Por Rodolfo Calderón Vivar
Lo menos que debe preocupar a los impulsores de la reforma a la Ley del IPE es el conjunto de la mayoría de amparos que se han enderezado en contra de la ley. Más cuando los fundamentos del mismo están situados en valores superiores como los Derechos Humanos y los Derechos Laborales, tan abstractos o cuasiuniversales que, efectivamente, corren el riesgo de irse a los más altos tribunales internacionales, con los consabidos años de por medio esperando la resolución, o en un escenario optimista, detener el minimo de normas de la la nueva ley, pero no la ley en general, con el riesgo siempre latente del riesgo de la quiebra de la institución.
Hábilmente, los mismos líderes sindicales propician soterradamente que sus agremiados se vayan por el cauce del amparo, sabedores del mínimo riesgo para el gobierno que significa tal acción legal. Y lo hacen, concientes de que su labor es solidaria no con quienes pagan las cuotas de sus organizaciones para que ellos se mantengan como líderes, sino con el sistema político que les han generado puestos políticos para ellos y sus familiares, prebendas económicas y en propiedades otorgados subrepticiamente por parte del propio IPE y la garantía de riqueza familiar que ostentan desde hace muchos, muchísimos, años como representantes sindicales ante la organización que acumula cuotas de pensionistas y pensionados de todo el estado de Veracruz.
De risa es entonces la demanda de amparo contra la nueva Ley del IPE, al menos ha sido lo debe tomar el principal impulsor de la misma, cuando las consignas de los que marchan en las calles mencionan su nombre, entre temerosos e indignados, volcando su energía de desquite a través del insulto o la diatriba, o el mote, o la mofa. Ahi van desde destacadas universitarios, investigadores algunos, docentes otros, otros hasta abogados que no parecen tener más función en este movimiento que plegarse a un formato de demanda de amparo que, ojala nos equivoquemos, debió de tener el visto de los líderes sindicales, previa revisión de quienes realmente los dirigen.
Lo serio, por cierto, radicaría que esos mismos abogados que hoy marchan por las calles pidiendo justicia y reclamando sus derechos humanos, universales y laborales por el cambio de la ley del IPE; se reunieran y decidieran estudiar una demanda penal por malversación de fondos de esa institución que funciona con fines sociales de mantener fondos permanentes para la pensión de sus derechohabientes.
Todo mundo sospecha, y algunos lo saben porque han sido testigos o beneficiarios de las horrendas componendas para disponer de los bienes de la organización, que el IPE está así por el mal manejo de sus directivos, digamos que de 1997 a la fecha, tomando en cuenta la anterior y más reciente reforma a la Ley del IPE, que aseguraba, según sus promotores, el eficaz y eficiente manejo de los recursos para no caer en situaciones de desastre económico como el que ahora pregonan sus impulsores, la misma clase gubernamental que lo administra, aduciendo que la explicación está en las causales argumentadas por otros sistemas de pensiones en el mundo.
Notable resulta que el único que sugirió la posibilidad de investigar la malversación de fondos del IPE, fue el senador José Yunes Zorrilla cuando, recién aprobada la ley, advirtió que si existe responsabilidad del Consejo o de cualquier persona por el mal uso de los recursos, en el IPE o en cualquier otra institución se debe de perseguir. Tal información fue publicada en la prensa veracruzana, claro está con el consiguiente argumento de que, finalmente, él consideraba necesaria la implementación de la nueva ley.
Una demanda penal por malversación de fondos, de 1997 para acá, bien fundamentada ayudaría a dilucidar el como se manejó el patrimonio de los trabajadores que son derechohabientes del IPE, en que se invirtió, en que se gastó, a quién se la prestó y no se le cobró – o no quiso pagar-; a quienes se le vendieron las numerosas propiedades del instituto (si fueron hasta compradores de las mismas notables lideresas sindicales); como se invirtió el dinero y con que ganancias y adonde fueron a parar éstas, quienes y como se administraron sus empresas, En suma, como administró cada director de esa organización, el caudal de fondos que tuvieron a su disposición y de que manera, como consecuencia, si es que así es comprobado -dejemos pues el beneficio de la duda- se causó un hoyo financiero, que hoy se quiere tapar con una reforma al IPE, cargada a cuestas de miles de trabajadores que hoy marchan como zombies, enarbolando una demanda de amparo, mientras los verdaderos culpables del desastre financiero, se preparan para seguir «administrando» la institución.
EfACICO 