EL LADO OSCURO DE LA NUEVA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO


por Ricardo Ravelo 

Por Ricardo Ravelo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

La endeble economía mexicana –debilitada debido a la crisis financiera del país y a los efectos de una recesión que, pese a su impacto, es negada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –no tendría como flotar si no fuera por la gran actividad de lavado de dinero que existe en el país y que opera impunemente.

Por todas partes fluye y refluye el dinero sucio que proviene de actividades ilegales –secuestros, narcotráfico, contrabando, cobro de piso, piratería, regenteo de giros negros y de prostitutas, venta de protección, transacciones en efectivo sin soporte, entre otras –que pasan “desapercibidas” para las autoridades.

Eso sí, si alguna persona común y corriente se para en la ventanilla de un banco para depositar cien mil pesos, de inmediato el cajero, como si fuera una autoridad fiscal, pregunta de dónde provienen los fondos. Existen casos en que si el poseedor del dinero no lo acredita, no le permiten realizar el depósito.

Sin embargo, en la economía informal que mantiene de pie a este país se presentan todos los días actividades de lavado de dinero que ninguna autoridad fiscaliza. Menos aun si quienes las realizan tienen algún amigo o familiar en el poder político.

Sin embargo, el Estado mexicano ahora dispone de una nueva arma. Y es bastante peligrosa si la aplican funcionarios mafiosos: Es la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, la que se aplicará cuando sólo exista una sospecha, por parte de algún funcionario del Ministerio Público, de que alguna empresa está presuntamente relacionada con actividades ilícitas para que pueda solicitarle a un juez el aseguramiento de bienes e incluso el Estado puede ponerlos en venta anticipadamente –es decir –antes de que un juez emita una sentencia condenatoria.

Este nuevo instrumento es el que fue aprobado por los legisladores y que entró en vigor el pasado 9 de agosto.

Esta nueva arma legal, que sustituye a la Ley de Extinción de Dominio, ahora pretende convertir este instrumento en una verdadera máquina de hacer dinero para el Estado.

En realidad es ambas cosas: una arma y una máquina de obtener dinero. Y puede ser usada para bien o para mal.

Y es que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, puesta en vigor a principios de este mes, es un instrumento que puede ser utilizado para combatir con más fuerza los bienes generados por el crimen o los que utiliza la mafia para delinquir. Sin embargo, como toda ley ventajosa, también puede ser empleada para afectar a ciudadanos honestos.

A juicio de algunos analistas, en realidad la citada ley es una máquina que permite transformar propiedades privadas en dinero para el Estado ipso facto.

Este tentador mecanismo permite financiar fácilmente al gobierno con cualquier bien que un Ministerio Público apunte con el dedo, el cual podrá ser vendido antes de que termine un juicio para que el gobierno gaste los recursos de manera discrecional en sus programas sociales o en lo que decida el presidente de la República o incluso los propios gobernadores de los estados.

En el pasado reciente, el gobierno federal ya contaba con la denominada acción de extinción de dominio: fue copiada de Colombia y éste país importó el instrumento de Italia, donde tuvo éxito sobre todo en la lucha feroz que tanto el país europeo como el sudamericano libraron contra la mafia entre los años ochenta y noventa. Ellos entendieron que no podían luchar contra el crimen sin debilitar sus finanzas. Y les dio resultado.

Con base en el espíritu de esa ley, la extinción de dominio era la pérdida de los derechos de una persona sobre uno o varios bienes, sin compensación alguna y en favor del Estado, cuando se acreditaba que dichas posesiones –ranchos, casas, dinero, vehículos, entre otros –provenían de una actividad ilícita probada mediante una sentencia.

En México este instrumento se encontraba regulado en la Ley Federal de Extinción de Dominio y en 32 leyes locales. Ahora todo cambió. Sólo existe una Ley Nacional de Extinción de Dominio, que puede ser aplicada por Ministerios Públicos federales y locales, así como por el presidente de la República, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

De las comparaciones que se han realizado entre la antigua ley y la nueva, resulta que la nueva ley –según analistas –restringe y viola más derechos humanos, es decir, es una ley regresiva; amplía la discrecionalidad en el poder que puede ejercer el gobierno.

La antigua ley otorgaba el derecho a las personas demandadas a que, si el juez penal determinaba que no había suficientes elementos para probar la existencia del cuerpo del delito, no había una persona muerta ni rastros de alguna droga, el afectado por el aseguramiento de sus bienes tenía derecho a que se le reparara el daño que se le había causado.

Este derecho, sin embargo, desapareció en la nueva ley. Así, en el peor de los casos, la nueva ley abre la posibilidad de que el Estado no tenga que reparar el daño que haya causado a quienes les haya asegurado sus bienes, aun cuando no se hubiere probado ni siquiera la existencia de un delito.

Y de esta forma, el Estado puede poner en venta los bienes asegurados aun cuando no exista de por medio una sentencia condenatoria.

De acuerdo con los pormenores de la nueva Ley de Extinción de Dominio, éste ordenamiento es de carácter civil al que no le aplica la presunción de inocencia sino la presunción de buena fe: es la presunción de que una persona es propietaria o poseedora legítima de sus bienes, hasta que se demuestre lo contrario.

A pesar de que tanto en la antigua y la nueva ley reconocen este derecho, ninguna de las dos lo hace realmente: bajo ambas se tiene que acreditar la legítima procedencia de los bienes o su titularidad, entre otras cosas, para gozar de esta presunción. En otros términos: se presume la mala fe y la buena fe tiene que acreditarse.

Empero, ahora las cosas son completamente diferentes y estas nuevas disposiciones han causado cuestionamientos severos al poder Legislativo porque antes la ley  permitía el máximo beneficio a quien acreditaba que había adquirido sus bienes de forma legal y eso le permitía excluir sus bienes de la extinción de dominio.

Por el contrario, ahora la nueva ley restringe los beneficios de la buena fe: quien la acredite no podrá excluir del juicio los bienes sobre los que probó que era el legítimo propietario, sino que sólo podrá evitar que estos se aseguren provisionalmente. Además, ahora el juez tiene la libertad para decidir si la buena fe es suficiente para cancelar el aseguramiento precautorio de bienes, cuando antes era un derecho del demandado.

Existen otros puntos tan polémicos como absurdos en la nueva Ley de Extinción de Dominio. Por ejemplo, antes de que los legisladores aprobaran dicha ley un Ministerio Público sólo podía demandar la extinción de dominio si, a partir de una carpeta de investigación, advertía la existencia de bienes cuyo origen pudiera ser ilícito.

Ahora, la demanda puede iniciarse incluso por cualquier información que pueda servir para preparar la acción de extinción de dominio. Esto quiere decir que el juicio podría iniciarse por chismes, rumores o dichos que el Ministerio Público considere suficientes para ejercer la acción de extinción de dominio. De esta forma, ni siquiera es necesario que haya una denuncia previa para que se inicie el juicio correspondiente y, en su caso, se proceda al aseguramiento de los bienes de cualquier persona.

Esta nueva Ley de Extinción de Dominio ya ha generado mucha polémica porque a todas luces se trata de un instrumento que puede usarse para delinquir desde las propias instituciones que procuran justicia. Con este nuevo instrumento, se fortalece el brazo armado del poder.

Sin ningún tipo de saneamiento, ahora los agentes del Ministerio Público y los jueces –en muchos casos considerados verdaderas cofradías de pillos y corruptos –pueden ordenar la extinción de dominio a su conveniencia, o como se acostumbra, presionando a los dueños de esos bienes para que aflojen dinero y así no les quiten sus propiedades.

El manejo discrecional de este ley va a resultar todo un negocio porque se sabe que no sólo se aplicará a los mafiosos –narcotraficantes, lavadores de dinero o secuestradores –sino a gente inocente que puede caer en las garras de esta otra mafia del poder, Ministerios Públicos, jueces, magistrados y hasta ministros. No nos estamos refiriendo a todos, porque sin duda que existen funcionarios honestos, hay honrosas excepciones, pues; pero se sabe que la mayoría se mueve en los pantanosos terrenos de la corrupción.

Seguramente la polémica que ha desatado esta ley llegará algún día a los más altos tribunales para que se eche abajo por algún detalle de inconstitucionalidad. Viola los más elementales derechos que una persona tiene para defenderse y le otorga al Estado facultades discrecionales hasta para vender las propiedades aseguradas sin que haya de por medio una sentencia.

Y mientras la ley puede aplicarse a personas inocentes, ahí siguen los capos del narcotráfico gozando de plena libertad, desapareciendo y asesinando personas. Por un lado, el gobierno presume una ley para combatir al crimen desde sus finanzas, pero por el otro el gobierno permite que capos como Ismael El Mayo Zambada –con fama de narcotraficante desde hace cinco décadas –siga en libertad y ni siquiera sea buscado. Lo mismo ocurre con Nemesio Oseguera, jefe del Cártel de Jalisco, la actual pesadilla de México, cuyo feudo está en Jalisco, entre otros mafiosos de la droga.

Todo indica que la nueva Ley de Extinción de Dominio respetará a los narcotraficantes y mafiosos y se aplicará según el parecer de los agentes del MP, Jueces, del presidente de la República y los gobernadores del país, una cauda de políticos tan mafiosos como los propios capos del crimen organizado.

Mafia contra mafia.

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