por Ricardo Ravelo

* FGR viola la ley al filtrar las declaraciones del exfuncionario, que deberían ser secretas dado que forman parte de una investigación ministerial

En aras de cumplir el objetivo de crear escándalo con las declaraciones de Emilio Lozoya –puros dichos hasta ahora sin ninguna prueba fehaciente –el gobierno de la Cuarta Transformación incurre en graves violaciones legales al dar a conocer pedazos de las declaraciones que ha rendido el exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Si en realidad van en serio las investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell y legisladores que aprobaron la llamada Reforma Energética mediante sobornos, presuntamente operados desde Pemex por Lozoya, pues se debería de guardar celosamente la información para analizarla, procesarla e integrar las carpetas correspondientes y así llevar a juicio a los exfuncionarios implicados en actos de corrupción.

Sin embargo, la FGR está permitiendo que algunas piezas de las declaraciones de Emilio Lozoya lleguen a manos a algunos medios de comunicación para que se den a conocer algunos pormenores de dichos testimonios, que por ser parte de una investigación, debería ser secreta y estar protegida de cualquier filtración.

Esta parte medular no se está cuidando en el gobierno de López Obrador ni en la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero, quien se encargó de operar la extradición de Emilio Lozoya mediante una negociación con el exfuncionario para que se allanara y así acelerar su regreso a México.

Es un misterio el paradero de Emilio Lozoya: nadie sabe dónde se encuentra. Se dijo tras su llegada a México que estaría en el hospital Ángeles del Pedregal, pero es evidente que ahí no está internado; probablemente está en un hotel registrado con otro nombre o en alguna residencia de lujo de la FGR.

Es cierto que lo tienen que proteger, dada la magnitud de lo que sabe sobre la corrupción gestada en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la luz de la Reforma Energética y otros negocios escandalosos, como fue la compra de la planta Agronitrogenados, propiedad de Alonso Ancira, quien está detenido en España precisamente por vender esta empresa con sobreprecios y en cuyo negocio estarían implicados, además de Lozoya, otros altos funcionarios de la pasada administración.

¿Hasta donde llegarán las investigaciones que se desprendan de las declaraciones de Emilio Lozoya? Es claro que si el presidente López Obrador encarcela a Enrique Peña se iría a las nubes, gobernaría el país por tres sexenios más, al más puro estilo de Putin en Rusia. Pero existen muchas dudas respecto de que las investigaciones en contra de Peña Nieto lleguen hasta sus últimas consecuencias, como debería ser el objetivo.

Sin embargo, todo indica que el objetivo de la Cuarta Transformación es mediático: les interesa generar escándalo y convertir el caso Lozoya en otro instrumento de campaña, como ha ocurrido con el avión presidencial, que ni se usa ni se vende: ha sido pura campaña cuyo objetivo es sacar raja política.

De esta forma, el gobierno de López Obrador pretende crear una cortina de humo ante el evidente fracaso económico, frente a la seguridad pública, el narcotráfico y la crisis generada por la pandemia del Covid-19, la cual está y seguirá imparable, con un saldo en muertes que ya rebasó los 40 mil casos, algo que exhibe el mal manejo de este problema.

Emilio Lozoya se sumó a la Cuarta Transformación como un instrumento político, muy conveniente en estos tiempos, sobre todo cuando el gobierno de López Obrador sigue sin dar resultados convincentes. El escándalo mediático es un recurso viable para levantar ciertas expectativas, aunque sea por medio del escándalo, porque no existen señales muy creíbles de que se vaya a enjuiciar a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el caso de Calderón, el gobierno federal solicitó, vía una nota diplomática, información al gobierno de Estados Unidos respecto de la operación “Rápido y Furioso” y el paradero de las armas que ingresaron a nuestro país, en aquella operación operada por agencias norteamericanas, y que terminaron en manos de algunos cárteles de la droga, entre otros, el de Sinaloa.

El gobierno de Donald Trump ya respondió al de México, aunque todavía no se conocen los pormenores de la respuesta. También se ha cuestionado a Calderón por el destino, hasta ahora bajo serias dudas, de los cerca de 300 millones de dólares que le fueron decomisados al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.

Según el expresidente Calderón, el dinero se utilizó en la construcción del proyecto Nueva Vida, desarrollado para la atención de jóvenes adictos a las drogas, pero ahora ha surgido información en el sentido de que no existe evidencia de que el dinero se haya invertido en ese programa.

Y es que con respecto al dinero de Ye Gon hubo al menos cinco versiones diferentes: que se invirtió en la procuración de justicia, que se usó para apoyar a Poder Judicial, al combate al narcotráfico, que se mandó a la reserva federal y una más fue que se envió al Bank of América a través del Banjército y, la última, que se destinó al programa Nueva Vida. Hoy, sin embargo, todo está en duda.