¿Hacia donde va la reforma educativa del nuevo gobierno republicano?


por Rodolfo Calderón Vivar

por Rodolfo Calderón Vivar, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

Sin duda, el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que podríamos denominar “una contrarreforma educativa” y que deroga la habilitada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, constituye un parteaguas que apunta hacia la terminación de la  injerencia notable que el sector privado,  a través de grupos como “Mexicanos Primero”, había logrado para instaurar un manejo gerencial del más numeroso sector educativo del país, el del nivel básico, además poner bajo la lupa  la alineación total  a políticas de organismos externos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que desde hace décadas viene marcando pautas de como debe organizarse la educación mexicana y que, hasta el año 2013, solo incidía en el nivel de educación superior, donde las universidades se ahogaron en el discurso de la calidad y la eficiencia evaluativa, a costa de limitar sus propias capacidades de una mayor atención en cobertura a la demanda de acceso a las universidades públicas del país. Las universidades públicas operan hoy, casi en su totalidad, como empresas empeñadas más en eficientar el presupuesto público que las sostiene y en gastarlo puntualmente en tareas que, muchas veces, rebasan el ámbito de la interacción docente-estudiante.

La reforma educativa de Peña Nieto formaba parte del gran paquete de reformas estructurales que caracterizó a su gobierno, en su primera mitad de ejercicio, y tuvo características muy álgidas porque implicaba contra el  férreo control sindical de la educación básica ejercido por monolíticos sindicatos acostumbrados a dirigir sus organizaciones hacia la obtención de prebendas políticas personales para sus dirigentes y su correspondiente manejo de lo que se denominaban logros sindicales (y laborales) para los agremiados sindicalizados. Para ello fue necesario cortar la cabeza de la poderosa líder sindical, Elba Esther Gordillo,  y gastar más de dos mil millones de pesos en una campaña mediática para justificar la reestructuración de esta área del sector educativo nacional.

La perspectiva economicista de la reforma educativa generada por Peña Nieto, aparte de una gran resistencia de las bases sindicales que activó una impresionante serie de movilizaciones en todo el país, mereció el elogio de la OCDE quien remarcó que este paso dado por el gobierno mexicano apuntaba la entronización de la construcción de un futuro promisorio, con base al desarrollo de su capital humano planteado por la Ley de Productividad aprobada también en el gobierno peñista. Así lo afirma Gabriela Ramos, en el documento de  la OCDE intitulado: México: Políticas Prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación, publicado en el 2015.

Para la OCDE el impulso educativo de Peña Nieto apuntaba al mejoramiento de la productividad en México, en un  país que, por cierto, tiene una de las mayores cantidades de mano de obra barata de entre los países afiliados a dicha organización, problema sobre el cual pocas veces se pronuncia la OCDE pero que también vuelve dramático la escasez de buenos empleos para toda esa gente en formación en el sistema educativo mexicano. Si bien, en otros países, el elevar el nivel de educación de su población significa una mayor movilidad, este fenómeno dejo de presentarse a nivel de egresados de las universidades del país que encuentran  empleos pero muy mal pagados, debido a la baja productividad de una gran mayoría de las empresas mexicanas, por un lado, y al ejercicio de una política de control de salarios infamante en donde se considera un plus que la obra de mano barate  abunde para más ganancia de muchas empresas que dan empleo en el país.

Con alto sentido neoliberal, las recomendaciones de la OCDE que festinaron la reforma educativa de Peña Nieto se dirigieron hacia un financiamiento de diversos sectores educativos nacionales, desde nivel básico a superior, basado en un sistema de becas diversas, sobretodo de manutención, que son parte de los programas sociales que financia el gobierno mexicano enfocado hacia la población de escasos recursos (en ese sentido, pese a la pauperización de parte de la población mexicana, no se puede negar que para los gobiernos neoliberales también su política ha sido la de primeros los pobres, por medio de ese tipo de programas asistencialistas). Ante la problemática del recorte constante de los crecimientos de espacios en las universidades del país, la OCDE, en el documento mencionado apuntaba no a un mayor financiamiento de las mismas, sino a generar un nuevo sistema de apoyos créditos para que los estudiantes pudieran pagar sus estudios, en una modalidad cuasibecaria) a nivel superior, escogiendo las universidades que más les conviniera, no importando fueran públicas o privadas. Este sistema de financiamiento, por cierto, era el más recomendado por Milton Freeman para hacer avanzar a la población de los países latinoamericanos, sin hacer gastar más a los gobiernos, ya que los créditos podrían recuperarse más tarde, cuando el egresado universitario estuviera en posibilidad de resarcirlo como una especie de deuda.

Pero todo eso parece que se vino abajo con la nueva reforma educativa que impulsa el nuevo gobierno, en donde de plano corta de tajo la evaluación de profesores que incidía en el riesgo de su permanencia en plazas magisteriales y que, si bien fue benéfica para muchos profesores que obtuvieron plazas nuevas con base a méritos de someterse a concursos de oposición, ya sin la venia correspondiente del sindicato,  mantenía la guillotina permanente de una evaluación continua que, efectivamente, no repercutía en una acción remedial, mediante la capacitación, de los profesores de educación básica sino en una permanente amenaza sobre su seguridad laboral.

En educación básica todo apunta a que se devolverá el papel protagónico a los maestros, que no a los líderes, para generar mecanismos de evaluación horizontales, comunitarios y participativos, desde donde se forje una cultura evaluativa no basada en el enfoque gerencial y economicista que ha caracterizado a los modelos evaluativos que han imperado en México en las últimas dos décadas. Evaluaciones que apuntan hacia la presencia externa de evaluadores o hacia la creación de instituciones que como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fungen más como controladores de la educación para ajustarla a criterios, indicadores y parámetros de calidad externas, muy distantes de mejorar la calidad de las escuelas desde una perspectiva intrínseca, basada en el compromiso de los actores del proceso educativo en las escuelas: docentes, estudiantes, empleados universitarios y padres de familia, en el nivel básico; así como docentes, estudiantes, investigadores, empleados universitarios y grupos de interés (familias, empleadores, organizaciones públicas y privadas, diversos sectores sociales) en el nivel superior.

 

A cuatro años de la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sus formas de evaluación apuntan hacia el fracaso dado que el bajo rendimiento escolar en nuestras escuelas de educación básica sigue existiendo.  Una evaluación basada en el control poco puede impactar en organizaciones educativas donde se evalúan los profesores con un sentido de cumplir puntualmente los indicadores que vienen del exterior, que en mejorar sus propios procesos educativos. Las aplicaciones de la evaluacin estandarizada en el país  tiene la característica de ser una “evaluación termómetro”, donde se miden grados de eficiencia y eficacia de los profesores y recomendaciones desde el punto de vista de personal ajeno a la problemática interna de las escuelas, sin ofrecer cura real de las enfermedades que aquejan al sistema educativo nacional. Hoy, parece que eso se acabó. De nada sirve la actitud beligerante de los propios miembros del INEE, pues se están enfrentando simplemente a un mismo poder que creó su institución, con otro detentador de dicho poder -Enrique Peña Nieto- y que ahora tiene otra ideología y nombre: Andrés Manuel López Obrador.

 

¿Qué es lo que viene en los nuevos tiempos de la reforma impulsada por el gobierno de López Obrador?  Resulta una incógnita y  una paradoja, porque hay que recordar que Esteban Moctezuma estuvo inmerso en los inicios, en México,  de la evaluación economicista y restrictivamente neoliberal generada en tiempos de Ernesto Zedillo, primero como Secretario de Educación y, después, como presidente de la república. Visto así, se pone en manos de un tecnócrata neoliberal la responsabilidad de dirigir un nuevo modelo educativo de corte nacionalista y social. En principio todo su equipo tiene la responsabilidad de generar ese modelo con un énfasis en mejorar lo que no pudo hacer la reforma peñista: mejorar los sistemas de aprendizaje del país, enfocando los objetivos en mejorar la estructura curricular ahogada por la terrible desigualdad que se vive en el  país, entre los diversos centros educativos diseminados en el país, procurando plantear hacia grandes objetivos nacionales que vayan más allá de los propósitos de capital humana y productividad empresarial a los que medio se abocó el gobierno pasado. Es probable, y deseable, que ahora si se de oportunidad de hacer partícipes de ese cambio a los distintos sectores inmiscuidos en los procesos educativos nacionales, sobretodo a nivel básico, que ya hemos mencionado en párrafos anteriores y para ello la evaluación para la mejora continua de su instituciones deberá basarse no en los estándares de una evaluación universal y vertical como la instaurada por el INEE, sino en otra más centrada en la participación de maestros, estudiantes, padres de familias y representantes comunitarios, abocados a proyectos de real impacto social en sus entornos, en  primera instancia, antes que privilegias los objetivos globales hacia donde apuntaba la visión de la OCDE (continuará)

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