Expediente Andorra: Las redes de Juan Collado


El caso de Juan Collado abrió la posibilidad de que los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto puedan ser investigados, ya que se su defensor presuntamente venía fungiendo como su testaferro, aunque tal señalamiento no ha podido ser acreditado por la FGR en forma fehaciente.

Por Ricardo Ravelo

por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación en contra de Juan Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que se desprenden de las sumas millonarias que manejó tanto en la caja popular La Libertad como en depósitos realizados en 23 cuentas aperturadas entre 2006 y 2015 en Andorra, España.

Pero ahora se le vincula con el cártel de Sinaloa, la organización criminal que ha pactado con todos los gobiernos y con todas las siglas partidistas. En la mafia no importan las ideologías, importa el negocio.

Ahora, las autoridades de Androrra relacionan a Collado con una red de empresas, ligadas al cártel de Sinaloa, donde presuntamente se lavó dinero del crimen; las autoridades de ese paraíso fiscal ahora quien saber qué personajes empresariales y/o políticos están detrás de la descomunal fortuna que suma unos 49.5 millones de dólares que se invirtieron en la Banca Privada de Andorra con el propósito de blanquearlos. Collado niega tales imputaciones.

Según las investigaciones, dichas sumas se habrían manejado a través de 14 empresas mexicanas que, dicen las indagatorias, están relacionadas con Joaquín “El Chapo” Guzmán . Las sociedades eran instrumentos para lavar activos de ese grupo criminal, por cierto, el consentido de la Cuarta Transformación.

Esta es la historia:

El abogado postulante, uno de los hombres más ricos e influyentes del país, fue detenido el 10 de julio de 2019 en un restaurante de las Lomas de Chapultepec cuando comía con Carlos Romero Deschamps –su cliente– entonces líder nacional del sindicato petrolero.

Desde entonces la FGR comenzó a ahondar en una larga investigación para descubrir la danza de millones de dólares que movía Juan Collado.

La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron al abogado de haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de la Caja Popular La Libertad a distintas entidades mercantiles.

Mediante este esquema –refiere la indagatoria– simuló operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de un elaborado esquema operativo para blanquear capitales cuyo origen es dudoso y que, hasta la fecha, no ha sido acreditado por el abogado.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICDMX/0000949/2019, los activos presuntamente defraudados por Collado se enviaron a distintas entidades mercantiles “justificando éstos con la aparente realización de operaciones de compra de inmuebles y otorgamiento de créditos cuando, en realidad, esos recursos tenían como fin generar un sofisticado entramado para ocultar el origen y destino final de los mismos. Según la FGR y la UIF, los beneficiarios de este esquema operativo eran el propio Juan Collado y su socio José Antonio Rico Rico.

La investigación en contra de Juan Collado –y el descubrimiento de su multimillonaria fortuna– comenzó, de acuerdo con la UIF, cuando Sergio Hugo Bustamente Figueroa presentó una denuncia en su contra. Desde entonces se empezaron a descubrir una serie de operaciones irregulares, entre otras, la compraventa de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V. y que fue adquirido por “Libertad Servicios Financieros”.

Según las investigaciones que realizó la UIF a cargo de Santiago Nieto, las operaciones podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que aparecen en la celebración de contratos.

Horas después de la detención del abogado, en julio de 2019, la FGR señaló que los delitos que se le imputaron a Juan Collado fueron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Para sostener las acusaciones, la FGR presentó ante Jesús Eduardo Vázquez Rea –Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México –la declaración del denunciante, estados de cuenta de Banorte, BBVA Bancomer, que están vinculados a la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, así como diversos recibos de pago y de transferencias de esa misma compañía directamente involucrada en la defraudación.

De acuerdo con el expediente de la causa penal 269/2019 –la orden de aprehensión consta de 141 fojas– la denuncia de hechos presentada por Bustamente Figueroa el 7 de junio de 2019 es la que puso al descubierto la ruta de los manejos financieros y los documentos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria, así lo comprueban.

Bustamante Figueroa –el denunciante de Juan Collado– asegura que desde el 21 de abril del 2010 es accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, con participación del 50 por ciento del capital, mientras que el otro 50 por ciento lo posee José Antonio Rico, el socio de Collado.

Según la ruta del presunto fraude, la empresa adquirió un inmueble de 3 mil 877.17 metros cuadrados en la zona comercial centro sur de la ciudad de Querétaro, donde construyó un edificio de seis niveles e igual número de estacionamientos. Su valor: 700 millones de pesos. En ese tiempo, el administrador único de la empresa era J. Guadalupe Aboites Hernández.

El denunciante dijo, además, que en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de julio de 2013 –“a la que nunca fui convocado”, dice– se hizo el cambio de accionistas a favor de José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.

El 25 de marzo de 2015, Cárdenas Rico otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández para vender en 156 millones de pesos el inmueble. Quince días después, Operadora de Inmuebles del Centro depositó a Juan Collado –quien era el presidente del Consejo de Administración– 24 millones de pesos mediante una transferencia.

Días antes, la empresa también realizó transferencias a Administradora Ario S.A de C.V. por 70 millones; dos a otra empresa por un total de 25 millones 750 mil pesos; al Despacho Integral de Inmuebles del Centro le depositaron un millón 291 mil pesos y a otra persona moral le transfirieron 493 mil pesos.

La denuncia sostiene que esos recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro “fueron sustraídas ilegalmente por el presidente del Consejo de Administración de la empresa “Libertad Servicios Financieros”. Los fondos terminaron en las cuentas de las empresas de José Antonio Rico.

El denunciante señala, además, que Tania Patricia García Ortega, contadora de Operadora de Inmuebles del Centro administró, representó y firmó las cuentas donde se depositó el dinero a las diversas empresas de Rico Rico, entre otras, Administradora Cimatorio, Despacho Integral y Administradora Ario.

Bustamante Figueroa se enteró de la venta del inmueble en marzo de 2015, último mes que recibió el pago del 50 por ciento por la renta del inmueble –le pagan 852 mil pesos–. Dijo el denunciante: “Se me informó que no pagarían la renta y que ya habían vendido el inmueble a Libertad Servicios Financieros».

En abril de 2015, Bustamante contactó a la contadora García Ortega. Refiere: “Le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el depósito de la renta, manifestándome que me dirigiera a José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no me hiciera el depósito, según ella ignorando la razón”.

Al reunirse con Rico, Bustamante asegura que admitió la venta del inmueble, pues me dijo que “había asumido el compromiso con Javier Rodríguez Borgio de venderle el edificio de mi propiedad, esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pretendía comprar la administración de Libertad Servicios Financieros, poniendo como condición la adquisición del inmueble”.

En otra reunión, Rico Rico le aseguró que Rodríguez Borgio –empresario del juego– ya no compraría la Caja Libertad porque estaba bloqueado por el sistema financiero por sus antecedentes. Y le dijo que Juan Collado fue quien compró la administración de la sociedad financiera popular.

La condición para comprar el edificio fue que se le entregaran los 24 millones de pesos del total del precio de 173 millones 281 mil pesos. De este monto, 17 millones corresponden al pago del 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.

Luego de esto, Bustamante presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro y una demanda civil. El denunciante observó que, dentro de la empresa Libertad Servicios Financieros se llevaban a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como a España y Andorra.

Al detallar el esquema de operaciones, Bustamante explicó en su denuncia ante la FGR que el esquema al que se recurrió es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados. Todo esto, dijo, lo pueden corroborar con los pasaportes, en particular, los de Juan Collado Mocelo y José Antonio Rico Rico, así como con los familiares de ambos.

Según Bustamante, Caja Libertad es utilizada para hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, como por ejemplo, créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se le ocurra, cuyos únicos beneficiados son los principales directivos: Juan Collado y José Antonio Rico.

Según el denunciante, tanto Rico Rico como Juan Collado celebraron contratos con Rodríguez Borgio –el zar de los casinos– para conservar la propiedad de Libertad Servicios Financieros. El propósito, dijo, fue hacerse ilícitamente de la propiedad y la mayor parte de las acciones de la institución financiera, todo con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La conexión Andorra

La situación legal que enfrenta el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, se agrava. Hace apenas un año fue detenido por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada y ahora la FGR le fincó otro delito, el de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, fondos que habría depositado en Andorra, España.

El abogado, quien antes de ser detenido se daba una vida de lujos y excesos, como el que mostraron las redes sociales tras la boda de su hija, donde el invitado especial fue el cantante Julio Iglesias, quien cantó en la fiesta, tendrá que demostrar de dónde obtuvo los recursos que dispone y que mantuvo celosamente guardados en bancos extranjeros.

Además, Collado Mocelo era abogado y socio de la caja de ahorro popular La Libertad, donde presuntamente se lavó dinero del crimen organizado, particularmente de Los Zetas, aunque también se dijo –y esa es la base de la investigación que realiza la FGR– que en dicha caja popular había dinero de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto y que Juan Collado era, en realidad, el testaferro de los exmandatarios.

Las cosas empezaron a ir mal para Juan Collado tras ser denunciado por uno de los socios de la caja popular La Libertad, quien dijo que el abogado lo despojó de un inmueble valuado en varios millones de pesos. A partir de ese caso, la FGR empezó una investigación que hasta la fecha continúa y que fue la base para solicitar ante un Juez federal la orden de aprehensión que mantiene al defensor en prisión.

El día que fue detenido, Juan Collado se encontraba con Carlos Romero Deschamps, entonces poderoso líder petrolero, su cliente. Ambos se disponían a comer en el restaurante “Morton’s”, en Las Lomas de Chapultepec. Cuando los agentes federales ingresaron al sitio se dirigieron a la mesa donde estaban ambos personajes. Algunos comensales y meseros que presenciaron la escena contaron que al ver a los agentes Romero Deschamps se tiró al piso porque pensó que iban por él. Sin embargo, detuvieron a Juan Collado, quien en ese momento fue llevado a un vehículo y presentado ante la FGR, concretamente ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración respecto a los delitos que se le imputaron.

Collado Mocelo está casado con la actriz Yadira Carrillo, quien ahora se queja por falta de dinero.

Las investigaciones en contra del abogado incluyen varios países: México, Estados Unidos y España. En este último país, donde radica el expresidente Peña Nieto desde que concluyó su mandato, Collado Mocelo dispuso de más de 30 millones de pesos de un banco, dinero que, de acuerdo con la FGR, no ha podido ser acreditado y se desconoce su origen.

El caso de Juan Collado abrió la posibilidad de que los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto puedan ser investigados, ya que se su defensor presuntamente venía fungiendo como su testaferro, aunque tal señalamiento no ha podido ser acreditado por la FGR en forma fehaciente.

En un amplio reportaje publicado el pasado 10 de enero por el diario El País se puso al descubierto la madeja de complicidades que se tejieron durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto para que el abogado de éste –Juan Collado– fuera exonerado en Andorra, España, por el delito de lavado de dinero.

Para ello, Peña Nieto había girado instrucciones a la PGR para que zafaran a Collado de una investigación por lavado de dinero con el argumento de que el litigante ya había sido investigado en México y no habían hallado delitos en su contra por el origen de más de 120 millones de dólares que depositó en Andorra, España, y que fueron congelados por la justicia de ese país.

Dichos depósitos, de acuerdo con la investigación periodística del diario español, fueron realizados entre los años 2006 y 2015. En total, el abogado Collado Mocelo apertura un total de 23 cuentas. Por ello, fue investigado por lavado de dinero.

Sin embargo, las investigación en contra de Collado se frenaron en octubre de 2018. La Jueza de Andorra –Canálich Mingoran– tuvo que archivar el caso luego de recibir documentos de la PGR en los que se exculpaba a Collado Mocelo.

El argumento de la PGR para zafar a Collado de la investigación y de un posible castigo fue que ya había sido investigado en México y que el litigante había acreditado el origen lícito de su fortuna.

El documento de la entonces PGR está firmado por Anahí Marcela Mendoza, quien además pidió el no ejercicio de la acción penal para beneficio del abogado postulante, quien fue detenido en 2019.

De esa forma, las autoridades de Andorra reabrieron el caso en su contra por el delito de lavado de dinero por un monto de 93 millones de dólares, suma cuyo origen no ha podido ser acreditada.

Poco antes de ser capturado, en julio de 2019, Juan Collado realizó una fastuosa fiesta. Fue la boda de su hija. En redes sociales circularon imágenes del lujo excesivo que se dio el abogado. El invitado de honor fue el cantante Julio Iglesias y ahí, junto a él, estaba el abogado de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto degustando un vino tinto –un Royal Tokaji– considerado uno de los más caros del mundo.

El caso de Juan Collado ya fue cerrado en México y ahora espera la sentencia de un juez.