Entre las chambas pendientes de los legisladores locales y los ediles del ayuntamiento municipal de Xalapa figuran los bloqueos y plantones en el corazón de la ciudad, que paralizan la vida social de la misma y generan el descontento de la sociedad, pero que a la fecha siguen sin regularizarse, o si ya se hizo, los permisos y sanciones alguien debe orientar para saber a quién corresponde autorizarlos y aplicarlos, respectivamente.
La molestia popular lleva años sin saber a quién dirigirse para demandarle su atención y que las marchas, plantones y protestas tengan un espacio donde celebrarse, porque la ciudad ha crecido anárquicamente y la ausencia de controles está latente.
Los bloqueos han enseñado a la ciudadanía que, por un lado, hay los que se exceden en el uso de sus libertades de manifestación-protesta y tránsito y los que se exceden afectando el derecho de terceros a transitar por las calles de la ciudad, sin mayores contratiempos generados extraoficialmente. Cierto es que la protesta social tiene su sustento, pero los espacios donde ésta ha de celebrarse deben ser marcados por la propia autoridad.
Evidentemente, la prohibición tajante no cabe, porque la misma debe contemplar los espacios hacia donde encaminar las marchas y plantones. Y que los grupos inconformes gocen de los permisos para hacerse sentir.
Más aun, la ciudad ofrece cero condiciones para continuar tolerando la constante de marchas en el corazón mismo de la capital. Se presumía que la autorización debe correr por cuenta del ayuntamiento, en forma escrita y con los tiempos que vaya a requerir para su celebración.
Bueno sería saber cuántas de estas muestras han sido registradas oficialmente y cuántas han sido contenidas legalmente. Y por supuesto, si algunas demostraciones de fuerza han sido canceladas, que se puntualice a la ciudadanía cuáles y qué demandaban. Y es que se considera que en los últimos años una manifestación diaria de protesta pública, cuando menos, se da en las calles que forman el cuadro principal, sin los permisos de rigor y que alteran el total de la vida económica y social de la ciudad.
Empero, al margen de las explicaciones de uno y otro lado, la realidad es que en las actuales condiciones geográficas, poblacionales y de ambiente, la ciudad difícilmente puede mostrarse complaciente con tantas protestas y plantones como días tienen las semanas y los meses, y que la autoridad, del nivel jerárquico que usted quiera, nada haga algo al respecto para remediar esta vorágine.
Se considera que la ausencia de diálogo y condiciones para la negociación, por un lado, objetan el curso de las demandas sociales, que por su parte gozan de la absoluta libertad para manifestarse, pero siempre afectando el curso y marcha de la capital en orden y con disciplina.

* TLATLAYA PUEDE
QUEDAR IMPUNE

Ahora resulta que no se puede investigar en torno al papel que juegan los militares, porque su jefe inmediato superior, cierto es el secretario de la defensa nacional, encuentra inconsistentes las averiguaciones presentadas por la PGR en torno al otro penoso asunto de los 22 muertos a manos de quienes los balearon impunemente en el interior de unas bodegas en el estado de México.
Es posible que la razón le asista al timonel de las fuerzas armadas, pues de otra suerte expondría al desprestigio a la institución, entre las dos más confiables en este país. El desgaste y deterioro ha sido de las siglas más diversas del orden público y las políticas, y el desdoro evidentemente les acompaña en su casi totalidad, debido a que se han cometido excesos y abusos en detrimento de la población civil, inclusive.
Tlatlaya es el otro lunar que acompaña al actual régimen de gobierno federal, ocurrida la matanza antes de que desaparecieran a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
La puesta en libertad de cuatro elementos de la milicia, hace suponer a los analistas y políticos que el asesinato de 22 muchachos a base de balazos bien puede quedar en la más absoluta impunidad. En este contexto es cuando el ejército niega su participación en asesinatos de esta índole, situación que hiso posible hacer saber la Sedena, inclusive ante los llamados de la CIDH (Comisión Interamericana para la defensa de los Derechos Humanos).
Empero, a propios y extraños, el hecho les hace consentir la idea de que no habrá mayor abundamiento en las pesquisas sobre el caso Tlatlaya, lo cual hace aventurar igualmente la idea de que dicha masacre vaya a quedar en la más absoluta impunidad. Sedena no hablará más ante la CIDH, pues el papel de las fuerzas armadas constitucionalmente es el de ser garante de la soberanía nacional y sólo podrá someterse a las instituciones y poderes en México.
Por otro lado, se asegura que la CIDH está en su deber de investigar los casos en que se hayan violentados garantías y derechos humanos universales, debido a que el país es uno de los firmantes de la carta con que se crea la Comisión en cuestión, lo que garantiza que los estados miembros, igual, se someterán a los veredictos y diagnósticos que los expertos realicen en las naciones donde se dan sucesos como Tlatlaya, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y por supuesto las agresiones y ataques que han estado recibiendo jóvenes universitarios y los periodistas.
Y no se incluye la matanza de Acteal, porque se va a decir en corrillos institucionales que ese asunto ya prescribió, que los delitos de lesa humanidad y genocidio no existían en la Constitución y México estaba al margen de los estados miembros de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sobre todo. Y que, por otro lado, el ex presidente Ernesto Zedillo ya fue cuestionado y denunciado ante instancias internacionales y que la justicia le favoreció declarándolo inocente del bárbaro atentado en que murieron 45 indígenas de la región chiapaneca.
Menos aun, se podría llevar a cadalso al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, corresponsable en la bárbara gesta con que los fusileros, halcones y granaderos del estado mexicano abatieron a varios miles de estudiantes y académicos durante el movimiento estudiantil de 1968.

* COLECTIVO POR LA PAZ,
CUESTIONA A FISCALÍA

Se lamenta el Colectivo por la Paz Xalapa que sólo dos, de treinta casos de desaparecidos, se hayan resuelto, pero con bastantes cuestionamientos.
Carlos Saldaña Grajales, de su visita a la ciudad, dejó clavada la inquietud de muchos, en el sentido de que no hay avances en las indagaciones y que inclusive en sonados ejemplos la fiscalía pretendió dar el carpetazo de rigor.
También a la fiscalía imputan errores, como el de una persona desaparecida, la FGE entregó los restos cremados a sus familiares, quienes consideran que se registraron errores en el peritaje y es el momento en que siguen sin obtener una respuesta.
Cuestiona también el Colectivo por la Paz que la fiscalía siga utilizando métodos en la investigación a base de fotografías, cuando se les había indicado que se utiliza la investigación con tecnología de punta.
El tema de los desaparecidos encarna, sin duda, uno de los espectros de la noticia más escabrosos y preocupantes. El problema es nacional, pero sobre tierras veracruzanas ya suman varias decenas los casos, sin que haya una respuesta creíble por parte de las autoridades policiacas y judiciales.
En repetidas ocasiones este Colectivo, que en verdad hace mucho en la búsqueda de personas desaparecidas, ha buscado el encuentro con el titular de la fiscalía, pero con tan mala suerte que, a decir suyo, nunca han podido entrevistar. Sin embargo, recibieron la noticia de que con el software que donó el Comité Internacional de la Cruz Roja, la fiscalía podría equiparar los mapas genéticos de los familiares con el ADN de los cuerpos hallados sin vida, pero se ignora si ya lo están ocupando en las investigaciones.
Veracruz, desgraciadamente, es una de las entidades donde igualmente han tenido que sortear la desaparición de menores y mujeres adultas. Una cifra exacta no la hay, como tampoco de las que han sido localizadas y devueltas a sus hogares, como tampoco se sabe, a ciencia cierta, si los restos mortales que se vienen presentando a supuestos familiares de las víctimas, son efectivamente los suyos.
El desconcierto social se da porque las pruebas que les presentan no son lo suficientemente confiables, como para que las familias de personas desaparecidas se den por satisfechas plenamente. Esto sostiene el Colectivo por la Paz Xalapa.