Una insólita protesta se dio ayer en la plaza de las protestas.
La encabezaron los autobuseros del servicio urbano, que acusan de padecer el acoso de los muchachos que trabajan para el titular de la SSP y, por ampliación, de tránsito del estado.
Le gritaron frente a palacio de gobierno que son perseguidos con el fin de que saquen de la circulación sus unidades destartaladas.
Obviamente, se trata de una medida que debía haberse llevado a la práctica hace años, sólo que las complicidades entre concesionarios y autoridades del SU no sólo se solaparon, sino que autorizaron el centenar de líneas camioneras que se han apropiado del transporte de pasajeros en la ciudad.
Todo esto, con sus acompañantes o anexos del caos vial, la emisión de ruidos, tóxicos y humos, los cuales necesariamente se deben a los autobuses de pasajeros, además de que ostentan dimensiones al grado de que con tres unidades suyas obstruyen la circulación en la calle de Enríquez al resto de los automovilistas y por supuesto a los peatones.
Xalapa, al contrario de otras capitales de entidades en el interior de la república, con sus calles angostas, padece de un tránsito lento, tortuoso y denso, sin dejar de reconocer que es la ciudad más contaminada en el país, después de Guadalajara, Toluca y la ciudad de México.
Sin saber a ciencia cierta qué reclamaban ayer los autobuseros desde la plaza de los desnudos, como se conoce al espacio que lleva el nombre de Sebastián Lerdo de Tejada, y alguna vez fuera el confortable y aireado parque Lerdo, lo que sí trascendió es que tránsito del estado trata a toda costa de echar fuera los camiones largos y pesados de la circulación, para dar lugar a unidades ligeras, con asientos para un número menor de pasajeros y encargadas a conductores altamente capacitados.
Y en este contexto, se lamentan los concesionarios que ahora se les trata con soslayo, sufren acoso y les piden que desaparezca el casi total de su parque vehicular que se conforma con camiones de modelos muy atrasados, destartalados, con dudosas condiciones mecánicas y ajenos todos sus autobuses a las inspecciones de los centros de verificación vehicular, pues este negocio de la Sedema opera exclusivamente para vigilar a los automovilistas particulares.
Más tarde, los chicos de la prensa quisieron entrevistar a los titulares de transporte público para saber cuál respuesta habrían de rendirle a los autobuseros en protesta, pero todo esfuerzo para conseguir verlos fue inútil. Se dijo que más tarde las autoridades responderían con los clásicos boletines de prensa, que en honor a la verdad prácticamente nadie lee.

* NO A LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS MÉDICOS

Salió ya el doctor José Narro Robles, secretario de salud pública en el país, para negar rotundamente que se vayan a privatizar los servicios médicos institucionales, lo que definitivamente contrariaría el espíritu con que se creó el estado, como entidad destinada a ver por el bienestar de la comunidad, en cualquier parte del orbe.
Lo mismo advirtieron directivos del ISSSTE, quienes inclusive aseguraron que iniciarán una campaña entre sus afiliados para hacerles saber los derechos y otros relacionados con la salud humana, a que pueden aspirar a recibir por parte de sus hospitales y clínicas.
Sin embargo, los costos en servicios médicos en los hospitales públicos sí existen, cuestan las camas, cuestan las consultas, cuestan los medicamentos de patente.
La salud pública como la educación, forman parte de las luchas que la humanidad ha mantenido a lo largo de la misma. De otra suerte no se entendería para qué la existencia y justificación del Estado como institución, en torno a la cual gobernantes y gobernados van a sobrevivir en aras de conseguir un escenario de felicidad y relaciones armónicas, entre los seres que pueblan cada trozo de tierra en este planeta.
Sin la prestación de los servicios públicos, el estado se convertiría en una entidad estrictamente gerencial y mercantil y la sociedad, irremediablemente, tendría que operar como su cliente, con lo cual el estado, igual, tendería a su desaparición como tal.
La sociedad se dio el lujo de crear el estado, cuando percibió que se convertirían en una realidad los tres elementos formales cuando pudiera gozar de ostentar un gobierno, tener una población y estar asentada esta última en un territorio suyo. El cual, una vez conformado, tendría por finalidad lograr el bien público temporal.
Es decir, que sin incurrir en el detestable paternalismo, ahora disfrazado a través de los programas sociales, el Estado debe proveer de los satisfactores materiales, incluidos los morales, a la sociedad gobernada.
Este es el pacto al que habría de convocar en la época moderna al mundo europeo de occidente, el genial Juan Jacobo Rousseau. Es el pacto que hoy día, bajo una Constitución escrita, comparten un grupo de individuos como gobernantes y los demás, muchos más, como gobernados, los cuales van a asumir como copartícipes de la entidad estatal, obedeciendo a sus mandatos, con el objetivo de gozar de una existencia feliz, los seres humanos de aquí y en cualquier rincón del orbe.

* DESDE 2014, DIFÍCIL ELEGIR
A UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Lo que ocurre nacionalmente, repercute necesariamente aquí en la provincia, porque antes que nada se deben explicar las cosas como debiera ser, sin dejar de dar cuenta de cómo realmente son.
Dice Mario E. Velasco, abogado, experto evaluador en temas de corrupción y aspirante a la fiscalía nacional anticorrupción, algo que bien vale la pena destacar textualmente, como sigue: «las instituciones que emergen para contrarrestar las acciones corruptoras deben acceder con absoluta transparencia, sin vicios de origen, con un esmero y pulcritud prístinas, para que obtengan la fuerza y capacidad necesarias para enfrentar este mal generalizado que hace que nuestro país tenga los más altos índices de corrupción, según todas las estimaciones internacionales al respecto».
Esto viene al canto porque en Veracruz se busca a un personaje que se haga cargo de la fiscalía anticorrupción, el cual, atendiendo a la propuesta del maestro Mario E. Velasco, ajustaría oportunamente en este rincón de la patria azteca, que es nuestro suelo veracruzano.
Si se quiere poner de verdad un freno a la corrupción, se tienen que atender primeramente los asegunes, destacando sin duda el que tiene que ver con una persona sin ligas partidarias ni grupos de poder, y menos que haya tenido encargos públicos cuando menos en los dos últimos sexenios.
Si no ocurriera esto, la fiscalía nacería muerta, conforme a la opinión del diputado Julen Rementería.
Así como hizo el senado de la república, lanzando una convocatoria para que la sociedad civil hiciera su propuesta y de ésta surgiera la oportunidad para seleccionar a un fiscal, lo suyo tendría que hacerse sobre tierras veracruzanas, lo que permitiría, además, consolidar el estado democrático, plural y ahora metido en la alternancia, como es el de Veracruz.
Hay ciudadanos ejemplares, académicos destacados y profesionales de derecho, que gozan de una acrisolada honradez, que todos los días se enfrentan a los tribunales y fiscales, donde no todos los que despachan son honestos.
Este nombramiento y su transparencia, son fundamentales para que la credibilidad gane espacios a las zonas oscuras –observa Mario E. Velasco–, de los asuntos públicos en México, donde lo que debiera ser una excepción, es una regla. Al tiempo.