Se llevó a cabo el sexto informe de gobierno, en el que el actual Ejecutivo federal, rodeado de su camarilla de vividores —donde, por supuesto, no faltaron los corruptos en primera fila en la zona VIP—, mantuvo a sus fieles seguidores tras las rejas, impidiendo que se acercaran a los privilegiados de la élite corrupta.
Mientras tanto, en el asta bandera, encapsuladas e invisibilizadas, permanecían las madres buscadoras, a quienes Obrador ni ve ni le importa escuchar.
En contraste con el oasis de mentiras que el mandatario lanzaba a su mundo de seguidores, que por momentos se convertían en focas aplaudidoras, no muy lejos las calles se llenaban de ciudadanos indignados. Eran trabajadores de distintos sectores, pero principalmente del Poder Judicial, junto a madres, padres y amigos, alzando la voz en contra de la reforma, mientras los corruptos aplaudían las falsedades de un presidente que ni él mismo cree.
Cientos de miles de personas, no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional, salieron a repudiar todo lo que Morena y Obrador han saqueado con descaro.
Hoy fue un día de contrastes. Por un lado, Obrador y sus acarreados, junto a su grupo de corruptos, celebraban las fantasías de un país que solo existe en su mente; por otro, el clamor de una ciudadanía que, con sus propios medios, exponía a nivel nacional e internacional la cruda realidad de un país que está siendo desmantelado por una banda de buitres oportunistas.
Obrador y Sheinbaum le intentan cargar el muerto a Rocha Moya
En la maraña de complicidades y engaños que caracteriza al actual gobierno, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum Pardo parecen decididos a lanzar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a los lobos. En el caso del brutal asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, todo indica que ambos están desesperados por cargarle la culpa completa a Rocha Moya, intentando salvar su imagen ante la opinión pública.
Según la columna de Juan Manuel Partida Váldez, las pruebas que incriminan a Rocha Moya en este asesinato son cada vez más contundentes. La Fiscalía Federal ha revelado que Cuén Ojeda no murió en un asalto en una gasolinera, como originalmente se informó. Al contrario, fue torturado durante horas y finalmente asesinado por ahorcamiento, con un macabro montaje posterior que intentaba encubrir el crimen. El cuerpo de Cuén Ojeda, cuando llegó a la clínica CEMSI, ya llevaba seis horas de fallecido, lo que contradice la versión oficial que afirmaba que fue atendido con vida en el hospital.
La Fiscalía no solo tiene en la mira a Rocha Moya, sino también a la exfiscal estatal Sara Bruna Quiñónez y a su sucesora, Claudia Zulema Sánchez, quienes estarían involucradas en el encubrimiento de este asesinato. También figura en la lista de sospechosos el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, acusado de participar en los montajes para proteger a los autores intelectuales del crimen.
Lo preocupante es que, a pesar de las pruebas contundentes que señalan a Rocha Moya y su secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, como responsables de este asesinato, no ha habido consecuencias penales. Esta falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República refleja una realidad escalofriante: la protección política que tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum brindan a estos personajes, asegurando que sigan impunes.
El viaje de Rocha Moya a Los Ángeles, justo el día del asesinato, ha despertado sospechas entre los investigadores, incluyendo al fiscal federal Alejandro Gertz Manero. ¿Fue realmente un viaje de trabajo o simplemente otro montaje más para cubrir sus huellas? Lo cierto es que, mientras el gobierno sigue emitiendo comunicados que buscan tranquilizar a la opinión pública, los verdaderos culpables siguen libres y el sistema de justicia parece paralizado, esperando una orden superior para actuar.
En este México bajo la dictadura disfrazada de democracia, donde casi nada se mueve sin la aprobación del presidente, la impunidad es la regla. Aunque la condena social contra Rocha e Inzunza ya se ha dado, lo que realmente importa es que estos criminales enfrenten la justicia. De lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde los asesinos son protegidos por el poder político y las víctimas quedan en el olvido.
Es hora de que la Fiscalía General de la República actúe con valentía y cumpla con su deber, llevando a los culpables ante la justicia. México no puede seguir siendo un país donde los gobernantes son intocables, y donde los crímenes son encubiertos bajo capas de mentiras y complicidades.
EfACICO 