Entre empresarios y opositores al nuevo gobierno, la crisis se comparó con “el error de diciembre de 1994”
por Peniley Ramírez
En México, ningún tema ha generado mayor preocupación –en la opinión pública y los mercados– durante la última semana, que la consulta realizada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador acerca de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, o el movimiento de la obra a Santa Lucía.
La consulta popular sobre el proyecto arrojó un resultado oficial en favor de la ampliación de la base militar de Santa Lucía, es decir, confirmó lo que López Obrador había prometido durante su campaña. Esto desató una fuerte ola de críticas, se disparó el tipo de cambio del peso al dólar, las principales empresas mexicanas perdieron miles de millones de pesos en la Bolsa y varias calificadoras de crédito y bancos divulgaron informes de preocupación sobre las calificaciones de los bonos asociados al megaproyecto.
Entre empresarios y opositores al nuevo gobierno, la crisis se comparó con “el error de diciembre de 1994”, con la mayor baja en las finanzas mexicanas desde el triunfo de Donald Trump en 2016, y se colocaron en el centro de la discusión –como el gran referente a tomar en cuenta– las advertencias de calificadoras y bancos sobre el futuro financiero mexicano.
Esta nueva etapa en la discusión pública permite preguntarnos por qué los críticos de López Obrador no fueron tan activos entre 2010 y 2017, cuando aumentó en porcentajes de gran riesgo financiero la deuda de estados como Veracruz, Coahuila o Quintana Roo, entidades subnacionales donde se dispararon de forma muy preocupante los niveles de endeudamiento estatal.
En esos casos, y en otros como Chihuahua o incluso en la calificación de Petróleos Mexicanos en los años posteriores a la Reforma Energética (con el dramático descenso en la producción y las preocupantes cifras de baja en los ingresos), las calificadoras de crédito rebajaron consistentemente sus valoraciones y advirtieron una y otra vez que los proyectos no se estaban manejando adecuadamente.
Estos informes replicaron en muchas ocasiones los mismos esquemas tramposos: un estado aprobaba reglas para contratar crédito a corto plazo, luego lo refinanciaban, o contrataban varios créditos más cortos para evitar pasar por los congresos locales.
Los resultados, en la mayoría de estos casos, son de desastre. Los gobernadores han terminado presos o prófugos, se han comprobado grandes esquemas de desvíos de recursos públicos y aún no sabemos dónde quedó el dinero.
Si los críticos al nuevo gobierno son serios, deberían preguntarse: ¿hay casos de corrupción detrás de las advertencias de las calificadoras sobre el aeropuerto? Si las hay, ¿alguien en el nuevo gobierno las investigará?
De no entrar a fondo en esta parte del debate, el tema quedará de nuevo –como sucedió con las deudas estatales– en el golpeteo político que hemos visto y, como en tantas otras veces, en una negociación con los empresarios afectados y nada más.
PENILEYRAMIREZ@UNIVISION.NET
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