Por Héctor Saldierna Martínez
Afirma un dicho popular que en el pecado se lleva la penitencia. Esto tendría que ver con varias de las acciones gubernamentales que se han implementado en el país desde hace varios años. Se podría afirmar que desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1977.1982) el Estado ha ido abandonando, paulatinamente, sus funciones sustantivas que le otorgan su razón de ser.
No iremos directamente hacia las definiciones conceptuales sobre la importancia de lo que es un Estado, pero la realidad es que desde esa etapa de gobierno, se han ido desplazando varias actividades que por siempre han pertenecido a la autoridad, pero que por comodidad u otro razonamiento, ha resultado finalmente contraproducente.
Los conservadores de la época de los 70 señalaban con demasiada insistencia que el gobierno contaba con una serie de empresas que tenían que ser desincorporadas y que era más conveniente desaparecerlas o transferirlas hacia la esfera privada al considerar que serían manos más honestas y con ello se beneficiaría a la sociedad.
Sin embargo, a la luz de los hechos y de los años, nos hemos encontrado que no ha sido así. En la medida que el Estado ha ido perdiendo atribuciones, ausentándose de sus obligaciones básicas, nos encontramos entonces con una serie de conflictos.
El ejemplo más típico podría ser el de la seguridad. Cuando el PRI dominó el panorama político durante 70 años, una de sus principales atribuciones y orgullo era que había paz social, no obstante que dentro de ese ciclo se incluía la matanza de Tlatelolco en 1968 y otras acciones represivas de movimientos sociales, pero que no afectaban a la sociedad en lo general.
Al paso de los años, no obstante y en la medida que el Estado ha ido desprendiéndose de sus funciones básicas, nos encontramos que la sociedad ha salido perdiendo en todos los órdenes. Sobre todo, los servicios que le han ofertado los privados se incrementaron a cifras inconmensurables.
Cuando el Estado era propietario de Teléfonos de México, sus tarifas no eran elevadas. La renta era baja, no había servicio medido y la larga distancia tenía un costo accesible. Cuando este servicio pasó a manos privadas en 1993-94 todo cambió. Entonces las tarifas se incrementaron a grados desproporcionados y de ahí surgió el hombre más rico del mundo, paradójicamente, en uno de los países más pobres del mundo.
Y lejos que la reflexión llegara hacia un punto sobre la importancia de favorecer al pueblo, a la sociedad, las ideas estrambóticas del neoliberalismo han ido consolidándose en nuestra nación, a pesar de las reiteradas críticas de un sistema que no funciona y cuya divisa principal es incrementar el empobrecimiento de la sociedad.
Hablar de 60 millones de pobres en grado extremo, de una nación de 120 millones de personas, no es cualquier cosa. Quiere decir que los sistemas operados han sido sencillamente ineficaces, por lo que es necesario y urgente cambiar de rumbo. Bien decía Einstein, que sí seguimos con los mismos procedimientos, entonces seguiremos obteniendo los mismos resultados.
El sistema económico y político del país ya está obsoleto. Ya está debidamente comprobado que no opera ni funciona para efectos de lograr la superación y bienestar del pueblo mexicano, que día con día observa una elevada inflación, que el salario mínimo es magro y que las clases trabajadores, sobre todo, no obtienen los medios económicos para subsistir con dignidad y decoro.
SEGURIDAD IMPACTA ECONOMIA
Aunque los oficialistas advierten que la violencia no afecta las inversiones, la realidad es que sí la daña sensiblemente. Precisamente, la calificadora Merril Lynch ha advertido que la extrema violencia que azota al país tiene una repercusión directa con las inversiones. El país es visto ya con mucha preocupación en diversas partes del mundo.
La desaparición de 43 normalistas desde el 26 de septiembre ha puesto la nota a nivel mundial. En el planeta no hay alguien ajeno que no esté enterado sobre este gravísimo problema que avergüenza a nuestro país. El parlamento europeo a través de un comunicado mostró su preocupación y penetra en muchísimas reflexiones en torno a la falta de justicia en el país, mencionando la impunidad y la corrupción como factores inherentes al caso Ayotzinapa.
También el Papa Francisco se solidariza con los estudiantes normalistas. Voces provenientes de los más diversos rincones del orbe lamentan la elevada violencia en México.
Cada día que transcurre ha ido escalando el conflicto. Los mismos padres de los normalistas no tienen confianza en sus autoridades. No les creen, definitivamente. El padre de Jorge Alvarez, uno de los normalistas, al enterarse de la detención del exalcalde José Luis Abarca, expresó: “Es tiempo que el gobierno se ponga a trabajar”.
Definitivamente la autoridad federal debe estar conciente que no ha logrado credibilidad y tiene que otorgar respuestas firmes y contundentes porque no hacerlo así, multiplicará el dolor y la protesta nacional e internacional.
SUPREMA CORTE EN EL BANQUILLO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa entidad creada por Ley Federal en 1994, también vive una de sus peores crisis de credibilidad y de confianza. Al desechar la consulta popular en torno a la Reforma Energética, significó prácticamente su Waterloo. Sólo el ministro Cossio fue capaz de otorgar importancia a esta consulta, en tanto que el resto de ministros indicó que se trataba de un asunto de ingresos y egresos del Estado, por lo que no era viable la consulta.
Curiosamente, también desechó las propuestas del salario mínimo que era abanderado por el PAN y la reducción de legisladores, patrocinada por el PRI. Es decir, la estrategia perfecta para que nadie se sienta. Como que sí hubiese sido planeada con antelación.
EfACICO 