Hace más de dos años, alrededor de las 10 de la noche, sin taparse el rostro, un grupo de hombres vestidos con uniformes tácticos color negro y armas largas, sin disparar una bala irrumpieron en la discoteca; en la pista, amenazantes primero ordenaron quitar la música e iluminar por completo el lugar, después a quienes estaban sentados o bailando les ordenaron colocarse pegados a la pared frente a ellos como si los fueran a fusilar. En una rápida ojeada no encontraron lo que buscaban.
En el segundo piso lo hallaron sentado, en la mesa que ocupaba había dos vasos escarchados con sal, limón y picante. Tras pegarle en la cabeza con la cacha de una pistola y poner las esposas en las manos atrás de la espalda a empujones lo bajaron de la escalera entre palabras altisonantes. Cuando su acompañante, quien regresaba del tocador observó la escena preguntó por qué lo detenían si no hacía nada malo, sin golpearla también fue escoltada a la salida.
En la intervención quirúrgica en menos de tres minutos, a los dos, sin que nadie se atreviera a impedirlo o denunciar el hecho por vía telefónica al teléfono de Emergencias 911, los subieron en una camioneta con el motor encendido, estacionada a pocos metros del negocio.
De acuerdo con medios de comunicación locales, el chico, quien era el único objetivo del comando armado, hasta la fecha no se sabe nada de su paradero; la joven de familia, sana sin vicios y un futuro brillante, permanece desaparecida, ambos forman parte de la estadística de hombres y mujeres, víctimas de las diferentes células del crimen organizado que operan en la mayoría de los municipios de Quintana Roo.
Tras más de 24 meses de la desaparición forzada de la joven sin que su madre, abatida con una tristeza infinita, deje de buscarla a todas horas, el incremento del número de personas levantadas de diversas edades en la entidad es significativo. El ilícito que, sin freno alguno, hasta la fecha no se analiza a fondo a fin de poner en marcha políticas de prevención, se extiende a municipios del sur y la zona maya.
De acuerdo con Red Lupa del 1 de enero al 16 de mayo de 2024, Quintana Roo tiene un registro de mil 213 personas desaparecidas de las cuales 833 son hombres y 378 mujeres, de esta última cifra 272 tenían menos de 18 años, la mayoría -180- era niñas cuando desaparecieron.
Aunado al fenómeno criminal de personas desaparecidas en la entidad, se registra una grave crisis forense; hay más de 800 cuerpos sin identificar y, de forma periódica, las madres encuentran fragmentos y restos óseos, algunos en búsquedas y otros en hallazgos sin identificarse para obtener un perfil genético que ayude a la obtención de la identidad de la persona desaparecida.
En el terreno legislativo, las progenitoras tienen un inesperado aliado y comprometido; los colectivos Memoria, Verdad y Justicia, y Madres Buscadoras, trabajan con el diputado Hugo Alday Nieto, a fin de impulsar la Ley de Desaparición Forzada en Quintana Roo. Según los informes, el objetivo de esta legislación es garantizar justicia, verdad y reparación para las familias afectadas por esta problemática. El proyecto de ley busca complementarse con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada en 2017 a nivel federal.
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