Bronco y las guerras por los números


Apoyos ciudadanos falsos y un presunto financiamiento ilícito, enfrentan al INE y al candidato presidencial independiente

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Primero fueron las firmas. El Instituto Nacional Electoral detectó más de 200 mil apoyos falsos y fotocopias entre quienes había registrado Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco entre los simpatizantes de su candidatura independiente a la Presidencia. Luego vino la impugnación, el cabildeo en el Tribunal Electoral, el fallo en favor del candidato, para muchos inexplicable.

Él reviró que sólo se hizo justicia, que el INE tiene un encono contra él, que el Instituto está al servicio de los partidos y que quiere anular las opciones independientes como sea.

En esta primera etapa, la Fiscalía electoral aún no hace público algún resultado general. El reto no es menor: debe probar no solo que las firmas eran falsas —lo que ya hizo el INE en su momento, comparándolas con la lista nominal y revisándolas una por una—, sino debe indagar de dónde salieron esas firmas falsas, quién las vendió, cómo y de dónde consiguieron acceso a datos electorales reales. La mayor dificultad es otra, aún más compleja: la Fiscalía puede ir fácilmente por los auxiliares que ayudaron a El Bronco y otros candidatos a recuperar firmas de apoyo, pero dirigir su indagatoria hacia el candidato significaría demostrar que él sabía, fue partícipe u ordenó las trampas. Después comenzó la segunda guerra por los números.

El INE siguió la pista del dinero. Encontró un patrón de depósitos de compañías a ciudadanos de bajos recursos que reciben regularmente unos ocho o nueve mil pesos de depósitos mensuales en sus cuentas.

Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, estas personas tuvieron giros abruptos en sus depósitos. De repente, varias compañías comenzaron a llevar dinero a sus cuentas.

Los ciudadanos retiraban el dinero, lo depositaban a la campaña de El Bronco y se quedaban con un pequeño porcentaje que promedió los cinco mil pesos. El esquema parece muy simple.

Como la ley mexicana impide que una empresa done a una campaña, entonces una empresa dona a un ciudadano, éste saca el dinero del banco y lo dona a la campaña. El problema es que esas personas no son parte de esas compañías y las autoridades encontraron que las empresas tienen comportamientos como de fachada, por lo que la explicación de cumplir el requisito legal no suena lógica.

El Bronco ha dado varias explicaciones contradictorias para rematar siempre en que se trata de una andanada oficial en su contra.

El INE admite que no ha encontrado vínculos que lleven el dinero hasta un ente de gobierno. Mientras avanza el caso, él impugna y las autoridades siguen investigando al resto de los donantes, vale la pena apuntar que nuevamente el reto se ve muy difícil: ¿cómo piensa probar el INE —aún si comprueba que los recursos tenían un origen en el gobierno— que el candidato lo sabía y fue parte de esta operación de financiamiento? Grandes desafíos para la fiscalización en un país donde la trampa es legal, en cachitos de burocracia.

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