Una crisis silenciosa


Hay una deuda estatal en la investigación de los crímenes y en la visibilización de los problemas que viven los reporteros

Por Peniley Ramírez

por Peniley Ramírez, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En enero de 2018, las primeras integrantes del colectivo de mujeres periodistas Reporteras en Guardia –una red nacional de reporteras– se reunieron en la Ciudad de México para planear un libro, queluego se convirtió en el primer registro nacional de todos los reporteros asesinados en el país en los últimos tres sexenios.

Registraban 140 casos de colegas asesinados y decidieron escribir perfiles de cada uno de ellos, sin importar cuál había sido la condición de su muerte.

Desde entonces y gracias al cruce de cuatro bases de datos y la integración de una red nacional, han confirmado que existen en realidad 175 casos, de los cuales muy pocos han llegado a la prensa nacional e internacional.

Desde entonces, más de 140 reporteras integrantes de este colectivo han tenido como aliados estratégicos a Penguin Random House, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artículo 19, para documentar por primera vez quiénes son y cómo vivían todos los periodistas asesinados.

Esta semana ese colectivo se ha reunido en la capital para el foro Nuestras Voces contra la Impunidad, que ha convocado a reporteras de todo el país.

Una de ellas fue Norma Trujillo, quien ha sido acosada después de los asesinatos de sus amigos Regina Martínez y Rubén Espinosa en Veracruz.

Otra fue Cynthia Valdez, reportera desplazada desde Sinaloa, quien explicó que en México el desplazamiento forzado interno alcanza ya cifras extraoficiales de más de 300 mil personas de los cuales al menos hay 70 casos de periodistas.

Esto ha generado una crisis humanitaria silenciosa que el Estado mexicano se ha negado a reconocer, dijo Valdez.

El foro ha mostrado que no solamente existe una deuda estatal en la investigación de los crímenes, sino en la visibilización de problemas que viven día a día los reporteros que hoy ejercen el oficio en el país.

Esta deuda incluye también el lenguaje en el tratamiento público a los casos de violencia organizada.

Esto es, la forma como la prensa y las autoridades han hecho suyo el lenguaje de la guerra contra el narco y han concentrado la atención en los grupos criminales, por encima de la responsabilidad de actores estatales, municipales, federales y militares en la comisión u omisión en los crímenes contra los comunicadores.

En medio de una discusión nacional sobre pacificación, legalización de las drogas y nuevas estrategias de combate a la violencia organizada, bien vale la pena atender y apoyar iniciativas que buscan entender el caos de violencia que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

 

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