por Ricardo Ravelo
*César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, entre los políticos con residencias en Estados Unidos que se busca sean devueltas al pueblo mexicano.
Las fortunas, empresas y residencias adquiridas por criminales y políticos mexicanos, es un tema abierto que se está negociando con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe amplio interés del gobierno mexicano por recuperar el patrimonio que ha sido asegurado en Estados Unidos y cuyos propietarios son de nacionalidad mexicana.
A lo largo de varias décadas, se convirtió en una moda, por no decir que en una afiebrada alternativa de negocio, que políticos y narcotraficantes invirtieran millones de dólares en adquirir automóviles, casas, ranchos en Estados Unidos. Existen casos, por ejemplo el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que constituyó una empresa en territorio estadunidense que, según las acusaciones, forma parte del esquema de lavado de dinero, pues sus capitales hoy se relacionan con los sobornos que habría entregado al llamado “policía del sexenio” Joaquín Guzmán Loera, exjefe del cártel de Sinaloa.
Desde el sexenio pasado, el gobierno de México tiene varios casos de políticos por ser extraditados o bien que están presos en México y que cuentan con propiedades aseguradas en Estados Unidos.
Es el caso de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia desde hace tres años, quien se fugó cargando en su haber acusaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de recursos públicos para financiar campañas de candidatos priistas a puestos de elección popular, entre otros cargos graves.
Duarte Jáquez está acusado, además de utilizar recursos públicos para constituir una sociedad financiera –un banco, pues –cuyos principales accionistas son tanto su esposa como él mismo.
El exmandatario de Chihuahua adquirió propiedades en Texas cuando era gobernador y muchas de éstas casas han servido de refugio al exgobernador, quien se ha mantenido impune y al amparo de las leyes estadunidenses, pues él alega ser un perseguido político y con ese argumento ha sido complicada su extradición a México para que enfrente a la justicia.
César Duarte es la cabeza de un tema político-criminal que implicó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, así como a Manlio Fabio Beltrones –exdiputado federal exsenador de la República, exgobernador de Sonora y expresidente nacional del PRI –en un proyecto de corrupción, que bien puede ser considerado delito electoral, al desviar dinero de varios estados para el financiamiento de las campañas del PRI en 2016, en las cuales ese partido fue derrotado en la mayoría de las entidades federativas.
En este presunto esquema de corrupción estarían implicados Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, exgoberndores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente; también Roberto Sandoval, exgobernador de Nayartit. En este enjuague también fue implicado Alejandro Gutiérrez, secretario General del PRI con Manlio Fabio Beltrones, quien incluso fue encarcelado y se encuentra sujeto a proceso.
Gutiérrez –según las investigaciones –habría recibido varios millones de pesos de parte de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, con el fin de apoyar financieramente las campañas de los candidatos priistas.
Sin embargo, este esquema –aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto –habría permitido que varios gobernadores terminaran despachándose con la cuchara grande: Javier Duarte, por ejemplo, habría desviado miles de millones del erario público, con los cuales adquirió cientos de propiedades tanto en México como en el extranjero.
Se afirma que compró casas en Texas y en España, pero éstas, hasta donde se sabe, no han sido aseguradas por las autoridades mexicanas a pesar de que el exmandatario veracruzano enfrenta líos con la justicia desde el año 2016, cuando se fugó y se refugió en Guatemala.
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es otro de los llamados rostros jóvenes del PRI, como lo llamó Peña Nieto junto con Javier Duarte y Roberto Borge, que está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: se le acusa de lavado de dinero y de recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación con el fin de que les entregaran la plaza para mover droga.
Sandoval, de acuerdo con las indagaciones, era pobre, pero después de dejar la gubernatura se convirtió en uno de los políticos más ricos de México: adquirió propiedades –casas, ranchos y ganado de alto registro –que puso a su nombre. Muchas propiedades fueron aseguradas por la Fiscalía Anticorrupción del estado, pero otras están en litigio.
La mañana del lunes 13, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en diálogo con las autoridades de Estados Unidos para que les devuelvan al pueblo de México las propiedades aseguradas a políticos y delincuentes mexicanos.
Uno de los casos emblemáticos es la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que Estados Unidos mantiene asegurada. Se trata de una parte, por su puesto, porque otros porcentajes están invertidos en negocios como bienes raíces.
Se calcula que la fortuna del exjefe del cártel de Sinaloa asciende a unos 20 mil millones de dólares, pero todavía el cálculo, dicen, está por debajo de lo que se estima, pues se debe tomar en cuenta que el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Guzmán, abrió varias líneas de negocios, al menos unas veinte tipologías delictivas, que generó ganancias todavía incuantificables.
Guzmán Loera ha dicho que ahora que el gobierno de Estados Unidos devuelva su dinero, él prefiere que se reparta entre los pobres de México.
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