“Duarte se tendrá que poner ante
los jueces, lo tendremos que
llevar ante los jueces y tendrá
que devolver lo que se robaron,
él y sus cómplices”: Yunes Linares.
Por Gonzalo C. López
Lo pasado, pasado está, nos referimos a las elecciones; ahora estamos frente a la innegable realidad de las crisis del Veracruz de hoy y su amenaza para el futuro inmediato de nuestro estado, configura, a todas luces, una situación de emergencia. A las tempestades económicas, a su consecuencia inevitable, la inseguridad primero a la que debe agregarse los resabios políticos que permitió al pueblo encontrar las mejores salidas. Y, todavía más, en ese cuadro tan ominoso hay que advertir también, de grado o por fuerza, la corrosiva presencia de una corrupción generalizada en la cual se considera ingenuidad o demencia la exigencia de poner los escrúpulos éticos por encima de los apetitos de logros materiales.
Arrastramos, tradicionalmente, una costumbre negativa cada vez que se inicia la acción de un régimen gubernamental. Se exhiben como equivocados o perversos todos y cada uno de los actos del gobierno anterior y se denuncian inmoralidades administrativas de los funcionarios que dejaron de serlo.
Estas oportunistas denuncias quedaban, por otra parte y casi siempre, en sólo esa condición, sin embargo, con la consignación de Jesús Reyna ante un juez del penal federal del Altiplano, suman cinco los exgobernadores presos. La investigación de lo denunciado para liberar a inocentes calumniados ni castigar a quienes lo merecían, se convertía en tradición que se multiplicaba y daba vuelo a la desconfianza del pueblo, ante la comprobación de esas denuncias.
El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, cuando ocupó el cargo de Secretario de gobierno con el gobernador Patricio Chirinos, encarceló, en Pacho Viejo, al exgobiernador Dante Delgado y dos de sus colaboradores: Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri, el 17 de diciembre de l996 por el delito de peculado por la cantidad de 450 millones de pesos –hoy serían 400 mil 500 millones-. Estuvo preso un año tres meses, salió libre no por inocente, sino porque el delito expiró y logró un amparo federal que le promovió el abogado Sergio Vaca).
Recientemente, con Reyna, quien fuera gobernador interino de Michoacán a las licencias del titular Fausto Vallejo, están en la cárcel Andrés Granier, que lo fue de Tabasco por una denuncia multimillonaria que abarca recursos federales; Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, por peculado, y Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, en un proceso por delincuencia organizada que aquí, en México, libró, pero en Estados Unidos no, y permanece preso en Nueva York.
Son cuatro priistas, Dante Delgado, Reyna, Granier y Villanueva, y un panista, Reynoso. Tres de ellos por razones de dinero, Dante, Granier y Reynoso, y dos por delincuencia organizada, Reyna y Villanueva. También como referente que data de 2012, cuando en forma simultánea estuvieron en la cárcel tres exgobernadores: Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso Agúndez, de Baja California Sur, y el mismo Villanueva Madrid. Tomás Yarrington, priista de Tamaulipas, sigue prófugo.
Parece oportuno, entonces, aludir a una verdadera campaña de moralización como una de las medidas indicadas para atenuar los males de esta situación de emergencia que vivimos los veracruzanos. Esta vez, las denuncias sobre monstruosas inmoralidades en la adquisición de propiedades; los fraudes en la compra de medicamentos y tantos otros casos de fraude o de onerosa incapacidad administrativa han sido puestas en conocimiento de la opinión pública, pero no se sabe si se investigan por autoridades locales. Hasta ahora la denuncia no pasa de allí. Al escándalo de los hechos que se presumen delictivos no corresponden las investigaciones que los rectifiquen o ratifiquen. Es decir, se difunden los hechos igualmente negativos: el fraude denunciado e impunidad de los defraudadores.
No son pocos los veracruzanos que están seguros de que por encima de polémicas sobre cuestiones ideológicas, a nuestra administración pública y al estado entero le interesa hoy, sobre todo, una faena de limpieza, de rescate de la fe y de la confianza pública en la pulcritud en el manejo de los recursos fiscales y en la conducta intachable de los funcionarios.
Pero para que esta tarea, de los nuevos funcionarios que vienen, no se limite a oportunismos políticos no debiera limitarse a la exhaustiva investigación de los funcionarios que dejarán de serlo, aunque dentro de los términos legales esto sea también indispensable, sino llegar a la vigilancia e intransigencia ante los funcionarios que vienen.
De otra manera, esas denuncias periódicas que se hacen en los primeros días de cada sexenio, hoy de dos años, no deben pasar de ser, para la opinión pública, oportunismos politiqueros. ¿Es una monstruosa e insostenible calumnia que decenas de funcionarios de alto y mediano nivel salen de sus cargos con fortunas privadas que aseguran su tranquilidad y la de sus herederos aunque sus sueldos hayan sido modestos? ¿Es cierto, por otro lado, que ningún funcionario de los tres últimos sexenios cometió o ha cometido peculado ni ha convertido los negocios públicos en fortunas privadas?
Esto parece ser, si se toma en cuenta que la justicia no tomó, en los últimos 18 años, debida nota de un sólo caso ni ha castigado a prevaricador alguno.
Si la corrupción es, en todo tiempo, un cáncer social, ¿cómo podrá ser considerado en estos días y horas de honda crisis? El nuevo gobernador tendrá la última palabra. El pueblo espera que cumpla sus promesas de campaña.
rresumen@hotmail.com
EfACICO 