Í N D I C E . . . VANDALISMO, UNA ACCIÓN CONCERTADA… + Los MOCRIS de JUAN SABINES y MANUEL VELASCO… + “Operación Limpieza” para ocultar evidencias… + Comentarios al margen…


por Ruperto Portela Alvarado.

Por Ruperto Portela Alvarado, egresado de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas


Los actos de vandalismo que se están sucediendo con más pertinencia en Chiapas y particularmente en la capital Tuxtla Gutiérrez, tienen antecedentes en gobiernos anteriores para justificar gastos y ocultar evidencias de corrupción en la administración pública estatal. 
No es un secreto que el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO prohijó a la organización de los MOCRIs para cometer destrozos y en unas de esas azuzarlos contra el entonces Secretario de Salud, JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO y el director del Centro SCT, ERNESTO JAUREGUI AZOMOZA, para justificar su destitución, por convenir a sus perversos intereses. 
Los actos de violencia callejera son una constante en Chiapas con la presunción de que esos mismos grupos de vándalos son “brazos ejecutores” del gobierno. En la administración de SABINES se les dio mucha asistencia y subvenciones mientras que en el sexenio de MANUEL VELASCO COELLO se siguió con esa formalidad, filtrándose la información de que el “administrador” de los MOCRIs era precisamente el ahora diputado local verde, EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ. 
En Chiapas los actos de vandalismo se han desbordado desde diversos sectores que estos gobiernos han consentido y hasta promovido sus conductas ilegales. Están los indígenas a los que se les enseñó que “con solo” una movilización violenta podría obtener recursos pues, con dinero, JUAN SABINES y MANUEL VELASCO, “controlaban” o “apagaban” los disturbios. Así sucedió en ese tiempo y siempre. 
Los maestros, especialmente los identificados con la “Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” (¿?) supieron de esta estrategia y prodigaron a los gobiernos de SABINES y el GÜERO VELASCO de marchas, mítines, plantones, bloqueo de calle y carreteras; toma de casetas de cobro en las vías Chiapa de Corzo – San Cristóbal de las Casas; Ocozocoautla – Arriaga y los constantes cierres de la ruta San Cristóbal – Ocosingo – Palenque. A todos los han refaccionado con miles o millones de pesos, según el grado de violencia. 
Tampoco es un secreto que ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ y PEDRO GÓMEZ BAHAMACA se han enriquecido al amparo de las movilizaciones y negocios turbios con gobiernos endebles y enfermizos que también les utilizaron para esconder actos de corrupción y poner un velo de impunidad a sus tropelías. Porque solventar con dinero y omisión la virulencia magisterial, también es complicidad y delito.

DESAPARECER EVIDENCIAS EL OBJETIVO… 
Hace mucho tiempo, no recuerdo bien si fue en la administración de JUAN SABINES GUTIÉRREZ o del general ABASALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, que de manera premeditada –fue lo que se dijo—le prendieron fuego a las instalaciones donde se guardaban los archivos del Gobierno del Estado. 
Ahora, “a río revuelto”, se utiliza a grupos de choque para irrumpir, vandalizar, hacer destrozos y quemar documentación y sistema de cómputo donde presuntamente están las pruebas de las cuentas públicas que delata la corrupción de gobiernos recientes. No es una casualidad que precisamente cuando la profesora SONIA RINCÓN CHANONA anunció la investigación de un desvío por 300 millones de pesos de la Secretaria de Educación en le gestión de RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, aparecieron los vándalos para incendiar el edificio y despedazar todo tipo de equipo de cómputo. Un acto sospechoso. 
Una vez más se lleva a cabo esta burda maniobra que no está exenta de premeditación, alevosía y ventaja –como dirían los leguleyos– para destruir precisamente equipo que contiene información precisa de la dependencia y sus movimientos oficiales de la Secretaria de Educación y la Subsecretaria de Educación Federalizada. Y conste que no es la primera vez, mientras la autoridad se hace de la vista gorda y opta por la omisión en la aplicación de la ley y la fuerza pública.
Llama la atención que estos actos de vandalismo no solo se sigan desarrollando en contra de la Secretaría de Educación y sus dependencias, sino que ya cundieron en la sede de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, donde se guardan documentos importantes y muchos que señalan corrupción en ayuntamientos, dependencias estatales y sobre todo del gobierno chiapaneco. 
Entiendo que la Auditoría Superior del Estado es quien tiene en sus manos la obligación y responsabilidad de analizar la cuenta pública del ex gobernador MANUEL VELASCO COELLO para decidir su destino y calificación; pero se da el caso que quien jefatura esa instancia como Auditor Superior, JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ es un “cómplice consumado” del GÜERO VELASCO y personaje con antecedentes que le propiciaron una descalificación desde su nombramiento. 
Por eso, la irrupción y violencia en la sede de la Auditoría Superior, sito en el Libramiento Norte, lleva a la sospecha de que el acto fue premeditado y financiado desde esferas que tienen interés en que se destruyan pruebas y evidencias de la corrupción escandalosa del gobierno de MANUEL VELASCO COELLO y de paso de ayuntamientos como el de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. 
Porque yo no creo que esa violencia de enmascarados sea por parte de estudiantes normalistas (y aunque lo fueran), sino por el contrario, delincuentes profesionales con objetivos claros y perfectamente delineados; pagados y adiestrados en estos menesteres de vandalizar, porque lo hacen con mucha precisión.
También, en términos generales, estas manifestaciones, cierre de calles y carreteras; toma de casetas de cobro; secuestro y quema de vehículos de empresas privadas o camiones del servicio público de pasaje, tienen que ver con la omisión y la “complicidad” de la autoridad con los actores principales, ya sean maestros, estudiantes, indígenas, campesinos, ciudadanos o encapuchados, como en estos últimos casos de vandalismo en la Secretaria de Educación y el edificio de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. 
Habría que agregar: los gobiernos federal y estatal, debieran pagar las consecuencias de la violencia callejera que cometen sectores estudiantiles, campesinos, indígenas, magisteriales y todos aquellos que hagan destrozos, en tanto la autoridad lo tolere y no imponga el estado de derecho; pues contrario a eso, solventan, paga y subvenciona estos hechos que denigran y deterioran el tejido social de los chiapanecos…

COMENTARIOS AL MARGEN…

CFE, UNA EMPRESA DE CLASE CORRUPTA… 
Quizá el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está descubriendo el “agua tibia” y el “hilo negro” en rubros de corrupción en PEMEX y CFE, el “huachicoleo” y los “diablitos” con que se roban la gasolina y la electricidad. Lo entiendo que por cada pinchazo en el tejido social, sale pus y se revelan lo que ya todos sabemos desde hace mucho tiempo. 
El huachicoleo ya está pasando su tormenta y ahora van con el tema de la Comisión Federal de Electricidad donde una empresa llamada de “Clase Mundial” no es más que la guarida de corruptos como se descubrió el ex director general ENRIQUE OCHOA REZA y todos los que han pasado por esa dependencia paraestatal. 
Digo, no sé qué hace más daño, si los ciudadanos que se roban la electricidad con los “diablitos” o los funcionarios de la CFE que no pagan el servicio y además operan en contra de los usuarios cobrándoles tarifas exorbitantes y alteradas. Entonces pues, es desde dentro que tienen que limpiar a la “Empresa de Clase Mundial” porque está cargada de inmundicias. 
Y parece que ya el Presidente LÓPEZ OBRADOR se dio cuenta de que los funcionarios de CFE imprimen recibos con tarifas adulteradas y costos muy altos que no ingresan a la tesorería de la empresa, pues cuando cobran esos montos fraudulentos, los cambian por otros de menor denominación. 
Es el caso que me ocupa con un empleado de CFE llamado “Ing. LUIS ARSENIO LÓPEZ GORDILLO”, Coordinador de Atención a Clientes de Suministro Básico, quien ha implementado una estrategia de hostigamiento y amenazas con contra de los usuarios de la paraestatal con la intención –presuntamente—de extorsionarlos con elevadas tarifas, que van desde los 200 a 500 por ciento del costo del consumo mensual o bimestral. 
Es por eso que urge una auditoría a Comisión Federal de Electricidad y a muchos funcionarios como este llamado “Ing. LUIS ARSENIO LÓPEZ GORDILLO” quien sin dar la cara manda a cortar el servicio de energía para obligar a los clientes el pago de sumas elevadas, entre los 50 hasta los 200 mil pesos cuando la empresa ya ha entregado los recibos y por consiguiente se han pagado. 
Una investigación a este sujeto de marras, LUIS ARSENIO LÓPEZ GORDILLO, empleado de CFE, no estaría de más, pues es un delito el acoso a los usuarios del servicio mientras que las oficinas de la empresa están repletas de gentes que alegan “altas tarifas” injustificadas. Es más, debido a las múltiples denuncias por irregularidades en el cobro, Comisión Federal de Electricidad ya tiene una oficina en la sede de PROFECO para atender todo tipo de quejas, aunque la Procuraduría del Consumidor está en contubernio con la CFE y no es ninguna garantía para la defensa del ciudadano consumidor… Se la dejamos de tarea al director general de CFE, MANUEL BARTLET DÍAZ… 
Se acabó el mecate… Y ES TODO… 
Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com
Celular: 961 18 8 99 45. 
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

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