
La promulgación de la reforma al Artículo 4° denominado como “Ley de Vida”, a pesar de ponerle análisis semiótico con el objeto de darle la coyuntura de beneficio, resulta que no es tan aceptable una legislación que les niega a las féminas su derecho a decir sobre la continuación de un embarazo, que además, las estigmatiza, sin considerar, paradójicamente, la opinión de las organizaciones oficiales abocadas a darle a la población femenina su derechos humanos.
Fueran desoídas, tanto los grupos de Género oficiales y civiles, provocando el enojo no sólo de ellas sino de organizaciones mundiales que han oficializado el derecho que les asiste para ser ellas quienes decidan abortar o no hacerlo.
Siempre, hemos manifestado que éste acto no tiene nada que ver con lo religioso, sino que es de conciencia personal, sin embargo el clero formó parte de la iniciativa interviniendo en lo que no es de su incumbencia. Nadie puede ser más consiente de la significación de esa decisión que la protagonista.
La repercusión desde un enfoque médico, lo señalan los especialistas, se ha repetido desde tiempo atrás, es de peligrosidad, poniendo en riesgo la vida de la parturienta, si el aborto se lleva a cabo en la clandestinidad.
Lo que tal legislación propiciara.
Los clérigos insisten, son los que han impulsado desde tiempo atrás lo que no deberían de intervenir en un país con el término “laico” en su Constitución.
Esta decisión gubernamental se ubica en un estado donde el índice de muertes por abortos en situaciones insalubres es de miles, las estadísticas así lo demuestran, con el resultado de pérdida de vidas, en muchos de los casos menores de edad, lo que no fue considerado, pudo más la injuria que el sentido humano.
En un enfoque estrictamente humanista debía de haber sido desechada desde la sola idea preconcebida por un hombre cuya administración ha negado la “alerta de género” y la protección a las mujeres.
El artículo de la Constitución Política local quedó de la siguiente manera: “El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas por ley”.
Lamentablemente este sexenio gubernamental de Javier Duarte ha demostrado insensibilidad ante el tema y el resultado fue la aprobación de la modificación al Artículo 4°, realizada públicamente, con la declaración externada en un colegio cuya educación está en manos de la iglesia, rodeado de personajes religiosos.
No hay que olvidar que ese instituto educativo fue motivo de un escándalo el año pasado, que todavía persiste, en relación a la denuncia de alumnas atacadas sexualmente.
Sin embargo, pomposamente Javier Duarte declaró:
“Hoy promulgamos esta ley, y lo hacemos con el voto de la mayoría calificada del Congreso del estado, conformado por la representación política de diversos partidos, a través de sus grupos parlamentarios que aprobaron la reforma; asimismo con el respaldo de 137 ayuntamientos, sobre todo con el consenso de millones de veracruzanas y veracruzanos que hoy atestiguan con entusiasmo y esperanza la incorporación a nuestra legislación del derecho a la vida”
Un análisis somero de la afirmación.
Primero, quién “calificó” a los diputados para ser expertos en el tema.
Dos, los “partidos políticos” son los que deciden sobre lo que compete a las mujeres. Preguntamos, ¿cuándo preguntaron a su sector femenino o a sus representadas, sobre la temática?
Tercero, no se dio a conocer a los veracruzanos un censo, entre la población de sus comunidades, organizado por los 137 ayuntamientos que apoyaron la iniciativa hoy ley. Pregunta ¿alcalde y comuna argumentaron su decisión?
Y por último, “esos millones de veracruzanas y veracruzanos” elogiados por el Gobernador hasta ahora no se sabe quiénes fueron, dado que no existe un pliego petitorio que confirme la aseveración. Pregunta ¿queremos saber quiénes de los ciudadanos solicitaron la iniciativa?
En conclusión.
La legislación está en manos de personajes que no tiene idea de lo que significa lo que aprueban, confirmando la “vox populi” sobre la actuación de los diputados, son “levanta dedos” de lo que se les envía, y lo que es peor oídos sordos de las demandas ciudadanas.
Faltan escasas semanas para que se renueve la legislatura, entra en funciones el 5 de noviembre. La integración de ese espacio legislativo será multipartidista habrá que ver cómo se comportan con ésta ley absurda.
Ya hubo un caso en Tlaxcala, hace tres años, cuando Francisco Mixcóatl expuso que al reformar el código y eliminar causales del aborto no se atiende al principio de progresividad de los Derechos Humanos plasmado en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las modificaciones a la Carta Magna en 2011, lo que se olvidó en Veracruz.
“Por ejemplo, al eliminar la causal legal para interrumpir un embarazo cuando corre peligro la vida de la madre, el Legislativo local desatendió el mencionado principio de progresividad”, abogo el titular de la CEDH
Por más argumentos que se dieran, si es que los hubo en la legislación actual, al penalizar el aborto, negando la criminaliza a la mujer, leer entre líneas la redacción no se puede soslayar que si se criminaliza.
Debo coincidir con Carlos Puig- publicó en Milenio- cuyas palabras acertadas refleja lo que sucedió con la famosa “Ley de la Vida”: “las iglesias abrazaron a Duarte, y Duarte las abrazó a ellas y supongo le dieron el perdón y él, agradecido, les dio su ley”
Deseamos que las estadísticas de mortalidad de mujeres en lo que ellos denominan “respeto a la vida desde la concepción”, no multipliquen las cruces en los cementerios o dejen infantes huérfanos y familiares inmersos en dolor.
¿En qué país vivimos?

