante una bombardeo desde las trincheras de todos los enemigos de la prensa, cortados de la ubre estatal, que se convirtieron en los primeros en generar un ambiente de especulaciones, juicios mediáticos y acusaciones categóricas para comenzar a demoler la imagen del gobernador, como respuesta a las restricciones de beneficios económicos del área de comunicación social
Pero también a ellos habría de aunarse una política de comunicación institucional visceral mediante estrategias de filtración a los columnistas beneficiados de su régimen, que procuraron descalificar y descalificar a los periodistas críticos, dándoles el nombre de los malquerientes. ¿Qué tipo de estrategia de comunicación de relaciones públicas gubernamental pueden tener buenos resultados, amarrando navajas entre periodistas contratados y periodistas despedidos de las nóminas confidenciales del gobierno?
También habría que abonar un pésimo apoyo de asesores y funcionarios y allegados, que no tuvieron tamaños para tomar previsiones y aconsejar al gobernador Duarte sobre las graves deficiencias de la comunicación estatal gubernamental. Al contrario, expusieron aún más al gobernador, con una conducta hedonista, blanco fácil del ataque periodístico, sin el control de una buena red de comunicación social.
Como el presidente Peña Nieto, Duarte es acusado, juzgado y desprestigiado sin más prueba que la suposición ingenua o mal intencionada. Hasta ahora no se le puede acusar más que de mantener en su posición a Procuradores ineficaces en el desarrollo de la procuración de la justicia, así como a otros funcionarios, igual de ineficientes, pero además evidentemente corruptos. Así como también de expresar discursos desafortunados, que hacen cumplir el viejo refrán de que el pez por la boca muere.
La función de una oficina de comunicación gubernamental es construir una identidad pública favorable con base a estrategias de acción y reacción mediática. Su labor es tender puentes entre periodistas y gobierno, no trincheras o fosos para lanzar misíles contra miembros de un mismo gremio, que piensen distinto, por las razones que sea.
Más le hubiera valido al gobernador de Veracruz haber tendido más puentes entre prensa y gobierno, que gastar un presupuesto millonario en una ineficaz Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, donde más de la mitad de sus comisionados solo se dedican a cobrar puntualmente sus sueldos asignados.
A estas alturas, merced al caso del asesinato de la colonia Narvarte en México, una vez más se asocia el gobernador Duarte con el asesinato de un periodista y se le señala, acusa y juzga de manera tal que ya se le señala como origen de un crimen en el cual, salvo prueba en contrario, no hay evidencia directa de su culpabilidad.
Lo grave de lo que pasa al gobernador veracruzano no es esta situación de espera de resultados de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República, sino el riesgo de que sus enemigos provoquen una mayor y definitiva crisis gubernamental, en un futuro no lejano, planeando y ejecutando a un periodista connotado del Estado de Veracruz. Hasta ese grado de vulnerabilidad llega la imagen pública de Duarte, gracias a los responsables de su imagen pública. Crearon al villano mata periodistas más conocido en la historia de Veracruz, con fama estatal, nacional e internacional, sin prueba alguna de su culpabilidad..
EfACICO 