SINALOA; PRIMER TERRITORIO QUE CEDE EL GOBIERNO A UN CÁRTEL


por Ricardo Ravelo 
Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

El fiasco oficial exhibido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la captura y liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del exjefe del cártel de Sinaloa, muestra no sólo la inexperiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sino el desconocimiento que existe en la Secretaría de Seguridad Pública sobre la historia, expansión y, sobre todo, la narcodinámica de los cárteles de la droga.

Es claro que el Ejército no acudió preparado a Sinaloa y es todavía más evidente que no se esperaban una reacción de esa naturaleza: en menos de una hora y media la Fiscalía donde estaba retenido Ovidio quedó rodeada por vehículos cuyos con sicarios que portaban armas de alto poder y que estaban dispuestos a enfrentarse a balazos con las fuerzas armadas, insuficientes en número.
Los pocos elementos del Ejército y de la policía estatal no pudieron contener a la avasalladora oleada de violencia que desataron los miembros del cártel de Sinaloa para rescatar al hijo de “El Chapo”, a quien le permitieron todo tipo de facilidades: hacer llamadas telefónicas además del buen trato que le propinaron, algo inusual porque, en otros casos, habrían empezado los golpes, los interrogatorios a gritos, el “tehuacanazo”, por decir lo menos, y otras formas de tortura.
Ovidio le dieron un trato terso, excesivamente terso y no propio de un delincuente.
Preocupa y llama mucho la atención el desconocimiento que el gobierno tiene del mapa del crimen organizado, de la evolución que han tenido los cárteles en los últimos años, sobre todo, después de la guerra fallida de Calderón, pues esa experiencia frustrante permitió a los grupos criminales armarse, asociarse, expandirse y volverse más violentos de lo que ya eran.
Sinaloa, a decir verdad, no es históricamente un cártel beligerante. Sus orígenes establecen que es una organización criminal que ha privilegiado el negocio por encima de la violencia. Son más proclives a la negociación y, como otros grupos, saben utilizar el recurso de la corrupción para ablandar a las autoridades y ponerlas de su lado.
Sin embargo, eso no quiere decir que no dispongan de armamento de alto poder. Sinaloa es, quizá, uno de los cárteles mejor armados: tiene una capacidad de fuego impresionante capaz de competir con cualquier otro cártel o incluso con el propio Ejército Mexicano.
Existen muchos momentos en los que Sinaloa ha demostrado esta capacidad bélica: en 2014, por ejemplo, se enfrentaron al Ejército y en pleno centro de la ciudad de Culiacán hicieron pedazos a un “piquete” de soldados: les aventaron granadas y con lanzacohetes los hicieron carbón. Esto conmocionó a la sociedad.
Ante sus rivales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, son letales. Nadie puede entrar a su territorio sin su consentimiento y si detienen a alguno de sus miembros de inmediato todos se organizan, como ocurrió en el caso de Ovidio. Estaban dispuestos a matar o a que los mataran.
En realidad, lo que ocurrió el jueves fue que Ovidio convivía con unos amigos en un restaurante. Ahí lo localizaron y los soldados y policías fueron por él al lugar. El hijo de “El Chapo” pidió que en el restaurante no se efectuara el operativo porque había familias y niños. Lo invitaron a salir. El accedió y se lo llevaron.
Y ahí empezó todo. El aparato de guerra del cártel se empezó a organizar y empezaron las balaceras por lapso de seis o siete horas, más o menos, con la psicosis y el caos que esto provocó entre la gente. Hubo gritos de pavura, de horror, de angustia ante aquella lluvia de balazos que comenzaron a zumbar por todas partes.
La decisión del Gabinete de Seguridad de liberar a Ovidio se dio en medio de tensiones: la Fiscalía iba a ser casi dinamitada por el grupo armado del cártel que ya estaba preparado con lanzagranadas cuyo blanco era la Fiscalía de Culiacán, el búnker donde había soldados y policías.
Acto seguido, un alto mando del cártel telefoneó a otro alto mando del Ejército.
–Necesitamos que liberen a muchacho o se los carga la chingada a todos. Los tenemos rodeados.
–Fueron los minutos más largos para Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública de la Cuarta Transformación, quien de inmediato buscó al presidente de la República, pero no lo encontró.
Y sin mayores rodeos, tuvieron que soltar al vástago de Guzmán Loera. Así, el Estado mexicano se rendía, se humillaba ante el cártel más poderoso del mundo.
Esta decisión, aunque explicable, según el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que habrían muerto cientos de personas de haberse enfrentado el Ejército al cártel, dejó muy mal parado al gobierno. Pero lo peor es que existe una lectura más profunda: se trata de la primera decisión oficial en la que se le concesiona el territorio a un cártel de la droga.
Esto es inédito en la historia contra el crimen organizado mexicano. Nunca antes la policía ni el Ejército habían depuesto el poder ante un grupo del crimen organizado, aunque de sobra se sabe que los criminales tienen ocupados los territorios, pero de manera oficial no había pasado.
Esto sienta un peligroso antecedente con lo que el crimen organizado puede empoderarse más en el país. La situación de crisis sube un peldaño más: es posible que ahora el crimen utilice de rehén a la población con el fin de que el gobierno ceda a sus exigencias, como lo demostró el caso de Ovidio Guzmán en Sinaloa.
La sociedad ya empezó a ser atacada por el crimen organizado. Ahí están los casos de agresiones en bares y otros lugares públicos. Esto puede escalar más alto si el gobierno federal no cambia su estrategia para enfrentar a los cárteles, cuyos dominios están más que claros en la mayoría de los municipios del país, donde controlan la vida política municipal, disponen de la protección de las policías, de la obra pública, concesiones para la recolección de la basura, entre otros beneficios. Y todo, por haber financiado a los alcaldes para que llegaran al poder.
Esta realidad –el narco en la política –es algo que no quiere ver el presidente. Ni siquiera se refiere al problema tal como está. Por el contrario, dice que la doctrina de su gobierno es la paz y el amor al prójimo. Eso está bien. Pero no estamos en una campaña evangelizadora sino frente a un problema de seguridad nacional de enorme proporciones.
El bienestar se lo puede generar cada persona sin necesidad de contar con el gobierno. Para eso no se necesita un patriarca. Se necesita que el Estado cumpla su obligación de combatir a la criminalidad porque la con vivencia social está trastocada en todo el país.
Las percepciones de inseguridad están altísimas: tan sólo en el corredor petrolero Coatzacoalcos-Minatitlán, alcanza el 95 por ciento. Y en Ecatepec, el municipio más violento, raya el 94 por ciento. Esto explica que la gente tiene muchísimo miedo.
Las policías ya no son garantía para dar seguridad. Más del 80 por ciento están “cartelizadas”, es decir, al servicio de los cárteles. Y este problema es otra asignatura pendiente que tiene el gobierno, pues por ahora la Guardia Nacional es insuficiente para detener la oleada de violencia. Por ello, es urgente depurar a los cuerpos policiacos.
Es claro que el gobierno federal no cuenta con un plan antimafia, el cual ya debería estar operando para procesar a funcionarios y políticos implicados en el crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos que atrofian las funciones de las instituciones del Estado.
Con narcoalcaldes y narcopolicías, México no va hacia ningún lado seguro. Y lo más probable es que hechos como el de Culiacán vuelvan a repetirse por la inexperiencia del equipo de seguridad, su desconocimiento de la realidad criminal del país y su permanente improvisación a la hora de enfrentar al crimen organizado

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