A estas alturas del partido, con un gobierno totalmente enrarecido en Chihuahua, comandado por la ínclita Maru Campos, mucha gente se pregunta en la entidad y en el altiplano la extrema lentitud del gobierno federal para dar una salida legal y definitiva a las sospechas que pesan sobre la administración panista. Es una lentitud que aterroriza, sobre todo por los extremismos ridículos de los sombrerazos entre morenista y panistas a que se está llegando en la disputa por la narrativa de la soberanía nacional, donde el eco de un delito tan grave como la traición a la patria comienza a resonar en San Lázaro y en la Fiscalía General de la República. El manejo del caso, lejos de apaciguar las aguas, parece encender las alertas de un conflicto de proporciones insospechadas.
Hay quienes consideran que las noticias sobre ese estado norteño enrarecen el clima político nacional, arrastrando al gabinete de seguridad a un callejón de definiciones urgentes. Incluyen los ceses fulminantes dentro del equipo de la gobernadora, como el del fiscal César Jáuregui tras el oscuro percance donde perdieron la vida supuestos agentes de inteligencia extranjeros en la Sierra Tarahumara, en un intento de deslinde que no halla respuesta contundente por parte de la federación, más que amagos en conferencias matutinas. Esto es indicio de que nos encontramos ante una aguda opacidad institucional que busca seguir fomentando un sainete en el norte, estirando las ligas del pacto federal hasta sus límites más peligrosos.
Tras las acumuladas acusaciones del bloque oficialista y las movilizaciones que exigen un juicio político por la presencia no autorizada de agencias como la CIA o la DEA, al gobierno de Maru Campos parece no importarle la supuesta batería de cañones jurídicos apuntados hacia su gestión, y reaparece con discursos defensivos que buscan la espectacularidad mediática. El argumento de Chihuahua apela a que se trata de una persecución política dictada desde el centro para desestabilizar un bastión opositor, ocupando el espacio noticioso mientras las investigaciones de fondo sobre violaciones a la Ley de Seguridad Nacional avanzan con una parsimonia que exaspera a los observadores más aguzados.
La más nueva estrategia es atrincherarse en la narrativa del complot centralista, en una aventura secundada por lo que queda de un escuálido panismo regional, al cual se apela para justificarse en esta defensa a ultranza, invocando que se hace por salvaguardar la autonomía estatal frente a los embates de la llamada Cuarta Transformación. Ni un ápice de sentido común se respira en el grupo que acompaña a la mandataria chihuahuense en sus apariciones públicas. Se la juegan al estilo del oeste, encerrándose en el palacio de cantera, con las respuestas retóricas bien cargadas para recibir a los contrarios nomás se divisen los primeros requerimientos formales en el debate legislativo.
Atónitos, los chihuahuenses de bien ven desmoronarse la certidumbre en materia de seguridad de la peor manera posible, a rajatabla, con las posturas legales dispuestas para no entregar la plaza ante las presiones de la Ciudad de México. Ahora se invoca a un federalismo trasnochado, que sirve meramente de protección a quienes desde el ejercicio gubernamental local fueron los artífices de un desaseo operativo que exhibió la presencia de agentes extranjeros sin el aval de la Federación. Una ligereza que raya en la ilegalidad por acción, omisión y destrucción del orden constitucional que nos rige, según lo visto en la operación ilegal, tan evidente, de la CIA en el estado de Chihuahua de la cual el más enterado fue el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, de quién poco se habla.
Si bien el peso de las investigaciones por el gravísimo delito de traición a la patria no tiene todavía un sustento penal de fácil tipificación en los tribunales —debido a la dificultad de comprobar el dolo específico de subordinar la soberanía nacional—, algunos analistas perciben que está inusada la solución estrictamente política. La aplicación del poder mediante los mecanismos del juicio de procedencia y la destitución por la vía del Congreso podría poner fin a una historia mal llevada por sus protagonistas. Sin embargo, la tardanza de las autoridades federales es inaudita, la inacción frente a este desafío es contraproducente y el camino se llena de desfiguros institucionales que no debieran ser posibles.
Para algunos, la estructura de la gobernadora sigue en pie y lanzando misiles en lo que parecen ser los estertores de una administración cercada por la desconfianza del centro, previendo un escenario complejo para los meses venideros. Demuestran una fuerza retórica que desafía al gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyas estrategias no van más allá de filtraciones periodísticas y una lenta operación de remedio. Los observadores se preguntan si este desafío obligará finalmente al altiplano a demostrar que el suelo debe ser parejo en responsabilidades constitucionales, o si un mal presagio aguarda para el país si el gobierno federal se muestra dubitativo ante una vulneración tan evidente, quizás porque no se atreve a tirar la primera piedra.