Reportaje de investigación colectiva de Artículo 19 (tercera parte)
Apenas tres familias manejaban al menos 24 medios de Veracruz y muchos de los dueños de empresas informativas eran al mismo tiempo políticos con puestos de gestión pública. Edel Álvarez Peña, vinculado al Grupo Editorial Olmeca, tenía 8 medios durante el periodo de Duarte (más otros cuatro en Chiapas y Tabasco). No es periodista. En varias décadas de trayectoria política fue presidente municipal de Coatzacoalcos, presidente estatal del PRI, coordinador de asesores del gobierno estatal y director del Registro Público de la Propiedad, entre otros cargos. Propuesto magistrado por el entonces gobernador Fidel Herrera y nombrado por el congreso estatal en 2010, luego en diciembre de 2016, en el primer día del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Se retiró hace poco y ha sido señalado por presunta corrupción: simular contratos por unos 350 millones de pesos con empresas fantasma vinculadas al escándalo internacional de lavado conocido como los Papeles de Panamá, de acuerdo a la investigación periodística de Flavia Morales.
Segundo conglomerado veracruzano de medios con visible conflicto de interés es el grupo La Voz del Istmo e Imagen del Golfo, con 5 periódicos propiedad de la familia Robles-Barajas. Lo encabeza José Pablo Robles Martínez, esposo de Roselia Barajas y Olea, quien fue diputada federal (1997-2000) y siguió por el camino político porque es ahora embajadora en Costa Rica, enviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La hija de ambos, Mónica Robles Barajas, ha sido dos veces diputada estatal (2013-2016 y 2018-2021), primero por el Partido Verde, luego por Morena. Era diputada al mismo tiempo que representante legal del grupo editorial de acuerdo al padrón de medios de la Secretaría de Gobernación. El esposo de Mónica, Iván Hillman Chapoy, es ex alcalde de Coatzacoalcos y su hermano, Pablo Robles Barajas, es desde 2012 alto funcionario en la Comisión Nacional del Agua. Tantos convenios (de publicidad oficial) han obtenido las empresas de la familia Robles-Barajas que en el pasado el ex gobernador Fidel Herrera criticó a Pablo Robles Martínez al llamarle “succionador profesional”.
Tercero pero no menor es el Grupo Editorial Sánchez, propiedad de la familia Sánchez Macías. Han estado en el negocio informativo por décadas pero el sexenio 2010-2016 fue su mejor momento: llegaron a tener 11 periódicos y una revista, de los cuales sobreviven 7. Inconfundibles, todos llevan por nombre El Heraldo. Han tenido ediciones en Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos y Córdoba, filial que se inauguró en plena era Duarte. En la crónica de ese día, 21 de marzo de 2014, se narra que estuvieron presentes funcionarios estatales y federales. Cortando el listón aparece Antonio Tony Macías Yazegey, papá de Karime, suegro del entonces gobernador, junto a Eduardo Sánchez Macías, el hombre que públicamente encabezaba el grupo.
La esposa del gobernador y el dueño del conglomerado de medios comparten apellido. Se dice que son primos o primos lejanos. Eduardo Sánchez Macías lo desmintió cuando se tambaleaba el gobierno duartista pero no ha mostrado actas de nacimiento. Más allá del posible parentesco, mientras era responsable de esos periódicos Sánchez Macías era también diputado local y en 2019 acabó preso por el delito de “fraude por simulación”, es decir asignar desde el congreso publicidad para sus propios periódicos.
El ex gobernador Miguel Ángel Yunes declaró que entre 2010 y 2016 el gobierno de Duarte les dio a sus parientes convenios por 230 millones de pesos, más de 11 millones de dólares, pero lo cierto es que no se ha esclarecido aún el caso del Grupo Editorial Sánchez. Pariente o no del gobernador, igual existe conflicto de interés: empresario de medios al mismo tiempo que diputado y como si fuera poco, designado entonces secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas.
La carrera política de Eduardo Sánchez Macías incluye camisetas de todos los colores: pasó por la filas del PRI, después militante del Partido Verde Ecologista de México, de Nueva Alianza, luego de Movimiento Ciudadano y hacia el presente se enfiló en Morena.
Otro político y al mismo tiempo empresario de medios es José Alejandro Montano Guzmán. Director de Milenio El Portal, un periódico que hizo parte también de la misteriosa extinción masiva. Montano Guzmán pertenece a una familia ligada en varias generaciones a la seguridad personal de los gobernadores priístas de Veracruz. Militar de carrera, fue secretario de seguridad durante el sexenio de Miguel Alemán (1998-2004) y luego estudió administración pública y derecho para lanzarse con todo al mundo político. Fue diputado local por el PRI (2004-2007) y diputado federal (2012-2015) mientras dirigía la filial veracruzana del diario Milenio. Gina Domínguez Colio, la mujer fuerte del gobierno de Duarte, la que asignaba los cuantiosos contratos de publicidad, fue jefa de redacción de ese periódico y Víctor Báez Chino, periodista asesinado, era editor.
Son algunos de muchos ejemplos porque el límite de lo público y de lo privado se difumina seguido en los medios veracruzanos de entonces: gobernantes dirigían medios editoriales, había funcionarios dueños de publicaciones y políticos accionistas o fundadores de periódicos. Vínculos que condicionan, que generan turbios compromisos editoriales.
–Mi jefe me llamó un día, muy molesto –relata un periodista de Xalapa–. Oye, ya me enteré que tú andas con ese asunto, ¿no? ¿No te das cuenta que me estás perjudicando? Porque yo tengo convenios aquí que se pueden caer si tú sigues con eso. Me dijo ya bájale. Igual ya bájale porque ya me dijeron que te van a partir la madre, te lo digo yo, que yo tengo el contacto ahí directo con gobierno del Estado.
Cuenta también que una vez participó de una protesta en el Congreso y los policías lo golpearon enfrente de los diputados. En una banca, observando el abuso sin decir nada, estaba una diputada que al mismo tiempo era directiva del medio donde él trabajaba.
Pero hablar de millonarios contratos de propaganda oficial del duartismo con empresas periodísticas requiere consignar también al Grupo Capital Media, de la familia Maccise. Fundado en los ochenta por Anuar Maccise Dibb y heredado por sus hijos José Anuar y Luis Ernesto Maccise Uribe, llegaron a tener 13 medios en el país que incluyen televisión (Efekto TV), radio (Capital) y varios impresos especializados como The News y Estadio, aunque sólo un periódico en Veracruz: Capital Veracruz.
De acuerdo con los documentos hasta ahora conocidos, a ellos les quedaron debiendo cerca de 8 millones de pesos que se asignaron vía su periódico Reporte Índigo. Aunque no sólo publicidad les dieron: en dos adjudicaciones directas, es decir sin concurso, en 2014 y 2015 el gobierno veracruzano compró a los hermanos Maccise Uribe 66 millones de barritas de granola, 47 millones de barritas de amaranto y otros productos marca NutriWell por un total de 191 millones 315 mil pesos. Les compró productos que serían entregados en desayunos escolares de comedores infantiles públicos, reveló una investigación periodística de Sebastián Barragán.
Amigos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los hermanos Maccise Uribe también fueron beneficiados con contratos similares para desayunos escolares en el Estado de México y aparecen vinculados a desfalcos que podrían sumar hasta mil millones de pesos. Además, tanto Peña Nieto como Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y otros ex altos funcionarios ahora investigados por diversos actos de corrupción, fijaron domicilio en Montes Urales 425: la sede del Grupo Mac Multimedia y del despacho Maccise Uribe, publicó el reportero Juan Omar Fierro. Aparece un detalle no menor: José Antonio García Herrera, abogado de Mac Multimedia, es el editor responsable de los periódicos del Grupo Capital.
De empresarios de medios a funcionarios y de funcionarios a empresarios de medios: la edición de prensa como infinita puerta giratoria para millonarios negocios de la clase política mexicana.
Con la información como herramienta para succionar fondos, extorsionar a otros políticos, sostener (o destruir) carreras. Proyectos más económicos que editoriales. Intereses más allá de informar: la prensa como vía de corrupción, la prensa como botín. Y en medio, con sueldos de miseria y muchos riesgos, atrapados los periodistas. Al menos cuatro de las víctimas tiempo-espacio trabajaban en empresas de los grupos y políticos nombrados: Gregorio Jiménez, Sergio Landa y Gabriel Fonseca en medios del Grupo Editorial Olmeca, Víctor Báez Chino en Milenio El Portal.
EfACICO 