Dicen los malvados, que si no hubo moche, sí corrupción,
pero la anulación de estacionamientos en plazas comerciales
operó sólo como llamarada de petate, que ya se sabía que
la sartén por el mango la tenían los empresarios, no los políticos.

Apenas llegan las primeras horas de la noche y la mafia de taxistas –los que le hacen competencia desleal a los taxis tolerados–, asume el control de los accesos principales a los andenes y salas principales de las distintas líneas camioneras que conforman las siglas de prestadores de servicios de pasajeros CAXA, en esta ciudad.
El común de usuarios no lo sabe, porque de alguna manera habría influido con miras a romper con el atraco cometido por taxistas sin ningún control, que suben hasta la principal rampa de la terminal camionera y en franca rebeldía y contra las autoridades autobuseras, e inclusive burlando los amagos de la policía federal, se han apostado indefinidamente ante los pórticos de la central camionera en cuestión.
Entrevistados por este reportero, los taxistas dicen que son libres y que entran hasta la terminal porque lo consideran un derecho para conseguir pasajeros. Esto no quiere decir, que deban estorbar a la circulación y descenso y ascenso de pasajeros que viajan en vehículos particulares. Los guardias de la central de autobuses se los permiten, previo pago de moches y otras mordidas.
Lo cierto es que este grupo de aguzados taxistas irrumpe en zona federal, se adueñan de las entradas a la central camionera, estorban a los automovilistas particulares y realizan una competencia desleal con los taxistas que ejercen sus operaciones bajo un estricto control en la parte inferior de CAXA y, por otro lado, la policía federal hace escasos recorridos por la terminal y todos los días, de las ocho de la noche a las ocho de la mañana, es la misma operación.
Y por si faltara algo, además de introducirse en zona federal y afectar las entradas de las líneas camioneras, cuyos propietarios son particulares, si alguna autoridad se propone coartarles dicho abuso amagan con bloquear las entradas y salidas de la central camionera, lo que afecta doblemente, por un lado a los automovilistas particulares, a los taxistas tolerados y a los empresarios propietarios de las distintas líneas que tienen su asiento de actividades en CAXA.
Es de lamentarse que tanto las autoridades de tránsito estatal, como las federales, no impongan el remedio a una crisis que puede derivar en el constante amago y riesgo de que se puedan registrar sendos choques entre automovilistas particulares y taxistas, que se apostan en los dos únicos carriles de acceso a la terminal de autobuses en cuestión, con la franca intención de arrebatarle pasajeros a los taxistas tolerados, a los cuales el común de usuarios prefiere, en aras de gozar de alguna seguridad que los taxistas libres no ofrecen y que han sido tan señalados por la constante de atracos y malas horas pasados por pasajeros y clientelas, obligadas por las circunstancias y desconocimiento de sus unidades vehiculares.

* TRABAJADORES DE PEMEX,
NO RECUERDAN OTRO SINIESTRO

Trabajadores y algunos jubilados de la otrora empresa que fuera dependiente absolutamente del Estado mexicano, no recuerdan un siniestro de las consecuencias con que se acaba de registrar la explosión en el complejo petroquímico de Pajaritos, que se ubica en terrenos de la municipalidad de Coatzacoalcos.
Trabajar con productos derivados de la química y la física resulta una faena inmensamente difícil, que entraña bastantes cuidados y obreros cuya experiencia sea precisamente en relación con productos flamables a todas luces.
Sin embargo, en esta ocasión los petroleros del pasado y varios del presente coinciden en que un siniestro de las dimensiones como el que acaba de registrarse, no lo recuerdan. Los obreros dependientes de Pemex conocen hasta el último rincón de la petroquímica y saben que, sobre todo en esa área, se deben mantener estrictas medidas de seguridad. En este siniestro ningunos de los obreros muertos ni lesionados pertenecen a la plantilla laboral de Pemex.
Todos correspondían a las nóminas de Mexichem y es la hora en que ninguno de sus representantes ha buscado a los familiares de los obreros muertos y otros lesionados, para hacer las liquidaciones consagradas en la legislación federal laboral y, por supuesto, en las cláusulas de los contenidos del contrato de la empresa privada antes mencionada y los obreros del oro negro. Inclusive, Mexichem a su vez mantiene relaciones contractuales con otras firmas empresariales de capitales privados.
El acceso a las instalaciones siniestradas sigue cerrado para el grueso de familiares de las víctimas mortales y de los obreros, que igualmente siguen a la espera de verse favorecidos con la atención que reclaman y los empresarios y particularmente el banquero máximo representante o dueño de Mexichem, quien habría resultado ganadora de un jugoso contrato derivado de las oportunidades que ahora la IP tiene para pasar a formar parte de las firmas gananciosas con los contenidos de la reforma energética.
Consideran los ex trabajadores de Pemex, que hay el velado temor de que a los obreros siniestrados se les haga a un lado y no se les quieran reconocer sus derechos laborales, haciendo de los desaparecidos toda una estrategia para rehuir los empresarios a tener que cumplir con las cláusulas contenidas en su contrato de trabajo y poder salvar de alguna forma la precaria situación económica en que se concentran, sobre todo tras de registrarse la explosión en el área de la Petroquímica en Pajaritos.

* INFORME DEL GIEI,
DEJA MÁS DUDAS

Finalmente, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), se salió con la suya y deja para la atención de autoridades judiciales y políticas mexicanas el sinsabor de un informe que echa abajo la «verdad histórica» de Jesús Murillo Karam y su pesquisa, con la cual pretendía eludir la montaña de críticas y cuestionamientos, porque a decir de los expertos extranjeros, no hubo tal incineración de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Iguala.
Todo lo contrario, los miembros del GIEI dejan en claro que desde extra-fronteras deberán continuar las investigaciones en torno a la desaparición y, lo más vergonzoso para el grueso del país, que es seguir en la búsqueda sin saber algo acerca del paradero de los muchachos.
Y es que por encima de cuanto se diga y haga de las indagatorias sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, cabe la descomunal pregunta de saber entonces, cómo es posible que a estas alturas, cuando ya van rumbo a tres años de su desaparición o secuestro, las tantas corporaciones policiales y quienes representan la fuerza material del estado mexicano, continúan sin encontrar a los muchachos.
Ya han transcurrido demasiados meses, como para que un estado-policía como es el que suele ser el mexicano, no se pueda descubrir una verdad, que no es la «histórica», porque todas las indagatorias, al final del día, se enredan diciendo que a ciencia cierta se ignora el rumbo que tomaron los jóvenes, y como los cien detenidos por el caso no hablan, por temor a ser aniquilados, el aparato gubernamental queda como el chinito: «nomás milando».
El caso de Ayotzinapa preocupa a todo el país, ya que de por medio se encuentra la duda o credibilidad de las instituciones públicas. Es imposible dar crédito a las versiones que hablan de una incineración masiva y que sus cenizas hayan sido arrojadas a las aguas de un río. Por el volumen de un incendio semejante, es que los expertos del extranjero dudaron que su exterminio haya sido en ese contexto.
Obviamente, el informe del GIEI deja muy mal paradas a las instituciones policiales del país y, por supuesto o ampliación, a las comisiones nacional de derechos humanos y las estatales, que operan caricaturescamente no de ahora, sino de siempre.
Y por otro lado, la ruptura del equipo de especialistas del exterior con el régimen federal, abre las puertas para que desde diferentes puntos del territorio mundial se enderecen las baterías que tratan de exhibir al país no como una entidad forjada de violadores de derechos humanos universales, sino que además hubieran caído en la cuenta de que ante la cerrazón de autoridades públicas, haya sido imposible que el cuerpo de investigadores extranjeros pudieran irrumpir en los siniestros archivos de las instituciones policiales y las siglas defensoras de los derechos humanos, para haber podido dictar un veredicto mucho más sugerente y cargado de fuerte dosis de credibilidad.
La que está haciendo falta a un país, donde continúan secuestros, desapariciones, atracos, feminicidios, corrupción y cinismo,denunció el laureado ensayista, poeta y escritor Fernando del Paso, luego de recibir el Premio Cervantes, durante una ceremonia especial celebrada en el paraninfo de la universidad de Alcalá de Henares, España.