El conflicto judicial y la potencial crisis institucional en un México que se aventura hacia un revolución pacífica

El conflicto que se prolonga en este periodo transexenal entre disposiciones de jueces federales y el Poder Ejecutivo del país, encabezado por la Dra. Clauda Sheinbaun Pardo, camina sobre los límites de la prudencia y del cuidado de las formas jurídicas en aras de una decisión del congreso que no puede erigirse como poder constituyente basados en el apoyo mayoritario del pueblo.

La pregunta sobre si el poder del pueblo mexicano radica en una mayoría legislativa encabezada por el partido Morena es compleja y multifacética. Por un lado, una mayoría legislativa puede facilitar la implementación de políticas que reflejen las demandas y aspiraciones de la ciudadanía. En este sentido, Morena, al ser el partido en el poder, tiene la capacidad de avanzar en su agenda política y social, lo cual podría sugerir que el poder del pueblo se manifiesta a través de su representación en el Congreso.

Sin embargo, es importante considerar que el verdadero poder del pueblo no solo se mide por la composición legislativa, sino también por la calidad de la democracia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Si una mayoría legislativa actúa de manera autoritaria o desatiende las voces de las minorías, se corre el riesgo de que el poder se concentre y se desvirtúe el principio de representación democrática.

Además, el contexto político en México incluye una serie de retos, como la corrupción, la violencia y la falta de confianza en las instituciones, que pueden afectar la efectividad de esa representación. Por lo tanto, aunque en teoría el poder del pueblo puede verse reflejado en una mayoría legislativa, en la práctica, este poder debe ser evaluado en función de cómo se ejerce y se responde a las necesidades y derechos de toda la población.

La actual crisis institucional en México, derivada de la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, tiene múltiples efectos adversos en el país. Entre las principales consecuencias se encuentran:

1. Erosión de la confianza en las instituciones: La polarización y la deslegitimación de las instituciones pueden llevar a la ciudadanía a perder confianza en el sistema político, lo que debilita los cimientos democráticos del país.
2. Inestabilidad política: La confrontación prolongada puede generar un ambiente de inestabilidad política, dificultando la gobernabilidad y el funcionamiento efectivo de las instituciones. Esto puede traducirse en un aumento de la incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
3. Paralización de la justicia: Si el poder judicial se ve sometido a presiones externas, su capacidad para actuar de manera imparcial y defender el estado de derecho se ve comprometida. Esto afecta la protección de los derechos humanos y la resolución de conflictos.
4. Dificultades en la implementación de políticas públicas: La falta de consenso entre los poderes puede retrasar o bloquear la aprobación y ejecución de políticas públicas críticas, lo que impacta directamente en el desarrollo social y económico del país.
5. División social: La confrontación entre los poderes puede exacerbar la polarización entre diferentes sectores de la sociedad, fomentando un ambiente de confrontación que socava la cohesión social y el diálogo necesario para abordar problemas comunes.
6. Impacto en la imagen internacional: La crisis institucional también puede afectar la percepción que otros países tienen de México, influenciando las relaciones diplomáticas y la inversión extranjera, así como la cooperación en temas como seguridad y comercio.

En resumen, la prolongación de esta crisis institucional no solo afecta la dinámica entre el poder ejecutivo y judicial, sino que tiene repercusiones profundas y duraderas en el tejido social y político del país.

El contexto actual en México sugiere tensiones significativas entre el Poder Ejecutivo y el judicial, lo que podría interpretarse como un signo de cambios profundos en la estructura del poder. La administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, con su enfoque en reformas, podría estar operando bajo la idea de lograr una revolución pacífica a través de legislaciones y modificaciones que impactan el funcionamiento del sistema judicial.

Históricamente, revoluciones pacíficas han buscado cambios estructurales sin el uso de la violencia, empleando métodos como protestas, diálogos y reformas legislativas. Si el gobierno morenista busca implementar cambios que distorsionen los límites constitucionales o el equilibrio de poderes en favor de un mayor control, esto podría llevar a un aumento en la resistencia social y política.

Sin embargo, para que se considere una revolución pacífica efectiva, es fundamental que tales cambios cuenten con el respaldo de la ciudadanía, evidenciadas en consultas públicas democráticas y actualizadas, y que se realicen dentro de un marco de respeto a las instituciones y al estado de derecho. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el impulso a políticas transformadoras y la preservación de las formas jurídicas que aseguren la legitimidad del proceso y la confianza pública en el sistema político. Hacerlo de otro modo es ir generando una olla a presión que a la larga, traerá mas daños que beneficios para las próximas generaciones de mexicanos.